Lilián
Celiberti
Voy a ser muy breve, por el estado de debate que tenemos las organizaciones de mujeres
en Uruguay sobre este tema. Me parece que uno de los puntos que proponíamos y estuvo
presente en todas las intervenciones, fue el post Beijing. Luego de Beijng se generó en
Uruguay una conciencia diferente de ubicación de las organizaciones de mujeres en
relación al Estado, en relación a las políticas públicas. En términos de evaluación
es el primer punto a destacar. Lo hemos dicho muchas veces pero es bueno constatarlo.
En Uruguay existe en estos momentos una coordinación muy heterogénea de
organizaciones: desde las ONGs más especializadas en temas de género con más larga data
de acción en el país, hasta los grupos de mujeres de más diverso tipo que buscan una
alianza en una red nacional que les permita comenzar a abordar el tema de las políticas
públicas.
Un punto importante a analizar en la región es el rol del Estado en relación a las
políticas económicas y la intervención de la Banca Multilateral. O sea, hasta qué
punto el relacionamiento es triangular. En realidad en Uruguay se da Banca multilateral,
Banco Mundial, BID, con el gobierno. El gobierno tiene menos control parlamentario: no
existe sobre los grandes proyectos. Hay algunos –como los de impacto ambiental- donde
las redes ambientalistas los han conseguido colocar en el debate. Por ejemplo el puente
Colonia/Buenos Aires, que implicaría una transformación cultural, económica, social, de
nuestro país.
Las posibilidades de negociación son las relaciones de poder que tienen que ver con
las posibilidades de asumir por parte de la sociedad civil esos elementos técnicos y
convertirlos en políticas. Sin ese requisito para nosotras no existe ningún monitoreo ni
existe ninguna negociación ni con el Banco Mundial ni con el BID ni menos aun con los
gobiernos en cada país. En términos de estrategias es necesario el fortalecimiento de la
sociedad civil, la creación de redes, las posibilidades de conocer los mecanismos de
negociación del Estado y la intervención de estos proyectos, cuyo listado en sí no nos
dice demasiado. Abruma y en algunos casos de enorme significancia, como en el de la
reforma educativa, dejó afuera la posibilidad de que intervinieran las organizaciones de
mujeres en torno a la demanda de la perspectiva de género. No fue levantada por los
actores involucrados: ni los sindicatos, ni las asambleas técnicas, etc. Acá se
discutió de otra cosa: si esa reforma venía como una imposición del Banco Mundial o no.
Por lo tanto nosotras quedamos afuera, porque era como salir con una banderita cuando se
estaba quemando todo, realizando una polémica pública, ocupaciones. No podías salir y
decir "no tiene perspectiva de género..."
Pensamos que el trabajo de Alma va a contribuir a profundizar esta discusión entre las
organizaciones. De todas maneras, es un tema que encuentra dificultades para ser abordado.
No en el conocimiento, sino como cuestión política. Desde qué lugar, para qué. Estas
dificultades están planteadas a pesar que la existencia de algunos programas
(fundamentalmente los micro emprendimientos) están motivando que se discuta cómo se
accede, qué pasa con esos programas, por qué los requisitos de asesoramiento técnico:
un préstamo de 15.000 dólares tiene un asesoramiento técnico que se lleva 6.000.
Ahí las mujeres comenzaron a plantearse cómo se podía negociar eso desde otro lugar
y comenzó a surgir la preocupación. Para nosotras un elemento fundamental van a ser los
primeros informes de seguimiento que están en este momento en proceso. Hemos tomado las
seis áreas prioritarias y un proyecto con el aval de todas las organizaciones que llevan
adelante Ciedur y Grecmu. Apuntan a relevar cuáles son –en el caso de pobreza- los
proyectos, emprendimientos, políticas focalizadas. Algunos de los préstamos del BID han
tenido dos ejes: la reforma de la seguridad social (que fue requisito número uno, no
sólo para Uruguay sino para toda la región) y la modernización del Estado. Son los ejes
prioritarios.
Ahí nosotras no tenemos ni hemos tenido debate en profundidad sobre la reforma del
Estado. Es un tema que está al margen de la agenda, lo cual es un contrasentido. Porque
nosotras discutimos políticas de los Bancos y la Banca multilateral y no discutimos el
centro: qué tipo de reforma del Estado o cómo nos metemos en la reforma del Estado.
En este proceso, los documentos de seguimiento –de Uruguay– de las áreas
gubernamentales, que van a estar en debate a principios del próximo año, nos van a
empezar a dar algunos elementos. Los documentos abordan violencia, mercado de empleo,
participación política de las mujeres, educación, comunicación y salud. Esto pensado
en términos de políticas públicas. Por ahí se cruza el tema –hasta donde podamos
llegar- de los proyectos del BID y el Banco Mundial existentes en el país.
El relacionamiento del Estado con la sociedad civil y con las Ong’s es débil,
lleno de desconfianzas y en muchos casos, formal. Por ejemplo: el jueves y viernes de la
semana pasada hubo un seminario sobre violencia doméstica que de alguna manera era para
auscultar qué opina la sociedad civil de mujeres sobre ese tema para un proyecto del BID.
Que es un proyecto mucho más grande que tiene que ver con seguridad ciudadana. La
seguridad ciudadana es el eje del proyecto, pero como se aprobó una ley donde la
violencia doméstica está incluida como delito, hay un subcapítulo de fondos que van a
estar previstos para esto y lo va a manejar el Instituto de la Mujer. Lo único que
sabemos del proyecto es que se está haciendo y se da en este marco formal: las Ong’s
fueron llamadas, estuvieron allí.
Nosotras tenemos un proceso para hacer en el futuro para ver hasta qué punto tenemos
la capacidad política, técnica y de recursos para abordar el conjunto de desafíos que
se nos plantea. Son muchas áreas, muchos temas. Esas negociaciones sólo se pueden hacer
con una base muy fundamentada, muy seria, con mucho conocimiento. De lo contrario nos
quedamos haciendo propuestas –lo que no está mal– pero tampoco es suficiente.
