Energía y BMD: Resumen Cap 1

Energía y banca multilateral en América Latina: Contradicciones entre la realidad y el discurso.

Capítulo 1

ENERGÍA EN AMÉRICA LATINA. UN CONTINENTE RICO Y HETEROGÉNEO

América Latina tiene un sector energía rico en recursos naturales (petróleo, gas natural, carbón, biomasa y otras fuentes renovables) y que se ha caracterizado por un fuerte crecimiento en las últimas décadas. Por ejemplo, entre 1980 y 1995 la producción de energía creció un 70,6% en México, un 57% en Brasil y un 184,9% en Colombia.

La producción de energía en América Latina se encuentra fuertemente concentrada: más de los 4/5 corresponde sólo a cuatro países. De acuerdo a datos de 1995, en volumen, Argentina, Brasil, México y Venezuela producen el 81,26% de la energía primaria y el 81,23% de la energía secundaria de América Latina.

Las reservas de petróleo en América Latina representan aproximadamente el 14% de las reservas mundiales y sólo son superadas por las existentes en Medio Oriente (64,5% del total mundial). La relación reservas/producción (indicador de la capacidad de oferta del petróleo) es de 50 años, ubicándose en una posición intermedia respecto al promedio mundial.

Las reservas de gas natural en América Latina ascienden a 7.470 miles de millones de metros cúbicos, lo que significa el 5,3% del total de las reservas mundiales. Las principales reservas de gas natural le corresponden a Venezuela, con 3.9 billones de metros cúbicos (MM3), seguido de México (1.9 MM3) y Argentina (0.5 MM3). Perú cuenta con una gran reserva en Camisea, en la frontera con Brasil; con sus reservas de 312 mil millones de metros cúbicos, es el mayor campo de gas descubierto en América del Sur y concentra el 90% del total del país.

Para los países de ALADI –integrada por México y la mayoría de los países sudamericanos-, se estima que de mantenerse los niveles actuales de producción del área las reservas detectadas de gas natural alcanzarían para 56 años de explotación ininterrumpida.

América Latina dispone el más alto porcentaje de energía renovable (hidroeléctrica, eólica, solar, etc.) en la canasta energética del mundo (35%).

América del Sur cuenta con grandes potenciales hidroeléctricos, pero presenta grandes disparidades en cuanto al grado de electrificación y, por tanto, en cuanto al acceso de la población a fuentes de energía moderna.

En un extremo, está el caso de países como Bolivia y Perú, en que la mitad o más de la población no cuenta con servicios eléctricos. En el otro extremo, hay países como Uruguay, Brasil y Chile, en que más del 90% de la población accede a los servicios de energía eléctrica. Argentina y Venezuela están más próximos a este último grupo.

Entre ambos grupos se encuentran países como Paraguay, Ecuador y Colombia, que aún disponiendo de cuantiosos recursos energéticos, tienen marginados de las fuentes de energía moderna entre el 20% y 35% de la población. Ilustrativo es el caso de Paraguay, que disponiendo de cuantiosos recursos hidroeléctricos -al punto de ser un gran exportador de los mismos- tiene al 34,3% de la población -principalmente rural- sin servicios eléctricos.

NIVELES DE ELECTRIFICACIÓN EN SUDAMÉRICA. 1995 (Suministradores de Servicio Público, cantidades en miles)
PAÍS	Población	Clientes servidos	Población servida	% electrifi-cación	Viviendas totales	Viv. electrif. Serv. Público	% electrifi-cación

Argentina	34.500	10.791	33.452	97,0	9.663	8.683	89,9
Bolivia	7.414	714	3.755	50,6	1.914	842	44,0
Brasil	157.049	38.123	143.103	91,1	39.945	36.398	91,1
Chile	14.237	s/d	12.813e	90,0e	s/d	s/d	90,2
Colombia	38.706	6.367	31.517	81,4	7.260	5.838	80,4
Ecuador	11.460	1.905	9.122	79,6	2.479	1.974	79,6
Paraguay	4.891	710	3.417	69,9	1.080	710	65,7
Perú	23.465	2.531	12.146	51,8	4.968	2.530	50,9
Uruguay	3.200	1.077	3.116	97,4	1.133	1.074	94,8
Venezuela	21.844	3.831	19.558	89,5	3.785	3.389	89,5

Fuente : CIER/ e: estimado

Centroamérica tiene bajos índices de población servida por energía eléctrica, ubicándose en torno al 40 - 45% el índice de electrificación global.

Analizando comparativamente estas cifras con la incidencia de la pobreza, puede decirse que en la mayoría de los países del área se está llegando al límite posible, en función de las condiciones socioeconómicas vigentes, de modo que el ritmo de incorporación de nuevos usuarios (en general de bajos consumos) sólo podría sostenerse en el futuro si se produjeran cambios apreciables en los niveles de ingreso de los estratos de menos recursos, o si el Estado los subsidiara.

Excedentarios y deficitarios

La disponibilidad de recursos energéticos está distribuida muy desigualmente en América Latina. Un grupo de países son productores y exportadores de petróleo, otros son importadores netos de este mineral, mientras un grupo intermedio produce petróleo pero no dispone de excedentes para exportar. Hay países de la región que son excedentarios en energía, mientras que otros son deficitarios y deben recurrir a las importaciones -ya sea de petróleo y derivados, energía eléctrica u otras-. Las principales fuentes de energía utilizada varían de país a país. En algunos casos de países eminentemente rurales -como Haití, Honduras, Paraguay, Guatemala y El Salvador- más del 50% de la energía proviene de la leña y el carbón vegetal, que en otros países de la región no llegan a representar el 10%.

Los países excedentarios tanto en energía primaria como secundaria son: Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Trinidad y Tobago y Venezuela. En todos los casos excepto Paraguay, el producto más exportado (y en muchos casos el único) es el petróleo y sus derivados. En el caso de Paraguay éstos rubros no se exportan siendo electricidad el único excedente que genera. Paraguay exporta el 243% de su demanda total (electricidad) a la vez que importa el 56% de la misma (petróleo).

Pero Colombia, por ejemplo, que es un exportador neto de petróleo y carbón debe, sin embargo, importar gasolina debido a su insuficiente capacidad de refinación; no aprovecha su materia prima energética en sus propios sectores económicos, simplemente la exporta.

Hay países que tienen exceso de energía primaria y déficit de energía secundaria que son Bolivia, México y Suriname. Este último es el que presenta los mayores contrastes. México produce el 136.4% de su oferta de energía primaria y el 97.8% de su oferta de energía secundaria –según los datos de 1995-.

Los países con déficits mayores de energía primaria que de secundaria son: Chile, Panamá, República Dominicana y Uruguay.

Hay otro grupo de países que producen el total de su energía primaria y tienen déficits importantes de energía secundaria, viéndose obligados a importar. Se trata de Granada, Guyana, Haití y Honduras.

El país con mayor nivel de autosuficiencia es Venezuela, ya que exporta todo su excedente y no realiza ningún tipo de importación.

Le siguen los países que se ubican por debajo del promedio de América Latina y el Caribe que son: Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Trinidad y Tobago.

Los países con mayor dependencia en términos de energía primaria y secundaria son: Barbados, Costa Rica y Jamaica, países con más del 50% de su oferta importada en ambos tipos de energía.

Los países con mayor dependencia de energía primaria son: Chile, Panamá, Rep. Dominicana y Uruguay, los mismos que tienen los mayores déficits de este tipo de energía.

Los países que poseen la mayor dependencia en su oferta de energía secundaria son: Guyana, Honduras, Granada y Suriname con el 80% o más de esta energía importada. Haití y Guatemala, por su parte, importan el 50% o más.

Estructuras institucionales con similitudes

La organización institucional del sector energía de América Latina se caracterizó, más allá de algunas variantes nacionales, por algunos rasgos comunes a todos los países del continente. Contra tales rasgos se dirigieron, precisamente, las acciones de los procesos de reestructuración (desregulaciones, privatizaciones, etc.), iniciadas o intensificadas en los años ’90.

En los subsectores petróleo, gas y electricidad el papel protagónico lo desempeñaron empresas estatales que, por lo general, por sus dimensiones, se encontraron entre las mayores empresas de casi todos los países de la región. Es el caso de Pemex y CFE en México, YPF en Argentina, Petrobrás en Brasil, Ancap y UTE en Uruguay. La participación privada, o de cooperativas, fue secundaria en casi todos los países, restrigiéndose principalmente a la fase de la distribución -ya sea de combustibles y sus derivados, ya sea de electricidad-.

La estructura estatal empresarial en estos subsectores -y principalmente en el eléctrico- fue, por lo general, más compleja en los países de mayores dimensiones y/o con estructuras políticas federales -como en el caso de Brasil y Argentina-. Existían así empresas nacionales (o dependientes del gobierno central), empresas estaduales o provinciales y empresas municipales, así como algunas empresas estatales holding -con participación en el capital accionario de aquellas-. El caso típico es el de Eletrobrás en Brasil.

Las empresas públicas han intervenido, por lo general, con un carácter monopólico en estos subsectores energéticos. La lógica del mercado estuvo frecuentemente subordinado a criterios políticos y sociales, así como a la concepción de servicio público -que se aplicó en el caso del suministro de energía eléctrica-. En la mayoría de los países de la región, el suministro de electricidad se concibió siempre como un servicio público lo que , en algunos casos, justificó que se impusieran barreras al ingreso de capitales privados y se constituyeran monopolios estatales con un fuerte grado de integración vertical.

Las empresas estatales de estos subsectores han tendido a integrarse verticalmente, incluyendo en la misma estructura empresarial las distintas fases de la producción eléctrica (generación, transmisión y distribución) o petrolera (exploración, explotación, refinación, industrialización, comercialización, etc.).

En el subsector de combustibles de la biomasa el papel protagónico correspondió a agentes privados.

En el subsector del carbón, se dieron distintas situaciones: intervención del Estado, de agentes privados o casos mixtos (con agentes públicos y estatales).

El Estado no sólo jugó un papel protagónico en el sector eléctrico en cuanto propietario y operador, sino también como regulador de los mercados y del funcionamiento de los servicios. La función reguladora fue colocada en algunos casos en organismos ministeriales, en otras en organismos sectoriales específicos (e incluso autónomos) y en otros en las propias empresas públicas operadoras -que en esos casos actuaron como "juez y parte"-.

El vínculo del Estado con el sector energía no se relacionó sólo con las necesidades de funcionamiento de este sector, sino que frecuentemente lo hizo en función de consideraciones fiscales, dada la importancia que la electricidad y el petróleo adquirieron como fuente de ingresos fiscales.

La fuerte intervención estatal en el sector energía latinoamericano, permitió un amplio acceso de la población al consumo de formas modernas de energía, así como aplicar políticas redistributivas en beneficio de los sectores más humildes. Pero también generó, en algunos casos, fenómenos de corrupción y redistribuciones negativas que sólo beneficiaron a pequeños grupos –como lo ilustran los casos de México y Brasil que se presentan más adelante-. Asimismo, en varios países, la administración estatal del sector energía condujo a la desfinanciación y descapitalización de las empresas.

Apoyándose en la crítica a estos fenómenos es que los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) y los partidarios del paradigma neoliberal propugnaron –e impusieron- cambios radicales en el esquema institucional y regulatorio del sector.