DOCUMENTO de COYUNTURA - Agosto 2002
Declaración del Plenario Extraordinario
ampliado de los grupos de la Comisión Nacional de Seguimiento,
Redes temáticas de género y Mujeres Políticas
Frente a la profunda crisis económica y
social que enfrenta el país las organizaciones de mujeres
señalamos que:
La desocupación, el empleo precario y la baja del salario,
unidos al recorte de las políticas sociales, están generando
sectores vulnerables en la población cada vez más
desguarnecidos. La incertidumbre, el miedo y la desesperanza son
los sentimientos mas difundidos en la sociedad. La migración
está constituyendo un fenómeno masivo, como alternativa a la
falta de oportunidades en el país.
Destacamos que la crisis actúa sobre formas de inequidad ya
existentes en la sociedad, agudizándolas y agravándolas.
Por eso es sustancial que tanto en los diagnósticos como en la
búsqueda de alternativas, a las tradicionales dimensiones
socio-culturales y económicas, se les sumen las de edad, etnia y
género para construir soluciones integrales.
La sectorización desmedida, no sólo malgasta recursos sino que
disminuye la eficacia de las acciones. No es posible abordar la
exclusión social con medidas aisladas.
La profundidad de la crisis impone la necesidad de diseñar y
aplicar políticas sociales que contemplen la equidad entre los
géneros.
Consideramos que un Estado debilitado no es capaz de garantizar
el ejercicio de los derechos ciudadanos. La reducción progresiva
de su capacidad de ejecución y la mayor dependencia y fragilidad
frente a las tendencias y condicionamientos económicos y
políticos globales, plantean la interrogante de ¿quién se hace
cargo de lo que el Estado no resuelve? y... ¿cómo lo está
haciendo?
Las mujeres siempre demostramos capacidad de hacer frente a las
emergencias administrando, al mismo tiempo, multiplicidad de
crisis: la económica con la afectiva, la social con la familiar,
la nacional con la personal.
Pero el enorme esfuerzo que se está desplegando a través de
estrategias de solidaridad para sostener a las personas, a nivel
público y privado, no puede continuar por mucho tiempo más. Los
recursos se agotan y las personas se desgastan en una tarea sin
fin, que corre el riesgo de cristalizarse en manifestaciones
asistencialistas, que no dignifican a las/os que reciben ni a
las/os que dan.
Para que la solidaridad no se convierta en limosna debemos
desarrollar mecanismos de participación. Exigimos esto para
las/os que reciben y para las/os que ofrecen servicios.
El despliegue de esfuerzos constituye una valiosa expresión de
ejercicio de la ciudadanía y muestra una destacada capacidad de
liderazgo de las mujeres. Sin embargo, este caudal no tiene el
reconocimiento social que corresponde, a nivel de las
autoridades gubernamentales.
Se hace imprescindible reconocer y respetar las diversas formas
de participación que coexisten, enfrentando la coyuntura. Éstas
deben tener canales de expresión y posibilidades, para decidir
sobre la definición de acciones, la destinación de recursos, la
discusión de alternativas, valorando tanto a los mecanismos de
hacer política, como a los distintos actores y recuperando los
liderazgos que han ido surgiendo en la práctica de las
estrategias solidarias.
Son necesarias las instancias democráticas permanentes, locales
y nacionales, entre Estado y Sociedad Civil, para diseñar
políticas sociales que apuesten a una re-estructuración
equitativa, no discriminatoria y más inclusiva.
Por lo expuesto las mujeres:
h
Expresamos nuestra preocupación por la situación que vive el
país.
h
Denunciamos que los costos de esta crisis se distribuyen
inequitativamente entre hombres y mujeres.
h
Queremos ocupar nuestro legítimo lugar como interlocutoras de la
Sociedad Civil y el Estado.
Y Proponemos
h
Implementación de políticas tendientes a la equidad entre
hombres y mujeres.
h
Creación de instancias de coordinación intersectorial públicas y
privadas, para abordar la difícil coyuntura nacional.
h
Acordar, en conjunto, las estrategias políticas de salida de la
crisis en condiciones de democracia garantida.
h
Promoción de las mujeres en esas instancias de articulación
entre Sociedad Civil y Estado.
h
Implementación de Políticas Sociales integrales que promuevan el
ejercicio de la ciudadanía de las/os uruguayas/os.
h
Vigilancia de los mecanismos y los fondos de implementación de
las políticas sociales, de manera que se respete la dignidad de
las personas y se de cuenta de la transparencia en la gestión.
Con este documento pretendemos llegar a los sectores y personas
con quienes, en alianza, trabajemos en un Plan para implementar
acciones hacia la realidad inmediata y la construcción de una
sociedad que valore y respete los derechos humanos de sus
ciudadanas/os.
Montevideo, octubre de 2002
|