Desde la reconstrucción democrática
del país, en 1985, no se ha logrado consolidar un sistema
con capacidad, fuerza y recursos como para avanzar en el diseño
de las políticas
públicas con equidad de género, a nivel de todo el país.
La falta de voluntad política se ha traducido en la generación
de mecanismos aislados, poco
eficientes y poco eficaces para desarrollar y articular
políticas tendientes a avanzar en las
condiciones de vida de las mujeres, así como para
transversalizar la dimensión de género
en todas las acciones de gobierno.
Los mecanismos creados hasta
el momento, no están
ubicados en lugares de jerarquía dentro de las estructuras del
Estado. Carecen de los recursos
financieros necesarios, los cargos de responsabilidad son
prácticamente honorarios y
sus recursos humanos no están debidamente calificados. Un claro
ejemplo de esto es el
estatus, funcionamiento, accionar y los resultados obtenidos por
el Instituto Nacional de
la Familia y la Mujer (INFM).
La elaboración del Plan de Igualdad en el Empleo -acordado en el
ámbito de la Comisión
Tripartita de Igualdad de Oportunidades- y la aprobación del
Plan de Igualdad de Oportunidades
y Derechos de la ciudad de Montevideo, así como del Plan
Nacional de Lucha contra
la Violencia Doméstica, son algunas señales alentadoras. Sin
embargo, Uruguay carece
de un Plan Nacional de Equidad y de un órgano rector que oriente
y articule las acciones
emprendidas desde el propio Estado. Por lo que la mayoría de los
compromisos signados
por el país en el sistema de Naciones Unidas no han tenido una
traducción en acciones concretas
y sostenidas.
No obstante, las mujeres y las organizaciones de la sociedad
civil han sabido encontrar
otros espacios y han tenido un papel fundamental en la
generación de espacios de diálogo
entre los diferentes Poderes del Estado. La creación de la
Bancada Femenina, la Comisión
Especial de Género y Equidad en la Cámara de Diputados, la
Comisión de Equidad de
Género a nivel de la Intendencia Municipal de Montevideo y
acciones específicas de las
bancadas femeninas de las distintas Juntas Departamentales, han
jugado un rol articulador
en los esfuerzos que hacen las mujeres uruguayas para lograr una
ciudadanía más plena
que potencie sus derechos y permita avanzar hacia la
consolidación de la equidad.
RECOMENDACION
Para que se efectivice una transversalización de la equidad de
género en las políticas públicas
y acciones desarrolladas por el Estado, en sus diferentes
niveles, se debe garantizar la
participación de la sociedad civil organizada en los mecanismos
que se generen para la formulación,
seguimiento y control de las políticas de género.
PROPUESTAS
1. Crear un Sistema Nacional de Políticas para la Equidad de
Género, ejecutable desde un
órgano ubicado al más alto nivel jerárquico, encargado de
definir objetivos, formular,
implementar y evaluar las políticas generales y sectoriales
mediante coordinación con
los restantes organismos públicos.
2. Asignar recursos en el presupuesto nacional que permitan que
este Sistema de Políticas
para la Equidad de Género, pueda ejecutar sus acciones de manera
sostenida.
3. Dotar a ese Sistema de atribuciones claramente definidas que
le permitan tener la competencia
para incidir en los diversos ámbitos correspondientes a los tres
Poderes del
Estado y/o a los órganos autónomos, descentralizados, de
contralor y los de los gobiernos
departamentales.
4. Elaborar un Plan de Acción Nacional para la Equidad de Género
y Planes de Igualdad de
Oportunidades en los diferentes departamentos, con acciones
intersectoriales adecuadas
a las distintas realidades locales.
VII)
Mecanismos estatales
para la equidad de género
