En Uruguay, desde hace varias décadas, el sistema educativo
público ha alcanzado una
extensa cobertura y un sostenido crecimiento de la instrucción
promedio de la población
en general y de las mujeres en particular. Si bien la Enseñanza
Primaria ha ampliado su
cobertura a la educación inicial a partir de los cuatro años,
sigue siendo incompleta. Es
destacable la participación femenina en la matrícula de todos
los niveles de la enseñanza,
con excepción de la enseñanza técnica.
A pesar de la mejora en la cobertura del nivel pre-escolar, la
masificación de la enseñanza
primaria y la tendencia en aumento de la enseñanza media básica
así como la baja tasa de
analfabetismo, no se refleja una mejora en la calidad del
contenido de la educación. Si
aceptamos como dato de la realidad que el acceso y la cobertura
educativa es una meta
relativamente alcanzada en el país, el gran desafío es la
calidad de la educación. Esta falta
de calidad se expresa tanto en los contenidos como en las
condiciones en la que la educación
se imparte.
Con la agudización de la crisis económica ocurrida en los
últimos años, se verifica un desplazamiento
de la matrícula del sistema privado hacia el público, aunque no
ha habido una
respuesta adecuada a esta demanda. Las condiciones locativas son
insuficientes, al gran
deterioro de los locales y el hacinamiento, se suman los bajos
salarios y el multiempleo de
los/as docentes. Es imperioso un cambio que permita -a partir de
la mejora de las condiciones-
impactar en la mejora de la calidad de la educación.
Se ha generado así, una brecha entre el sistema público y el
privado que determina inequidades
y restricciones en el acceso y adquisición de conocimientos y
habilidades para la
igualdad de oportunidades.
La educación es un derecho y su calidad se vincula con la
posibilidad de formación de
hombres y mujeres, promoviendo la equidad de género, a través de
sus contenidos y prácticas
cotidianas, asegurando la igualdad de acceso y la permanencia de
las niñas y las
mujeres en los diferentes niveles educativos estableciendo
cambios en los procesos formativos
que permitan la igualdad de trato y mejoras en la socialización,
en todo el territorio
nacional.
Revertir el proceso de deterioro en la calidad de la educación
formal y no formal y garantizar
el acceso a una educación permanente se convierte en una
necesidad imperiosa para
promover procesos de mayor inserción social y de participación
para el ejercicio de ciudadanía
activa y propositiva.
En las sucesivas reformas, en los distintos niveles educativos
se desaprovecharon oportunidades
históricas de dar un giro no sexista en la educación formal a
través de un cambio
sustancial en los planes de estudio, currícula y textos.
Se constata:
Ausencia de la perspectiva de género en la currícula de todos
los niveles de la Educación
formal (Pre-escolar, Primaria, Secundaria, Formación Docente y
Universitaria).
La existencia de elementos estereotipados y discriminatorios en
textos y material educativo:
modelos de ser mujer y ser varón, relaciones de poder, roles al
interior de los
distintos arreglos familiares.
Ausencia de programas de educación que promuevan el ejercicio de
una sexualidad satisfactoria
y responsable, muestran un retroceso por eliminación de
experiencias e iniciativas
anteriormente desarrolladas.
La no promoción del respeto a la diversidad y la convivencia
democrática.
La insuficiente oferta educativa para las y los jóvenes del
medio rural, siendo una de las
causas de emigración.
Importa señalar, el avance que significa la conformación de la
Red Temática de Género
en el ámbito de la Universidad de la República; así como el
desarrollo del Programa
“Niñas y Niños creciendo en igualdad” en el marco de la Comisión
de la Mujer de la
Intendencia Municipal de Montevideo, donde además de la
capacitación de docentes y
educadores “Hacia una pedagogía de género”, han habido
iniciativas interesantes, como
el Concurso de Propuestas Didácticas.
RECOMENDACIONES
Debe garantizarse la laicidad en todos los niveles de la
educación pública y promover la
educación en Derechos Humanos que fomente el respeto y la
convivencia en diversidad eliminando
toda práctica discriminatoria por sexo, género, raza, etnia,
clase, nacionalidad,
religión, edad, orientación sexual, discapacidad, embarazo y/o
localización geográfica.
Para que el derecho a la educación sea accesible a todas las
personas en todo el país, se
deberán recrear y fortalecer las escuelas públicas rurales y los
programas de capacitación
continua de adultos/as.
PROPUESTAS
1. Incorporar la perspectiva de género de forma transversal en
todos los niveles educativos
que contemple: educación no-sexista, educación para la
sexualidad, promoción de
modelos no estereotipados de ser varón y ser mujer, métodos
no-violentos de resolución
de conflictos con planes de estudio, libros de texto y
materiales didácticos adecuados.
2. Asignar recursos suficientes y eficientemente administrados,
para mejorar la cobertura y
la calidad de la educación y profesionalizar y dignificar la
tarea de sus profesionales.
3. Incorporar la educación sexual en la currícula de todos los
niveles de la educación formal,
incluida la formación docente.
4. Recuperar, valorar e incorporar en los planes educativos el
aporte de las diversas identidades
(étnico-raciales, sexuales, generacionales, urbana, rural, etc.)
en la construcción
de la cultura nacional.
5. Promover un proceso de educación permanente que posibilite a
las mujeres de todas las
edades, incluídas las del medio rural la formación necesaria,
incluyendo las nuevas tecnologías
de información y comunicación (TICs), para el pleno ejercicio de
la ciudadanía,
en un contexto social cambiante.
6. Desarrollar programas de contención, educación y capacitación
laboral para mujeres adolescentes,
que no estudian ni trabajan, de tal manera de promover proyectos
de vida
más allá de la opción de la maternidad. Garantizar la
permanencia de las adolescentes
embarazadas en los centros educativos de forma que puedan
continuar sus estudios.
7. Implementar estrategias en los ámbitos formales del sistema
educativo de manera que
los y las jóvenes reciban una orientación vocacional no sexista
que amplíe sus opciones
educativas y laborales.
8. Incorporar educación continua con perspectiva de género a
profesionales con responsabilidad
docente promoviendo la comprensión de su responsabilidad para
una enseñanza
no discriminatoria.
9. Promover investigaciones y perfeccionar los instrumentos de
medición que permitan
diversificar los indicadores de registro por sexo, clase, etnia
y edad.