Con su moneda atada a la paridad con el dólar por decisión política, el gobierno argentino de Carlos Menem no tiene posibilidad de flexibilizar su posición comercial, y con su gobierno en sus últimos cuatro meses de mandato y jaqueado por numerosos reclamos gremiales y políticos, el presidente está en malas condiciones para encontrar alternativas. El panorama le augura un pálido final a su mandato, casi el mismo con el que en 1989 logró precipitar la renuncia de su antecesor, el radical Raúl Alfonsín, en medio de una hiperinflación. La salida a esa crisis, de fuerte repercusión social, fue la paridad con el dólar a la cual hoy no se encuentra alternativa.

Tras el desgaste de estos seis meses y con las cifras del primer trimestre a la vista, que apuntan a que el déficit de la balanza comercial que dejará su gobierno será enorme, el gobierno de Menem sólo atinó a obstaculizar las importaciones de Brasil esta semana y solicitar una reunión de todo el Mercosur para tratar lo que califica de “guerra comercial”. El detonante habría sido la concesión de beneficios fiscales a la fábrica Ford para que instale una planta de producción de automóviles en Bahía.

El acuerdo, formalmente vigente desde 1991, tiene como socios menores a Uruguay y Paraguay, y está a punto de integrar plenamente a Chile y Bolivia. Se negocia asimismo un tratado de libre comercio con la Unión Europea. La supuesta reunión multilateral no tiene aún fecha y lugar fijados, y además falta confirmar su realización.

Su realización debe congeniar, según un vocero de la cancillería uruguaya, la necesidad de dar una señal formal de continuidad, hacerse a partir de la posibilidad real de obtener algún tipo de avance, y lograr hacerlo en un marco en el que la integración regional ha sufrido una parálisis. Esta puede tener varias causas, pero es un hecho que hay allí una parálisis si no un retroceso. Entre sus causas probables se deben anotar el agotamiento del ciclo de auge de la economía argentina, actualmente en recesión y su rígida política monetaria para la cual no encuentran salida política viable.

Del lado brasileño, la decisión de devaluar para duplicar las exportaciones a partir de este año marca un claro segundo tiempo en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, y sugiere fuertemente que la medida es parte de un acuerdo con la poderosa FIESP, la Federación de Industriales del Estado de San Pablo, como parte de una política con prioridades alejadas de la integración regional con sus vecinos.

La fuerza de los hechos ha llevado a Uruguay a plantearse también una revisión de sus prioridades y lanzarse a buscar mercados extrarregionales. Así lo viene declarando el candidato presidencial hoy con mayores posibilidades en las elecciones generales de este año, el colorado Jorge Batlle.