SOBRE LA HOMOSEXUALIDAD Y EL CODIGO PENAL 
A propósito de declaraciones públicas del Arzobispo de Montevideo

El 9 de julio de 2003, el parlamento uruguayo cumplió con el mandato ciudadano, expidiendo una ley que protege todos los derechos individuales, garantizando el ejercicio del derecho de igualdad (arts. 8 y 85 de la Constitución de la República), garantizando la paz pública, al aprobar tutelar el derecho a la libre orientación sexual. Esta postura del Parlamento no hace mas que colocar a nuestro país a la altura de sus compromisos internacionales de eliminar toda forma de discriminación basada en la religión, raza, sexo, etc.; en otras palabras tutela los derechos de las minorías constituidas por homosexuales y lesbianas.

Del mismo modo que tutela y protege en el art. 149 bis del Código Penal las minorías étnicas, religiosas o razas, sancionado a quienes inciten al odio o desprecio contra las mismas o cometan actos violentos contra otras personas por tales diferencias.
La discriminación basada en cualquiera de esos valores, intrínsecos a la dignidad de la persona, ya lo enseñó la historia, derivó en el genocidio que llevaran adelante los nazis y para que no olvidemos, lo recrean grupos neo nazis, que entre sus víctimas o expulsados violentamente de la sociedad y despojados de sus derechos y la vida, incluye a los homosexuales.

Nuestro país se comprometió con los postulados recogidos en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, que toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación por raza, y obviamente, en la religión, orientación sexual o sexo, es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa, y nada en la práctica, permite justificar en ninguna parte la discriminación, condenando el apartheid y la segregación racial.

Las declaraciones del Sr. Arzobispo de Montevideo, Monseñor Cotugno, menoscabando a los homosexuales, por el solo hecho de serlo, catalogándolos como una aberración o enfermos contagiosos, promueve una conducta discriminatoria que legitima desde la máxima autoridad de la Iglesia en nuestro país, el rechazo y el desprecio a aquellos.

Las manifestaciones del Señor Arzobispo, tendientes a fragmentar la construcción de un Estado laico, en el que todas y todos tenemos cabida y derechos, tan solo unos días más tarde ya en vigencia la ley que mencionamos, habría permitido someter su conducta a la decisión de los jueces. 



Montevideo, 4 de setiembre 2003