Desde hace más de cien años, y con reapariciones esporádicas en tiempos y espacios diferentes, la esterilización humana con propósito demográfico continúa siendo una figura vigente. Las prácticas y las argumentaciones con que se la ha revestido se prestan a la crítica madura y desde que se produjeron las primeras intervenciones con intención terapéutico-punitiva a las trompas de Falopio y a los conductos espermáticos, se han sucedido juicios éticos y condenas sociales

Estos juicios y condenas resaltan los particulares problemas que conllevan los particulares procedimientos biomédicos referidos a estas áreas de la investigación en el hombre y de las prácticas médicas que derivan de ellas..(1)

La primigenia intención terapéutica, la punitiva y la vindicativa fueron luego sucedidas por otras pretensiones rejuvenecedoras y eugenésicas pero, de entre esas estancias históricas queremos destacar, en este escrito, el capítulo que inauguró la esterilización humana con propósito demográfico, donde la intención que prima es la de contener y controlar el crecimiento de la población en regiones geográficas bien determinadas.

LA ESTERILIZACION DEMOGRAFICA EN EL MUNDO

La esterilización humana fue implementada con pretensión demográfica es decir, asociada con planes orgánicos de control natal, al menos, en veinticuatro países,(2) entre los que se cuentan Bangladesh, Bolivia,(3) Brasil,(4) Corea del Sur, China, Estados Unidos de Norteamérica,(5) Filipinas,(6) India, Kenia,(7), Malawi,(8) México, Pakistán, Perú, Singapur,(9) Venezuela y Tanzania, entre ellos.

INDIA

El caso más conocido y analizado respecto de las campañas promovidas por los gobiernos contra su población a fines de ejercer el birth control es el de la India. El programa de planificación familiar iniciado en este país en 1958, durante la primera presidencia de Indira Gandhi, se extendió hasta 1980, arrojando como resultado más de veintisiete millones de esterilizaciones compulsivas de varones y mujeres. Era práctica corriente entonces premiar a los equipos de salud por mayor producción es decir, por la gran cantidad de esterilizaciones efectivizadas, y asimismo a las personas que voluntariamente se llegaban a las unidades sanitarias para esterilizarse se les concedían electrodomésticos, dinero o comida a manera de incentivo.

A mediados de 2000 el primer ministro indio, Atal Bihari Vajpayee, estableció un fondo especial para promover un nuevo programa de planificación familiar orientado en especial a las zonas norteñas más pobladas del país. Si bien es cierto que la cantidad de habitantes se acerca a los mil millones de personas, y que algunos opinan que dentro de algunas décadas India podría desplazar a China como la nación más poblada del mundo, el funcionario no anunció cómo sería utilizado el nuevo fondo, ni qué programas específicos contempla, ni tampoco a qué sector de los ciudadanos se pretende beneficiar. Con el triste antecedente ya mencionado y la información proporcionada por otros estudios recientes y fuentes diversas, no puede más que desconfiarse de la calidad de los programas sanitarios emprendidos en este país.(10)

La distribución de los efectores de salud que presten servicios de planificación familiar en el territorio no alcanza para cubrir a muchísimos los poblados que quedan aislados. Para su atención se han previsto giras periódicas de clínicas móviles, en realidad insuficientes para el correcto seguimiento de los pacientes. Allí las opciones se restringen a los dispositivos intrauterinos y a la esterilización, de la cual se suelen destacar sus componentes positivos y se dejan a un lado sus desventajas (posibles efectos secundarios, su irreversibilidad de hecho, etc).

En algunas oportunidades la esterilización aparece como parte de un paquete de prestaciones que incluye aborto, sí y sólo sí, se acepta al mismo tiempo también la esterilización; o sencillamente se esteriliza sin comunicarle nada al varón intervenido o a la mujer operada. Las imágenes de los "campos de esterilización" y de los "festivales médicos" donde, por un breve período, los servicios asistenciales llegan hasta los pueblos más remotos, han recorrido el mundo. También los reportes científicos que denuncian condiciones de higiene precarias, esterilizaciones del material quirúrgico deficientes, y una incidencia importante de complicaciones para la salud y aún la vida.

CHINA

La problemática demográfica ocupó también al gobierno central de la República Popular China, apenas arribado al poder, en 1953. Sus habitantes, aunque distribuidos de manera desigual en el territorio, registraban entonces una tasa de crecimiento alarmante (45%o). Las autoridades socialistas aseguraron condiciones de igualdad para la mujer reformando las leyes de matrimonio, prohibiendo el concubinato y la poligamia, generando nuevas leyes laborales, autorizándole la tenencia de bienes, permitiéndole el divorcio y el matrimonio a las viudas.

Sin embargo el control empezó a ejercerse en otras zonas privadas de la existencia, más precisamente en torno de la función reproductiva. La propaganda inicial del gobierno apuntó al matrimonio tardío y al aumento de la prole en edad avanzada pero, en poco tiempo, se comenzó a trabajar en una política que indujera a las familias a tener un solo hijo. Esta serie de medidas se complementó un poco después con una extraordinaria expansión de los servicios de salud pública y demás programas de control natal, ofreciendo anticonceptivos a bajísimo costo. El aborto fue legalizado en este contexto, y las parejas que ya tenían un vástago se encontraban socialmente presionadas a abortar si es que quedaban accidentalmente embarazadas por segunda vez.

Las medidas anotadas han permitido que la tasa de natalidad ronde actualmente los 15,73%o, la tasa de fertilidad alcance 1,80 hijos por mujer, y que la tasa de crecimiento poblacional haya descendido hasta 0,82% (2001). A pesar de ello, si este ritmo descendente se mantiene, China duplicará su número de habitantes en 73 años más.

En 1982 la cúpula del Partido Comunista Chino –la elite gobernante- declaró de manera oficial que la nación debía hacer un esfuerzo extra para limitar su población a 1.200 millones con la llegada del nuevo siglo, meta para la cual se necesitaba intensificar el control poblacional que ya los ciudadanos venían sufriendo.(11) Para entonces y desde 1979 las parejas solicitaban a las autoridades comunistas una autorización de embarazo o permiso de embarazo, puesto que la concepción no autorizada así como también los niños nacidos bajo estas circunstancias eran eliminados sin miramiento alguno. Los esposos quedaban desde el momento de la solicitud sujetos a la propaganda oficialista, a interrogatorios constantes en el hogar y en el trabajo, a escuchas telefónicas y a seguimientos por parte de agentes del gobierno, para asegurarse de que nadie llegara a ser padre antes de haber recibido la venia correspondiente.

Las clínicas de planificación familiar –más parecidas a prisiones que a centros sanitarios- eran las encargadas de vencer la resistencia última de los padres, hostigarlos y acabar con la criatura gestada o recién nacida (especialmente si se estaba gestando un feto femenino), si es que se violaba este ritual tácito pero igualmente imperioso de pedir autorización para ejercer un derecho humano básico.(12) A inicios de la década de 1980 y a fines de la de1990 este celo recrudeció, seguido por un período de mayor relajación. Las campañas de esterilización, cumplidas en paralelo, alcanzan cada año a 10 millones de personas –varones y mujeres-. En ambos casos, se trate de embarazos o de esterilizaciones, se pone en tela de juicio el derecho de los padres a determinar libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento entre las gestaciones y el consejo adecuado al respecto –educativo e informativo-, tal como fue acordado en el artículo 18 de la Declaración de Teherán (1968).

El gobierno chino, sin embargo, insiste en que si los individuos tienen en cuenta las necesidades de los hijos presentes y futuros que engendrarán, es responsabilidad de los políticos y de los controladores de la población ponderar cuáles son las responsabilidades que les atañen a los progenitores respecto de la comunidad en su conjunto. Y en este asunto, nada pueden opinar las parejas.

La política del hijo único fue diseñada para durar una sola generación, pero lleva veintiún años aplicándose con éxito.(13) Fue oficializada recién en enero 2002, sacando a la luz la práctica de infanticidios, de abortos forzados y de esterilizaciones compulsivas, multas, despidos y castigos varios. Esta legalización tendió a "despejar dudas" que se tenían sobre ella, según informó la agencia oficial de noticias Xinhua, ya que en el extranjero se la tildaba con insistencia de ser irrespetuosa de los derechos humanos, violatoria de la intimidad y de la dignidad personales. Así, de acuerdo con la nueva legislación, las parejas que habitan en las ciudades pueden tener apenas un solo hijo, las que viven en zonas rurales hasta dos (siempre y cuando el primer hijo sea mujer), y aquellas parejas que corresponden a minorías étnicas pueden tener dos y hasta tres vástagos, ya que moran en áreas donde existen pésimas condiciones de vida.

La norma establece exámenes prematrimoniales para detectar enfermedades contagiosas graves o que puedan afectar a terceros. Su presencia es impedimento para consumar el matrimonio, al menos temporalmente. Prohíbe también el diagnóstico prenatal de sexo, con miras a evitar el aborto clandestino. Las parejas prefieren tener hijos varones antes que hijas mujeres.(14) Estas pagan dote al casarse, cosa que empobrece a las familias y, en casi todo el país, se anexan a la familia del marido. Esto hace que en las zonas rurales los padres de mujeres no dispongan oportunamente de quién los cuide en su etapa senil. Hoy en China, cada 118.5 varones nacen apenas 100 mujeres, lo cual señala un índice mucho más alto que el promedio internacional (106 contra 100).

El director de la Comisión China de Planificación Familiar sostiene que la intención no es ahora apoyarse en la esterilización de personas sino disponer de medidas contraceptivas a largo plazo. Los minusválidos en el país son 12.000.000, y nacen entre 300 y 400.000 más cada año. Es sobre esta población que ahora se montan las medidas controlistas, planificando abortos eugenésicos que eviten los nacimientos de nuevos niños minusválidos o subnormales.(15) Las expresiones "nacimientos inferiores" y "eugenesia" fueron eliminadas del texto definitivo de la ley, pero se declara abiertamente que se persigue el mejoramiento de la calidad de la población y, de paso, acotar los gastos sociales derivados de mantener esa población vulnerable.

MÉXICO

Mucho yerra el que piensa que la esterilización humana obtenida por coacción forma parte del pasado de nuestros pueblos, o que se aplica tan sólo en sociedades culturalmente diversas y lejanas de la nuestra. Tomemos para desmentir esas presunciones el reciente caso de México cuando, en marzo de 2002, a raíz de la denuncia efectuada por el Departamento de Estado norteamericano, la Comisión de Derechos Humanos del Senado decidió abrir una investigación que aclarase fielmente lo ocurrido con la esterilización coactiva de indígenas en el interior del país.

La Iglesia católica mexicana ya había realizado para entonces otras denuncias sobre una presunta campaña de esterilización sistemática y masiva dentro de los centros de salud del sector público contra mujeres en edad fértil, en el estado sureño de Chiapas. El Programa de Salud Reproductiva y de Planificación Familiar 1995-2000, elaborado por el gobierno, pretendió aumentar el uso de anticonceptivos, así como también duplicar el número de ligaduras tubarias y vasectomías.(16) Para dar cumplimiento a esas cuotas, los agentes de salud obligaban a las indígenas que llegaban a los hospitales para dar a luz, a valerse de esa medida de protección contra futuros embarazos.

Atropellos semejantes fueron llevados a la prensa por entidades pro-vida durante 1999, intercediendo por los derechos humanos y constitucionales de las personas, y protegiendo al mismo tiempo su integridad física y psicológica. El reclamo estaba motivado por las prácticas originadas en el sector federal de salud y apoyadas por el Consejo Nacional de Población, en el Estado de Jalisco (17 casos documentados), y en otros Estados de la República de México (otros 53 casos documentados). Pocos días después se sumaron otros 10 casos, los cuales dieron comienzo a una serie de acusaciones cruzadas, a deslindes de responsabilidades, a ruedas de prensa y desmentidas..

La comisión interdisciplinaria nombrada por el Secretario de Salud -Dr. Cristóbal Ruiz Gaitán- para investigar los hechos, concluyó que la esterilización y la colocación de dispositivos intrauterinos sin consentimiento o con coerción no son prácticas fomentadas desde el gobierno. La posterior presentación del Departamento de Estado norteamericano no sólo reabrió el caso, sino que aportó pruebas suficientes para pensar en que las autoridades trataron de llevar la investigación a una vía muerta y que el informe oficial contenía muchas apreciaciones falsas, las cuales están ahora siendo revisadas.

PERU

Otro país del subcontinente sufrió muy recientemente un embate similar al relatado más arriba. Se trata de la República del Perú, que constituyó su Consejo Nacional de Población y sancionó su Ley de Política Nacional de Población durante la presidencia del Dr. Belaúnde, pero legalizó a la esterilización humana como un método más de planificación familiar recién en 1995, en pleno gobierno de Alberto Fujimori.

La aprobación de la modificatoria de esa ley para el control de la población fue muy polémica, pues distintos sectores sociales se opusieron a ella, e igualmente muchos funcionarios y adversarios políticos. El gobierno central comenzó entonces a ejercer presión, en primer término sobre los políticos oficialistas que exhibieron algún descontento, haciendo advertencias y amenazándolos con represalias. Acto seguido, el gobierno peruano envió una numerosa comisión con el objeto de permitirle participar en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer que las Naciones Unidas convocaron en Beijing. Aprovechándose entonces de la ausencia temporal de los principales antagonistas, los legisladores del Congreso Nacional no tuvieron problemas en realizar algunos cambios de última hora en el texto definitivo de modificatoria a la ley en discusión. La esterilización humana, hasta entonces prohibida,(17) pasó a engrosar la lista de los métodos de planificación familiar aceptados.

Un consejero de salud del Presidente, Eduardo Yong Motta, expresó su motivación con estas palabras: "las mujeres peruanas tienen demasiados hijos", y al gobierno le preocupa que optando por ciertos métodos de control natal "se olviden" de tomar las pastillas o de vacunarse. Este diagnóstico lapidario permitió que se contratara mano de obra extranjera para capacitar a los funcionarios de salud peruanos en todo aquello que refiere a esterilización permanente. Uno de los expertos en población del Banco Mundial –Edward Bos- se entusiasmó con la idea pues, según él, "los menores de 15 años no aportan nada. Sólo son consumidores netos de recursos en salud, alimentación y educación". Limitar su nacimiento haría que el Perú entrara en apenas una decena de años en una época dorada, concentrando sus recursos ya no en la cantidad sino en la calidad de las escuelas, de los hospitales, etc. La política demográfica emprendida, en suma, apuntaba a preservar y mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, si atendemos al menos a las declaraciones de sus mentores ideológicos.(18)

La maniobra permitió blanquear las prácticas biomédicas que desde 1993 se venían realizando, y el inicio de una campaña nacional de anticoncepción quirúrgica voluntaria implementada por el Ministerio de Salud: durante 1996 se realizaron las primeras 100.000 esterilizaciones, durante 1997 otras 130.000, 43.000 para 1998, y 165.827 para 1999.(19) Considerando tan sólo el período que va desde 1990 hasta 1997, la práctica de la esterilización femenina en el Perú aumentó un 4.000%. Aunque los números asusten, el problema mayor apareció porque no todos los procedimientos respondieron a una elección voluntaria de las personas esterilizadas, y debido a que tampoco las condiciones sanitarias en que se llevaron adelante las operaciones pueden ser catalogadas como seguras.

Las postas médicas móviles donde se intervenía a mujeres y varones permanecían con las ventanas abiertas hacia la calle (con frecuencia de tierra), por la que transitaban las bestias; no se cumplía con las mínimas condiciones de higiene, en especial cuando se realizaban los "festivales de esterilización" en zonas alejadas; no se prestaba asistencia médica después de la intervención, hecho que generó distintas complicaciones de salud e incluso la muerte de algunas personas. Pero también la manera de atraer a los candidatos era poco ortodoxa ya que se instrumentaban distintos mecanismos de coacción, los cuales incluían repetidas y acosadoras visitas a las viviendas; amenazas, engaño, chantaje e intimidación; incentivos con alimentos, ayuda médica, ropa o sencillamente dinero. Convencerlos sobre lo que era "mejor" para ellos, incluía en opinión de los expertos la concertación de citas a sus espaldas; a su caza como si se tratara animales; incluso la estipulación de un nuevo requisito (ser estéril) para poder ingresar al sistema de asistencia alimentaria del gobierno.

No se les informaba a los candidatos acerca de los riesgos y efectos secundarios del procedimiento, ni sobre la naturaleza permanente de la anticoncepción alcanzada. Tampoco, claro está, se insistía en recabar su consentimiento informado.

Los oponentes de la campaña de esterilización formaron prontamente una alianza. Sin embargo no fue sino hasta 1998 que la Iglesia Católica, las organizaciones no gubernamentales de mujeres, de derechos humanos y grupos pro-vida –especialmente Ceprofarena- comenzaron a ser escuchados con atención fuera del país. Ellos presentaron denuncias, recabaron testimonios, realizaron audiencias públicas, documentaron los abusos de la campaña, y los mostraron al mundo.

El entonces Ministro de Salud del Perú, Marino Costa Bauer, rechazó las acusaciones, negó que existieran cuotas de esterilizaciones a cubrir, y señaló que si existían algunas muertes se debía a la incompetencia del personal sanitario involucrado en el programa. En vez de revisar el proyecto en marcha insistió en fortalecerlo, revisando en especial dos áreas: la manera de proporcionar información previo a la esterilización permanente (para lo cual se confeccionó un manual de consejería orientado a instruir a los expertos), y el manejo de las complicaciones post-operatorias (recurriendo a un elemental manual de procedimientos para la anticoncepción quirúrgica voluntaria).(21)

Tres congresistas norteamericanos del Partido Republicano, alertados sobre los acontecimientos del Perú, iniciaron un movimiento en marzo de 2000 para impedir que la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional (USAID) dispusiera de los fondos destinados a programas de planificación familiar, más allá de que el presidente Bill Clinton hubiera prometido a ese organismo169 millones de dólares para ese año y otros 25 para el UNFPA. En su apoyo invocaron una ley que, desde 1998, prohíbe el suministro de dinero a programas que, en el extranjero, utilicen la coacción o el soborno para llevarse adelante.

En septiembre de 2001, una vez concluida la campaña controlista y cerrado traumáticamente el ciclo de la administración Fujimori (1990-2000), la Comisión de Salud del Congreso peruano nombró una comisión especial para investigar en detalle las 110.000 denuncias formales presentadas por los damnificados en diferentes foros (Defensoría del Pueblo, policía, Congreso estadounidense, asociaciones no gubernamentales, etc). La mira está puesta sobre las pésimas condiciones sanitarias en que se llevaban a cabo las intervenciones y en la propuesta de cuotas demográficas. En la actualidad se analiza la posibilidad de acusar constitucionalmente a Alberto Fujimori –refugiado en el Japón- por el presunto delito de genocidio, denuncia que alcanzaría, en caso de formalizarse, a los antiguos ministros Costa Bauer, Yong Motta y Alejandro Aguinaga. La bioética, disciplina joven en el Perú, está alcanzando gran desarrollo en la región por influjo de estos acontecimientos todavía no superados e insuficientemente esclarecidos.