CAPÍTULO 2

SECTOR ENERGÍA Y EQUIDAD

2.1. EL ACCESO A LAS FUENTES DE ENERGÍA MODERNA

Si tomamos la energía eléctrica como representativa de las fuentes de energía modernas, el grado de electrificación de un país nos indicará el grado de acceso que la población tiene a ese servicio y, por ende, el grado de equidad en el acceso a las fuentes de energía modernas.

2.1.1. EL CASO DE AMÉRICA DEL SUR

América del Sur presenta grandes disparidades en cuanto al grado de electrificicación y, por tanto, en cuanto al acceso de la población a fuentes de energía moderna.

En un extremo, tenemos el caso de países como Bolivia y Ecuador, en que la mitad o más de la población no cuenta con servicios eléctricos. En el otro extremo, hay países como Uruguay, Brasil y Chile, en que más del 90% de la población accede a los servicios de energía eléctrica. Argentina y Venezuela están más próximos a este último grupo.

Entre ambos grupos se encuentran países como Paraguay, Ecuador y Colombia, que aún disponiendo de cuantiosos recursos energéticos, tienen al margen de las fuentes de energía moderna entre el 20% y 35% de la población. Ilustrativo es el caso de Paraguay, que disponiendo de cuantiosos recursos hidroeléctricos -al punto de ser un gran exportador de los mismos- tiene al 34,3% de la población -principalmente rural- sin servicios eléctricos.

En Brasil, las empresas estatales de energía eléctrica, en las últimas décadas, promovieron la electrificación del país atendiendo más del 80% de las viviendas.

En Perú, se ha electrificado más de 65 mil lotes en asentamientos humanos, más de 300 mil pobladores cuentan con servicio eléctrico.

En Chile, el 90,2% de las viviendas permanentes del país cuentan con abastecimiento eléctrico. En términos de cobertura eléctrica, Chile ocupa un lugar destacado a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Las viviendas que carecen de cobertura eléctrica se concentra en las zonas rurales más retrasadas.

Argentina: 3 millones sin energía eléctrica

En marzo de 1997, cuando ya se ha concretado la mayor parte del proceso de reestructuración del sector energía, tres millones de personas (el 10% de población total argentina) tienen serias dificultades para acceder a los servicios de luz indispensables. La carencia, que limita el despegue de la producción regional, motivó la implementación de un "programa de abastecimiento eléctrico a la población rural dispersa", que pretende brindar un servicio mínimo a 315.000 usuarios y 6.000 servicios públicos de distintas provincias, con una inversión de U$S 315 millones y la utilización de recursos energéticos alternativos.

De acuerdo a lo previsto por la Secretaría de Energía, el programa utilizará un 75% de energía solar, un 9% de energía eólica, un 8% de diesel y un porcentaje similar para emprendimientos microeléctricos.

Uruguay

Se considera uno de los países más avanzados en materia de electrificación, ya que el 96% del territorio nacional cuenta con energía eléctrica. La meta es llegar al año 2000 con energía para todo el país. El 4% del país que no posee energía eléctrica corresponde a zonas que están muy alejadas y donde, por ende, los costos de instalación son muy altos.

2.1.2. EL CASO DEL ISTMO CENTROAMERICANO

La región mostraba a fines de los años ‘80 todavía bajos índices de población servida por energía eléctrica, ubicándose en torno al 40 - 45% el índice de electrificación global.

Analizando comparativamente estas cifras con la incidencia de la pobreza, puede decirse que en la mayoría de los países del área se está llegando al límite posible, en función de las condiciones socioeconómicas vigentes, de modo que el ritmo de incorporación de nuevos usuarios (en general de bajos consumos) sólo podría sostenerse en el futuro si se produjeran cambios apreciables en los niveles de ingreso de los estratos de menos recursos.

2.2. POBLACIÓN RURAL Y CONSUMO DE LEÑA

El consumo de leña y carbón vegetal en América Latina representa alrededor del 16% del consumo total de energía en la región.

Los países de la región presentan diferentes niveles de consumo de leña y carbón vegetal. Aquellos con un alto consumo son los que tienen un alto porcentaje de población rural, por lo general con muy bajos niveles de ingreso y de vida.

Entre los países que realizan un elevado consumo de leña y carbón vegetal se encuentran: Haití (84% del consumo total de energía), Honduras y Paraguay (65%), Guatemala (63%) y El Salvador (54%).

Los países que presentan un menor consumo son: Argentina (2%), México (3%), Cuba (5%), República Dominicana (10%) y Chile (13%) (FAO, Anuario de productos forestales, Roma, 1991).

Las diferencias entre los niveles de consumo de leña y carbón vegetal se deben principalmente a la disponibilidad de recursos leñosos, a la disponibilidad de otros recursos energéticos alternativos y al grado de ruralidad que presenta cada país.

Bolivia presenta alto porcentaje de población rural y alta disponibilidad de recursos leñosos, pero al mismo tiempo el porcentaje de energía proveniente de leña y carbón vegetal es bajo. Esto se debe principalmente a que los recursos leñosos se ubican en zonas de difícil acceso que presentan a su vez baja densidad de población. Además, Bolivia cuenta con recursos energéticos alternativos, como gas natural, petróleo y sus derivados.

Cuba, México, Argentina y Venezuela presentan un bajo porcentaje de energía proveniente de leña y carbón vegetal, esto debido principalmente a la disponibilidad de otros recursos energéticos como gas natural, carbón mineral o petróleo y sus derivados.

Del total de la madera en rollo producida en la región, el 72% aproximadamente, se destina al consumo como leña y carbón vegetal, principalmente para satisfacer las necesidades energéticas de la población rural. Del consumo total de leña y carbón vegetal en la región, los tres países que presentan un mayor consumo concentran el 76%. Brasil consume el 65%, Colombia el 6% y México el 5%.

Un 40% de la población de América Latina se encuentra en situación de escasez aguda o déficit de leña, mayoritariamente corresponde a la población rural y a los más pobres de la población urbana, que habitan la periferia de las ciudades. La situación futura de déficit en el abastecimiento de leña y carbón vegetal en la región, se hace más crítica a consecuencia de la búsqueda de menor dependencia del petróleo y sus derivados, ante la posibilidad de una nueva crisis y como una forma de ahorrar divisas. En los sectores rurales, urbanos e industriales se está tendiendo a sustituir los combustibles derivados del petróleo por leña.

En Chile las viviendas que carecen de cobertura eléctrica se concentra en las zonas rurales más retrasadas. De un total de 507.000 viviendas rurales 240.000 carecen de servicio eléctrico (datos del último Censo de Población y Vivienda). Como la mayor parte de ellas se sitúan en zonas aisladas, distantes y con baja densidad de población se dificulta la adopción de soluciones económicas.

A partir de 1991 con el establecimiento del comité para la Energización Rural, la Comisión Nacional de Energía comenzó un profundo trabajo de análisis y formulación de alternativas para enfrentar este desafío. Fue así posible establecer una política basada en los siguientes elementos:

a) Descentralización del proceso de planificación, decisión y gestión de los proyectos de electrificación.

b) Ampliar las alternativas tecnológicas disponibles, de forma que a futuro no sólo la extensión de las líneas sino también los sistemas de generación local pasen a ser alternativas viables.

c) Fortalecimiento del actual sistema de co-financiamiento del actual sistema de las inversiones, en el cual participan el Estado, empresas y beneficiarios. Lo anterior implica dar señales apropiadas para una mayor participación privada.

d) La contribución de los usuarios y las entidades privadas no se debe limitar sólo al financiamiento, sino también a la identificación y formulación de los proyectos.

En 1995 se inició el Programa de Electrificación Rural que se ha propuesto completar en un plazo máximo de 10 años. La electrificación del 100% de las viviendas rurales que hoy carecen de electricidad requiere de una inversión aproximada de 400 millones de dólares. De este monto total se estima que entre un 60 y 70% deberá ser financiado por el Estado.