A pesar de que la retórica oficial del Banco pueda contribuir a aumentar la confusión acerca de la filosofía que lo inspira, sus metas, modalidades e instrumentos en materia de desarrollo están en perfecta consonancia con las concepciones hegemónicas en la materia. Hasta en los conceptos que emplea el Banco, se puede intuir una confusión que, según sus críticos, demuestra que el discurso oficial no es más que un maquillaje ambientalista o un intento por hacer más aceptables las consecuencias sociales de sus proyectos.

Ajuste estructural e integración

La intervención del presidente del BID en la reunión anual de Gobernadores, que tuvo lugar en Guadalajara (México) en abril de 1994 es ilustrativa a este respecto. El Cr. Enrique Iglesias sostuvo que "los procesos de apertura, liberalización y desreglamentación de las economías constituyen un desafío sin precedente. El éxito de la estrategia de desarrollo adoptada depende en gran medida de que el sector privado de la región asuma en plenitud la función que le corresponde en economías de libre mercado. En tal sentido, es necesario continuar con los esfuerzos en remover los obstáculos e impedimentos de carácter jurídico, reglamentarios o burocráticos que afectan la inversión privada, a fin de consolidar un entorno favorable a la misma".

El BID insiste, pues, en que la apertura de las economías de la región, la mayor integración a los circuitos modernos de la economía, una disminución de la intervención del Estado y un papel protagónico de la empresa privada, son los componentes esenciales de la estrategia de desarrollo en América Latina y el Caribe. Las experiencias de las últimas décadas no parecen haber afectado el optimismo desarrollista de los jerarcas del Banco. La idea de que el libre juego de las fuerzas del mercado es la condición necesaria del crecimiento y que este último resolverá -con la ayuda de programas sociales- los impactos negativos de esas estrategias de desarrollo, parece seguir gozando de buena salud.

Para promover esos procesos, dos son los campos claves -a juzgar por la opinión del Banco- a los cuales los países miembros deberán prestar especial atención y en los cuales el BID se propone colaborar estrechamente: las llamadas políticas de reforma, es decir, los ajustes estructurales, tendientes a ordenar los desequilibrios macroeconómicos y los procesos de integración regional.

• El Informe relativo a la VIII Reposición General de Fondos sostiene que "La introducción de cambios estructurales orientados a incrementar la competitividad internacional (...) ha incluido esfuerzos por establecer un sector público fortalecido pero de menores dimensiones, con una mayor disciplina fiscal, que complemente al sector privado".

Para el BID, estos ajustes estructurales ya han sido exitosamente culminados en muchos países de América Latina y, en otros, aún se encuentran en curso. La reducción de los gastos y el aumento de las recaudaciones del Estado han sido los instrumentos claves para obtener ese ´éxito, con independencia de los costos sociales y las resistencias que han generado durante su implementación.

• La apología de la integración regional (llámese Mercosur, Tratado de Libre Comercio o Mercado Común del Caribe) ha sido una constante del discurso del BID a lo largo de los últimos años. Incluso ha creado un Instituto para la Integración de América Latina, encargado de recopilar información, llevar adelante investigaciones y promover la formación de zonas de libre comercio. Según el BID, "las políticas de liberalización comercial adoptadas en años recientes han conducido a la firma de varios acuerdos comerciales subregionales, que están facilitando la integración económica. La aprobación del TLC reviste especial importancia, no sólo debido a su alcance, sino también por el efecto positivo que tendrá en la liberalización del comercio en las Américas. Desde el punto de vista latinoamericano, la participación de los EE.UU. en los planes de integración regional ayudará a consolidar la reforma económica y a aumentar la eficiencia y la productividad con la incorporación de modernas técnicas de producción y la atracción de capitales extranjeros".

Más aún, las previsiones de los jerarcas del BID sostienen que ´"América Latina se beneficiará considerablemente de la conclusión exitosa de la Ronda Uruguay del GATT para la liberalización del comercio mundial".

• La fe ciega en el axioma de que la integracion al mercado mundial resultará en crecimiento y en mejoras indirectas para el conjunto de la población, a pesar de no estar en tela de juicio, no le impide al Banco constatar que "los beneficios han sido menores para los más pobres, que continúan siendo los más vulnerables, puesto que disponen de menos recursos para adaptarse al cambio, están viviendo en un nivel de subsistencia, etc.." No obstante, la constatación no conduce al Banco a cuestionar el dogma del libre mercado, que, complementado con "programas de ayuda a los pobres" terminará por resolver los problemas de marginación social. En pocas palabras, más de lo mismo: el crecimiento económico traerá la solución de los problemas sociales, aunque la experiencia indique que, ni en épocas de recesión ni en períodos de crecimiento, se ha alcanzado una distribución más equitativa de las riquezas a través del otorgamiento de más libertad a los "agentes económicos".
• Otro tanto sucede con el enfoque dado por el BID a los problemas ambientales, los que se resolverán, según su punto de vista, con más dinero y tecnologías modernas. No está en cuestión -ni siquiera en el tema del medio ambiente- el rol que le cabe al mercado ni el paradigma de desarrollo hegemónico. En el Informe sobre la VIII Reposición de Fondos se sostiene que "Para seguir avanzando en este campo (el ambiental) será necesario efectuar sustanciales inversiones adicionales, pues de lo contrario los problemas ambientales continuarán limitando el desarrollo. (...) El costo que conllevan la contención del menoscabo del entorno natural y el mejoramiento del medio ambiente urbano es enorme, no solamente en términos financieros, sino también en cuanto a la necesidad de establecer la capacidad institucional y técnica apropiada en el gobierno y en el sector privado. Se trata de un esfuerzo que demandará apoyo sustancial de las instituciones financieras internacionales".
• Paralelamente a estas nuevas áreas de intervención, el BID mantiene su tradicional apoyo financiero a las obras de infraestructura de gran impacto social y ambiental, en la creencia de que "un sector productivo y competitivo a nivel internacional requiere un suministro garantizado de energía y otros insumos a precios competitivos. Igual importancia tiene el acceso a sistemas eficientes y confiables de transporte y comunicaciones que faciliten el comercio nacional, regional e internacional". Teniendo en cuenta que también en esta área, el Estado ha traspasado en gran medida sus responsabilidades a la empresa privada, el Banco se propone asegurar la disponibilidad de financiamiento a largo plazo para la inversión privada en infraestructura. Si los préstamos para proyectos de ´infraestructura física ascendieron en el período 1961-93 al 37% del total de los créditos suministrados por el Banco, en 1993 ese sector se llevó ya el 41.4% del total (US$ 2.470 millones).
• Finalmente, otro enfoque convencional en las estrategias de desarrollo promovidas por el Banco se mantiene intacto: la promoción de las exportaciones. Este "interés en el fortalecimiento de los sectores de exportación" sigue presente en el Informe de la VIII Reposición de Fondos. Condición para la integración al mercado mundial, las políticas exportadoras exigen, a su vez, la entera reestructuración de las sociedades de la región: no es posible apostar a las exportaciones sin una rigurosa especialización productiva (que en el agro, por ejemplo pasa por el monocultivo y la aplicación de agroquímicos), sin el desplazamiento y la marginación de aquellos sectores no competitivos en el mercado internacional; en fin, sin la asunción de la lógica del mercado hasta sus últimas consecuencias por parte de aquellas esferas premodernas de la sociedad.

Más de lo mismo: la Hidrovía

Un buen ejemplo de la función que el Banco se ha autoasignado respecto al "desarrollo" en la región latinoamericana y del Caribe es la llamada Hidrovía que, en caso de ser implementada, comunicaría por vía fluvial y mediante diversas obras de ingeniería a Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay. Modelo de la importancia asignada por el BID a las obras de "infraestructura física", el proyecto de la hidrovía sirve también como ejemplificación de un tipo de iniciativa a la que frecuentemente se ven enfrentadas las ONGs de la región.

La llamada Hidrovía será una gigantesca obra de infraestructura de 3.300 kms de longitud que conectará el Puerto de Cáceres en Brasil con el de Nueva Palmira, en el Uruguay. Se trata de una ambiciosa propuesta de integración física entre los cinco países arriba mencionados. El proyecto -que se encuentra en la etapa de estudios de factibilidad e impacto ambiental- prevé la realización de obras de ingeniería para modificar las condiciones naturales de las vías hidrográficas y permitir el acceso a la misma de la flota de buques.

La obra tiene como meta la promoción del transporte fluvial de mercancías en la región a través de los ríos Paraguay y Paraná e interconectarlos con el mar a través del Río de la Plata. A pesar de que los costos son aún inciertos, el objetivo implícito de la obra es abaratar los costos de transporte de mercancías en la región.

Según las estimaciones iniciales, la inversión total de aquí al año 2015 no será inferior a los 1.690 millones de dólares, desglosados de la siguiente manera:

Infraestructura U$S 522 millones
Flotas U$S 990 millones
Puertos U$S 185 millones

El financiamiento de la obra aún no está claro, pero los estudios de base están siendo financiados por el BID y el PNUD.

Desde Brasil y Bolivia han surgido algunos de los principales argumentos cuestionadores del proyecto, particularmente por sus efectos ambientales y sociales negativos. Una de las principales preocupaciones de organizaciones ambientalistas de estos países es el peligro de que se destruya progresivamente el Pantanal, un área natural de vastísima riqueza biológica, de fundamental importancia en la dinámica de la cuenca. Por su rol regulador de las aguas de los ríos Paraná y Paraguay, así como por las variadas actividades que tradicionalmente se desarrollan en la zona, el Pantanal actúa como retardador de las crecidas del río Paraguay, demorándolas cuatro meses en relación a las del Paraná. La presencia de la hidrovía y las obras de canalización desencadenarán irregularidades en el curso de las aguas, tornando imprevisibles las crecidas fuera de las épocas estimadas. Esto podría afectar a todos los países de la cuenca, con incidencia directa sobre las poblaciones ribereñas.

Otra preocupación manifestada por grupos ecologistas son los posibles impactos de las obras de infraestructura en la zona de influencia directa. Por ejemplo, debido a la acumulación de sedimentos, las obras de dragado afectarán los hábitats de la fauna ictícola y generarán una mayor erosión ribereña. El estímulo de la navegación fluvial generará una nueva fuente de contaminación en la región a través de residuos de petróleo, basura, sedimentos, etc.

Los impactos no se limitarán a lo estrictamente ambiental; afectarán también las esferas social y económica. En tal sentido, organizaciones bolivianas han manifestado su preocupación por el desarrollo del monocultivo de soja en las tierras bajas de Santa Cruz, que ha incentivado la compra de tierras por parte de grandes hacendados brasileños y bolivianos. Esto afectaría decisivamente a los pequeños productores de la zona, resultando en su probable expulsión de la tierra, para dar lugar a cultivos de tipo industrial.

Además, la hidrovía acarrearía las siguientes consecuencias:

1. Destrucción de la selva y humedales y sustitución por plantaciones de soja y arroz durante algunos años y luego ganadería extensiva.

2. Construcción de obras de canalización y portuarias en los ríos para encaminar la producción;

3. Destrucción paulatina de los suelos "rojos", debido a la erosión, que además provocará una intensa sedimentación en los ríos, dificultando e imposibilitando un dragado efectivo;

4. Debido a la modificación total de las cuencas, el régimen hidrológico se hará muy irregular, quedando en seco los canales durante gran parte del año y con inundaciones destructivas en las épocas de lluvia.

5. Como resultado de este panorama, el propio modelo de la hidrovía propuesto, creará las condiciones que impedirán la navegación comercial en forma irreversible.

Para el Prof. Antón (Facultad de Ciencias de Uruguay), "A pesar de las agresiones, el Pantanal todavía sobrevive casi inalterado. Se trata de un ecosistema que contiene una de las biodiversidades más ricas del planeta y representa el único gran elemento natural que se opone al íúltimo y más grande de los desastres ambientales de la región (la Hidrovía)". Los indígenas del Mato Grosso, de Santa Cruz y de Paraguay serán, según Danilo Antón, "ahogados por el progreso destructivo, los barrios suburbanos de las ciudades fluviales se anegarán y las gentes perderán sus bienes y sustento", completando así un cuadro de fuerte y negativo impacto social.

No sólo especialistas de la región han cuestionado la realización de la hidrovía. En su edición del 14 de julio de 1993, el Financial Times se ocupa del tema, informando de la existencia de un informe realizado con el apoyo del Woods Hole Research Institute de los EE.UU. Para los científicos de dicho Instituto, la biodiversidad y las tierras aledañas se verán afectadas por el creciente tráfico fluvial y las obras de ingeniería civil proyectadas para hacer navegables los cursos de los ríos. Confirmando las opiniones citadas más arriba, el informe sostiene que "la amenaza mayor será para el vasto Pantanal matogrossense, que en sus 200 mil kms cuadrados alberga, no solamente una de las mayores riquezas de la región en materia de diversidad biológica, sino que también actúa como una gigantesca esponja que regula el nivel de las aguas del Río Paraguay".

El informe citado por el Financial Times señala sus dudas acerca de los supuestos beneficios económicos de la gigantesca obra y la posibilidad de amortizar las inversiones en el tiempo previsto. Destaca además la posibilidad de que el inevitable incremento de la inmigración hacia la región favorezca "el desarrollo de enfermedades como la malaria, el dengue y la fiebre amarilla". El informe se muestra también pesimista acerca de las promesas de los gobiernos involucrados y del propio BID sobre la realización de estudios de impacto ambiental serios y rigurosos para conocer los eventuales daños que provocarán las obras. "La experiencia de América Latina -concluye el Informe citado por el periódico- muestra que las afirmaciones de los gobernantes en materia de protección ambiental deben tomarse con mucho escepticismo".

En efecto, hasta el momento las comunidades que se verán afectadas por las obras, así como las ONGs locales han sido ignoradas o, a lo sumo, consideradas únicamente como posibles "beneficiarias" del proyecto. Hasta el momento, la participación ciudadana en el emprendimiento ha sido olímpicamente ignorada. El grupo "Iguazú", creado en 1993, y que nuclea a organizaciones de los cinco países involucrados en el proyecto de la hidrovía, ha manifestado su preocupación, no sólo por las consecuencias ambientales y sociales, sino por la forma en que se han tomado las decisiones en torno al proyecto. Han reclamado la participación y el seguimiento en todas las etapas del proyecto, tal como prevé la normativa del Banco.

Esta última problemática nos remite a la política de información y las posibilidades de participación ciudadana previstas por el BID dentro del "ciclo de los proyectos". (ver capítulo IV de esta sección).

Algunos ejemplos de críticas al modelo

Al margen del ejemplo concreto de la hidrovía, han sido numerosas las críticas que ha recibido el Banco en relación a su visión y estrategia de préstamos. Entre ellas, merecen destacarse las referidas al sector energético y al forestal.

Para los críticos del BID, el énfasis puesto en el tema energético ha estado radicado, en los últimos años, en los grandes proyectos que desarrollan nuevas capacidades de abastecimiento. La mayoría de estos proyectos han promovido la extracción y el refinamiento de las reservas de petróleo y de gas natural, la construcción de nuevas represas hidroeléctricas y plantas térmicas y la transmisión de energía. Una segunda prioridad del Banco radicó en la rehabilitación y modernización de la infraestructura energética existente, incluyendo la generación, transmisión y distribución, reparación y reemplazo de equipos y extensión del servicio a nuevos clientes.

Según estas críticas, las dos políticas vigentes en materia energética (aprobadas en 1980) no toman en cuenta el calentamiento global y la necesidad de reducir las emisiones de CO2. Tampoco priorizan la eficiencia energética, la planificación integrada de energía de menor costo, el manejo de la demanda y el desarrollo de recursos renovables no convencionales. Las ONGs afirman que las políticas no reflejan usos de energía ni objetivos establecidos para el mejoramiento de la eficiencia energética en los sectores del transporte, agrícola o industrial.

Por todas estas razones, las ONGs exigen la actualización de las políticas energéticas, en el sentido de que todos los préstamos deberían formar parte de estrategias energéticas integradas, que apoyaran las inversiones de menor costo para aumentar la eficiencia en el uso final, la administración de la demanda y opciones no convencionales de energía renovable. Según estas críticas, la planificación integrada debería incluir, no sólo la generación de energía, sino también su transporte, y uso eficiente en la industria y en la agricultura.

Además, reprochan al BID que no dé participación a las ONGs y expertos en energía alternativa, conservación y eficiencia en el uso energético final, en la elaboración de una política energética modificada y, finalmente, que las políticas del BID no reflejen un compromiso para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y para apoyar el desarrollo y uso de tecnologías que no dependan de los combustibles fósiles que contribuyen al calentamiento global.

En lo que tiene que ver con la política forestal, las ONGs sostienen que esa política le permite al BID apoyar operaciones forestales industriales en bosques tropicales y no reconoce que es probable que tales operaciones impliquen impactos indeseables; que no prohibe la tala de bosques vírgenes, sino que al contrario, permite que el BID apoye la construcción de caminos y la tala. Critican al Banco que no establezca prioridades y no tenga como meta la protección de la biodiversidad, al no establecer mecanismos que contemplen la posibilidad de conflictos entre la protección de ésta y los fines productivos. Otros préstamos y proyectos financiados con el BID también influyen negativamente en la conservación de los recursos forestales, aunque una aproximación superficial pudiera sostener lo contrario: las políticas macroeconómicas y agrícolas constituyen obstáculos para el diseño y la implementación de actividades forestales sustentables. Por fin, el no reconocimiento de que la principal causa de la deforestación en la región es la tala de bosques para ampliar la frontera agrícola, ha sido otra de las críticas más compartidas por las ONGs, puesto que los préstamos del Banco para el sector agrícola no incluyen exigencias de conservación forestal.

Por estas razones, las ONGs ambientalistas han exigido al Banco que:

• actualice su política forestal de 1991, en consulta con las ONGs, poblaciones indígenas y otros grupos afectados;
• no apoye las actividades comerciales de explotación en bosques naturales templados o tropicales vírgenes, ni la conversión (directa o indirecta) de bosques primarios a usos no sustentables;
• los préstamos del BID al sector forestal protejan los derechos de las poblaciones indígenas y de otros habitantes de larga data de las selvas;
• exija evaluaciones completas de impacto ambiental para los proyectos forestales, agrícolas, de transporte (caminos, hidrovías y vías férreas), energéticos e industriales que ponen en peligro los recursos forestales. Y sobre todo, que las personas afectadas y ONGs puedan participar en ese proceso de evaluación del impacto ambiental.