Evaluación preliminar

A partir de la información recogida, puede señalarse un incremento global en la atención dispensada a la temática de la violencia por parte de ámbitos gubernamentales. El mismo hecho se verifica cuando se toma en cuenta la suma de recursos humanos y materiales aplicados a las acciones.

Es significativo el cambio cualitativo producido sobre todo en el interior del país, lo que se revela por la creación de comisarías u oficinas, como iniciativa de las Jefaturas de Policía Departamentales. Del mismo modo, la creación de la Comisión Interministerial para elaborar un plan de prevención, detección y atención, que se ha abocado a la elaboración de un anteproyecto de ley para crear una persona pública no estatal para atención integral de la violencia familar, revela un mayor grado de compromiso con el tema.

Estos avances tienen directa relación con la difusión y el impacto que produjo la IV Conferencia sobre la Mujer de Beijing, así como con la influencia de los organismos internacionales de apoyo y crédito al desarrollo. El movimiento de mujeres en Uruguay hizo sus demandas y logró sensibilizar a ciertos operadores, pero el número de respuestas obtenidas y su lentitud, contrastan con acciones que se instrumentaron en plazos relativamente cortos, alentadas por los organismos internacionales, dejando la duda sobre cuál es la índole de los compromisos que se asumen y hacia quiénes se dirigen en forma primordial. Es necesario preguntarse si las necesidades de las mujeres resultan satisfechas con las intervenciones que se están produciendo, más allá del incremento de la asistencia que se les presta. El conocimiento de cómo se trata a las mujeres, desde qué lugar se las considera y en qué lugar se las ubica, resulta importante para saber si realmente, la Plataforma de Acción acordada en Beijing es el marco orientador de las acciones.

Varios son los problemas relacionados con el registro y tratamiento de la información en materia de violencia familiar. En primer lugar, dadas sus características, es importante la información referida a las instancias policiales y judiciales. Sin embargo, salvo en cuanto al número de procesamientos, no es posible producir indicadores al respecto, puesto que son inadecuados y escasos los datos que se registran. Aunque debe hacerse la aclaración, que no es sólo para este tipo de violencias que ello ocurre.

En segundo lugar, también en las instancias especializadas en violencia contra las mujeres, se presentan numerosos problemas para la elaboración de indicadores. Tal como se aprecia en los indicadores de situación, en la mayoría de los casos sólo se registra información muy general, con poquísima desagregación. Lo más frecuente es que se proporcione el número de casos atendidos, sin que sea posible conocer las características de la víctima y menos aún del victimario; no existiendo la posibilidad de establecer relaciones de ningún tipo entre los atributos que a cada uno de ellos les corresponde o, entre ellos, el tipo de agresión de que se trate y los resultados obtenidos con la intervención.

La importancia que se le otorga en esas instancias al relevamiento de información es mínima, salvo aquélla que importa con el objetivo de asistir a las mujeres. También necesitamos, entonces, crear conciencia acerca de la utilidad de la información sistemática sobre problemas que derivan de la organización y las relaciones sociales; y en particular, se necesita que las/os mismas/os operadoras/os lo consideren un conocimiento estratégico -diferente al que ellas/os tienen- para lograr la atención que reclaman hacia la problemática con la que están involucradas/os.

El bajo número de estudios o investigaciones realizadas, se agrega a la carencia de información, resultando otro indicador de la poca importancia estratégica otorgada a la elaboración de conocimiento en esta área. Debe mencionarse que próximamente, podría haber algún avance en la recolección y difusión de información. En la órbita del Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Prevención del Delito -en el marco del convenio con el BID- tiene previsto el registro más desagregado de los casos que ingresan a la órbita policial, así como la recolección de la información producida por otras fuentes. Aunque el mantenimiento de un sistema tal será costoso, es de esperar que quede en condiciones de operar en forma permanente en plazos relativamente cortos y que la información que produzca satisfaga las necesidades de diversos operadores.

En relación con la medición de la voluntad política, vale la pena señalar que la simple enumeración de acciones o instancias que atienden un problema parece insuficiente. Es necesario construir indicadores que distingan las diferentes formas en que puede expresarse aquélla, así como los distintos niveles jerárquicos en que puede manifestarse, ya que de ello pueden depender las condiciones de calidad y permanencia de ciertas iniciativas, así como el quantum de voluntad política que implican. En este sentido, podría hipotetizarse que existe un continuo que tendría como punto de partida la voluntad personal de alguien ubicado en posición de tomar decisiones y como punto de llegada la existencia de una política de Estado definida en instrumentos formales (leyes o decretos-leyes), a los más altos niveles gubernamentales.

La diferencia entre la manifestación de la voluntad personal de algún/a jerarca y la existencia de una política de Estado resulta obvia: los cambios de gobierno suelen implicar cambios en los elencos pero, además, cambios en la valoración y las prioridades otorgadas a ciertas problemáticas y aún en la orientación filosófico política con la que se encaran las mismas. La manifestación de una voluntad política estatal supone, por el contrario, la incorporación a la agenda pública de nuevas necesidades e intereses ciudadanos, que pasan a considerarse "asunto de Estado", tal como ocurre con la política exterior de un país, que trasciende los intereses sectoriales o partidarios y otorga un perfil específico a la nación como tal.

De modo que en asuntos que tienen que ver con el cambio en las relaciones de género, sólo una política de Estado podría asegurar al menos, dos condiciones: en primer lugar que todas las instancias estatales tuvieran ciertas obligaciones con relación al cumplimiento de los objetivos y metas de la misma, y especialmente un marco de referencia común para sus actuaciones; en segundo lugar, que las acciones que se derivan de ella, puedan tener no sólo continuidad, sino acumulación e integración, para poder producir efectivos resultados en el largo plazo.

La mayoría de las instancias creadas lo han sido por iniciativa o por solicitud de mujeres comprometidas con el cambio de las desigualdades de género. En tanto que la voluntad política de los tomadores de decisiones, en más de un caso, podría suponer una concesión más que el otorgamiento de calidad política a la iniciativa. En otros casos, las acciones tienen asegurada su permanencia mientras la mujer que las decidió ocupa el cargo que le permitió hacerlo. Son más recientes las iniciativas que indican una específica voluntad política de altas instancias gubernamentales.

Por otro lado, el peso de la organización sectorial que manifiesta el Estado, ha facilitado la realización de actividades que tienden a los mismos objetivos, en distintas áreas sectoriales o aún en la misma, sin que manifiesten coordinación alguna entre sí. La ausencia de un marco general, facilita esas duplicaciones y faltas de coordinaciones. E incide además, en la inexistencia de criterios semejantes para abordar los problemas o definir su naturaleza o sus causas. En el "discurso" de las operadoras referido a la VF, hemos advertido distintos criterios que subyacen a las acciones y que, sin duda, influyen en la definición de necesidades de las mujeres y la identificación del bien que se tutela o defiende. Así, en un discurso se hace referencia a la VF como promotora de criminalidad y al motivo para atenderla como de prevención del delito; mientras en el discurso que más se le opone se la define como un comportamiento que lesiona los derechos humanos de las mujeres y un problema de falta de democracia interna por distribución desigual del poder; lo que lleva a establecer como objetivo de las acciones el permitir que puedan disfrutar su vida, con libertad, sin presiones, ni agresiones.

Otro aspecto que se ve influido, por los criterios y las definiciones de que se parte, hace referencia al tipo de participación y márgenes de actuación que se les reconoce a las mujeres víctimas de Violencia familiar, para la superación del problema. El énfasis en estrategias de tipo asistencial -sin duda vinculadas al tipo de problema de que se trata- merecería ser considerado para saber en qué medida esas estrategias permiten el empoderamiento de las mujeres para lograr el autocontrol de sus situaciones de vida y de las relaciones en las que se implican.

Por último, la inexistencia de una política de Estado impide, todavía, que se destinen recursos suficientes para atender la violencia familiar y se disponga de todos los mecanismos que puedan asegurar el amparo de las mujeres y evitar victimizaciones secundarias o mayores, después que se deciden a enfrentar el problema. Es así que una parte importante de los recursos empleados por las distintas instancias, no son de origen presupuestal, sino de agencias de organizaciones internacionales o de apoyo al desarrollo. Salvo un convenio que no supone la simultánea asistencia a la mujer, no existen -ni se mencionan como propuestas- refugios para víctimas de violencia familiar. Y el monitoreo de la situación de las mujeres en riesgo y la continuidad de la asistencia, en cada caso, parece seguir quedando librada a la voluntad de la propia mujer.
 

• 1 Yadira Calvo: Las líneas torcidas del Derecho: ILANUD, 2a. ed., San José, Costa Rica, 1996, pág. 99.
•  2 Ibídem, pág. 100.
•  3 José Pedro Barrán: Historia de la sensibilidad en el Uruguay, T. I y II, 8a. ed., Banda Oriental y Facultad de Humanidades y Ciencias, Montevideo, 1991.
•  4 La aprobación de una Convención Americana dedicada especialmente al tema, nos exime de mayores argumentaciones (Convención de Belem do Pará, OEA 1994).
•  5 Inés Hercovich: El enigma sexual de la violación, Biblios (Biblioteca de las Mujeres), Buenos Aires, 1997.
•  6 Leonor Vain: «Mujer y Derecho». En: Eva Giberti y Ana María Fernández (compiladoras), La Mujer y la violencia invisible, 2a. ed., Buenos Aires, 1992.
•  7 Calvo, Y., op.cit., pág. 101.
•  8 Ibídem págs. 101, 103 y 104.
•  9 María del Pilar Beñarán y otrosViolencia Doméstica: un enfoque multidisciplinario, FCU, 2ª. ed., Montevideo, 1997, pág. 108.
•  10 Giulia Tamayo: «Detrás del espejo: cursos y discursos de una justicia otra en las estrategias para enfrentar la violencia contra la mujer», pág. 102. En: Vigiladas y castigadas, CLADEM, Lima, 1993.
•  11 Ibídem, págs. 106-107.
•  12 Estas apreciaciones vertidas por la directora, son válidas para todas las acciones de su competencia.