El discurso del mercado, es un discurso de naturalización de la realidad y de anonimización del poder. En el plano político, el mismo tiene su correlato en el discurso del realismo y el pragmatismo políticos.

El núcleo racional duro del discurso del poder que justifica desde el presente el orden político democrático, núcleo a partir del cual la clase gobernante extrae las principales explicaciones y razones "positivas" para recabar la obediencia voluntaria de los ciudadanos en el Uruguay posdictadura, está constituido por los argumentos que remiten a lo que llamaremos el principio de lo fáctico, más concretamente, la invocación a los hechos de la realidad, entendida ésta, fundamentalmente, como realidad económica y financiera.

Por lo tanto, podríamos decir que la construcción discursiva que legitima el "buen" orden democrático coloca los motivos principales de su estabilidad en la conservación del orden económico-financiero capitalista, a la vez que presenta dicho orden como algo "dado" a la propia comunidad nacional y "ajeno" a la voluntad de nuestra clase política que, por consiguiente, lo debe asumir también como un "dato más de la realidad" que no se puede cambiar, sólo administrar.

Curiosamente, (o no tanto) el Uruguay soportó el poder de facto durante 11 años de dictadura y después el poder de lo fáctico por 20 años más en democracia, sin que la sociedad pudiera romper con la "tiranía de los hechos" o el "principio de realidad" —ya sea representado por el despotismo del Estado o del mercado— como fundamento de legitimación y razón de obediencia al statu quo.

Esto no significa que el discurso político sobre el orden democrático agote sus recursos de autoridad en el principio del "realismo económico" (También ese discurso dominante se ha construido sobre conceptos propiamente político-culturales: gobernabilidad, consenso, coalición de gobierno, tolerancia, democracia, populismo, y otros.)

Pero sí significa que su matriz significante se organiza en torno a dicho principio, así como sus argumentos y capacidad polémica está predeterminada y sobredeterminada por los "hechos", "ejemplos" y "datos" que reproducen discursivamente la realidad económica capitalista y justifican nuestra inserción local dependiente (ahora, "interdependiente") en dicho orden (ahora, "globalizado").

El despliegue del principio de "realidad económica" va construyendo una realidad discursiva a partir de la selección que hace de hechos, datos, comparaciones y ejemplos económicos que se presentan como el poder de la realidad, es decir, los hechos "tal cual son", los que no dejan "otra alternativa". El discurso económico emanado del Estado simplifica la realidad social y absolutiza un aspecto de la misma —las relaciones económico-financieras— que presenta así como toda la realidad y, además, la única realidad posible.

A la par de dicho proceso de reducción de la realidad social y absolutización de su aspecto económico-financiero, el discurso dominante omite la consideración de otra realidad. En este caso, no se trata del poder de los hechos, como vimos más arriba, sino del hecho del poder, el poder como realidad fáctica, es decir, la existencia del sistema capitalista globalizado y la coerción sobre nuestras relaciones económicas y decisiones políticas locales. Este otro "dato de la realidad", el discurso dominante no lo incorpora a su lógica de razonamiento "realista".

En síntesis, si el contenido del discurso de la clase gobernante se estructura sobre el poder de lo fáctico —la realidad económico-financiera— las decisiones estatales se justifican en base al "realismo político", no como expresión de la voluntad y decisión de la mayoría de la clase política (cogobernabilidad mediante), sino como impuestas a ésta por la realidad económica exterior ("no hay alternativas", "es la única opción posible", "la salida responsable", etcétera).

La irracionalidad que caracteriza la dinámica del actual orden de la economía mundial termina siendo absorbida por el argumento que resalta la racionalidad de nuestra clase política y gobernante para administrar, gradualmente y con justicia, los impactos del capitalismo mundial. Es decir, a mayor irracionalidad sistémica mayor responsabilidad de nuestros políticos profesionales.

Esta línea de razonamiento asume el orden económico capitalista como orden natural, a la par que "naturaliza" las relaciones de poder y autoridad, sin sujetos de la dominación. Revitaliza, pues, el viejo argumento de la "neutralidad" del poder estatal, nada menos que después de 11 años de dictadura en el país. Un Estado que es presentado como gran administrador de recursos puede anonimizar las relaciones de fuerza que representa; una clase gobernante que sólo gestiona decisiones técnicas puede trocar su voluntad de poder en voluntad de servicio; las divisiones políticas entre mayorías y minorías electorales o entre gobierno de coalición y oposición política pueden eludir la división de la sociedad en clases o la diferenciación entre dominantes y dominados; y así sucesivamente.

En síntesis, la "naturalización" de la realidad económica capitalista y la "anonimización" de las relaciones de fuerza y de poder, trabajadas por el discurso del realismo y el pragmatismo políticos, han construido márgenes mínimos de expectativa y demanda social con relación a lo que la política pueda cambiar de las relaciones económicas actuales. Y este discurso del "no se puede" respecto al orden económico-financiero termina proporcionándole grandes márgenes al gobierno de la sociedad nacional para implementar sus políticas "realistas" en lo local, sin protestas ni grandes movilizaciones de la sociedad.

Si el poder de los hechos económicos fundamenta la necesidad de la estabilidad del orden político democrático, la estabilidad del orden político democrático se torna una condición necesaria para asegurar la confianza y continuidad tout court del orden económico-financiero. Dicho de otra manera, en la lógica del paradigma liberal dominante, el orden económico capitalista se realiza materialmente en tanto justificado políticamente como orden democrático liberal.

Por este mecanismo, las relaciones asimétricas del orden capitalista transnacionalizado se inscriben directamente en las relaciones políticas de la dominación local a través de la gestión de las élites gobernantes que, en tanto articuladoras del sistema en su conjunto (global-local), cumplen la función de una clase dominante. Así, el acto de aprobar las leyes que derivan de las exigencias de la reproducción sistémica del capitalismo dependiente: privatizaciones, flexibilidad laboral, reducción del Estado, y otras tantas medidas contenidas en el "consenso de Washington", son presentadas como muestras de la eficiencia del sistema político o indicadores del aggiornamiento de los dirigentes y partidos. Al mismo tiempo, la estabilidad o inestabilidad del orden político democrático pasa a correlacionarse, cada vez más, con el cumplimiento puntual de objetivos, fechas y compromisos externamente exigidos al Uruguay en el plano estatal y económico-financiero: achicamiento del Estado, reducción del déficit fiscal, firmas de cartas de intención, pago de la deuda externa, estabilidad de la moneda y la bolsa de valores, aceleramiento de las reformas estructurales, etcétera.

El programa liberal de alguna manera resume las necesidades básicas del sistema económico-financiero para su reproducción local-global —la realidad fáctica del poder—. Presentadas dichas necesidades por el discurso del "realismo político" como la realidad misma —el poder de los hechos—, el cumplimiento del programa liberal garantiza la estabilidad de nuestro orden capitalista dependiente y del sistema democrático elitista.

Algunas de las medidas y/o argumentos que resumen el "credo liberal" son: 1) Liberalización de la economía y Apertura del mercado; 2) Competitividad; 3) Atracción de la inversión extranjera; 4) Privatización de los servicios estatales; 5) Reducción del déficit fiscal y contención del gasto público; 6) Achicar el costo-país; 7) Descenso de los índices inflacionarios; 8) Conservar los parámetros macro económicos y Asegurar el investiment grade; 9) Honrar el pago de la deuda externa; 10) Asegurar el tipo de cambio fijo; 11) Defensa del secreto bancario; 12) No crear nuevos impuestos; 13) Flexibilidad laboral; 14) Reforma de la seguridad social; 15) Control de la demanda interna y la inflación; 16) Presupuesto cero: 17) Eliminación de políticas proteccionistas.

Orden económico-financiero y orden político-democrático vuelven a entablar así, dentro del discurso único del poder estatal, una relación simbiótica que no sólo consolida el establishment económico y las relaciones de dominación políticas tal cual sino tal para cual. Ahora, el principio discursivo de realidad económica pasa a justificar el principio pragmático del realismo político, y ambos, a legitimar las decisiones gubernamentales como decisiones técnicas asumidas por políticos responsables.

Mientras en un extremo del espectro argumental el discurso del poder estatal se apodera de la idea de "racionalidad" o sus equivalentes: decisiones técnicas, datos estadísticos, monitoreo de las cifras, comparaciones con otros países avanzados, parámetros de modernización, reconocimientos de organismos internacionales, puntuación de calificadoras internacionales de riesgo, en el otro extremo, esa idea de la racionalidad económica y sus equivalentes devienen en "lo políticamente correcto" de hacer (y decir) en democracia, sinónimo de: sensatez política, moderación, cordura, gradualismo, eficiencia, responsabilidad de los dirigentes.

Esa inmediatez materialista de las justificaciones liberales y el economicismo de las decisiones del poder estatal limitan la reelaboración democrática del discurso del orden político en el Uruguay posdictadura, entendido éste como orden social complejo y pluralista. El orden político posautoritario se presenta también como un orden factual que no logra autonomizarse de las necesidades del orden económico capitalista como orden "dado" y que, legitimado como orden "virtuoso", por tanto, "no se discute".

Entonces, los límites de la democratización de nuestra democracia posdictadura residen en la estructuración misma del orden capitalista transnacionalizado. Y dicha localización de los límites, varía la interpretación politológica predominante respecto a las condiciones que aseguran la consolidación institucional de la democracia recuperada en la etapa posdictadura. Dicha interpretación —fuertemente influida por una determinada interpretación de la crisis de los años ’60 en nuestro país y la región—, colocó los límites de la democracia en la democracia misma a través de la noción de gobernabilidad del sistema derivando, a partir de allí, la necesidad del consenso de élites y partidos para asegurar la cohesión programática y las mayorías parlamentarias en apoyo a la gestión y decisiones de Gobierno, ante la posible repetición de situaciones de conflicto como en el pasado sesentista, la acumulación de demandas sociales diversificadas, la heterogeneidad de los actores y las multiplicidad de expectativas en torno a la democracia posdictadura orientadas hacia un Estado, ahora, "sin recursos".

Dentro de un orden monopólico de significados discursivos, la democracia política es asumida por el discurso del poder estatal como un dato irreversible de la "realidad institucional" posdictadura en tanto vinculada a la no modificación de la estructura económica capitalista y las políticas públicas de corte liberal que la sostienen. Así como el principio de "realidad económica" justifica como un orden natural inmodificable al sistema capitalista, así el principio de "realismo político" justifica la democracia per se o "sin adjetivos" —la democracia como "reglas de juego"— como la superestructura política que mejor asegura dicho statu quo.

Si el orden político democrático posdictadura se organiza como orden factual, a través de decisiones técnicas o administrativas, "el poder se organiza qua orden", (Lechner). Y el poder estatal en tanto orden burocrático deviene, junto a la actual organización de la economía capitalista, en el otro límite estructural de la democratización de la sociedad uruguaya posdictadura.

Dicho de otro modo, las relaciones de poder del sistema capitalista globalizado inscriptas directamente en el ordenamiento político local y en las justificaciones discursivas de su actual estructuración, determinan que el poder público asuma cada vez más la lógica del poder privado-global, y que esta tendencia a la "privatización" de las funciones y decisiones públicas se complemente, contradictoriamente, con la tendencia a la socialización de los resultados negativos del sistema en lo local-global, es decir, los errores, costos y fracasos del capitalismo privatizado los paga la sociedad uruguaya en su conjunto.

Esta paradoja, que debe ser aceptada también como otro dato inmodificable de la realidad según el discurso dominante, confirma la disociación entre la sociedad y la política y la desconstrución de un sentido social de la política en el Uruguay posdictadura que aleja, cada vez más, el proceso de reelaboración de una subjetividad democrática dentro de un orden político pluralista, dialogante y participativo.

Una de las consecuencias más importantes de la inscripción directa de las relaciones de mercado y de poder transnacionalizados en el ordenamiento político local y de las justificaciones discursivas de su estructuración, dinámica y transformaciones, consiste en que las asimetrías estructurales del sistema capitalista globalizado se sobreimprimen de facto, ya no sólo en las relaciones sociales (generando marginalidad, pobreza, desindustrialización, desocupación, endeudamiento externo), sino en el mismo ordenamiento político-estatal posdictatorial, asumiendo formas específicas de desigualdad, reales y simbólicas, que desplazan la legitimación ética o universal tradicional del sistema democrático, en base a los principios de universalidad e igualdad, a la legitimación instrumental de la democracia política entendida como reglas de juego o procedimientos.

Es así como, entre otros fenómenos discriminatorios incorporados concretamente al sistema político en estos últimos veinte años, señalamos: las formas del elitismo democrático; la criminalización de la sociedad desde el Estado; el pensamiento político único; las violencias simbólicas contenidas en la palabra pública; la impunidad y los usos políticos de la ley; la acción no transparente de los poderes de facto (lógicas empresariales privadas, organismos financieros internacionales, corporación militar y crimen organizado) sobre el sistema democrático.

No obstante, un fuerte sentido de fidelidad al orden democrático posdictadura mezclado con un sentimiento de inseguridad y temor al cambio del statu quo material, parecen garantizar no sólo la continuidad del orden económico capitalista sino la estabilidad del orden político así como la capacidad representacional de la élite gobernante. Por eso mismo, las posiblidades de incidencia de la política local sobre la sociedad nacional han sido casi totales en la consolidación de la institucionalidad posdictadura.

Un cambio no sólo de gobierno sino de partidos y de filosofías en el poder, como el que se insinúa en el Uruguay entre los meses de octubre y noviembre próximos, puede contribuir a modificar en algo las formas de dependencia en lo internacional y en el logro de una mayor autonomía de lo social respecto a la economía y la política.

No obstante, la actual estructuración de las relaciones de poder regional e internacional y el alto condicionamiento del Uruguay a dichas lógicas no harán fácil ensayar dichos tránsitos, incluido la estructuración de nuevos sentidos discursivos que reviertan el sentido único en el que se legitima el orden político, económico y social como "orden natural".

Se necesita, más allá de las acciones gubernamentales, estructurar una política desde lo social y desde los márgenes del sistema político-partidario actual, capitalizando una acumulación ya disponible, importante pero dispersa, a los efectos de poder incidir y controlar de manera positiva, directa, cotidiana y en forma más independiente, las lógicas estatales dominantes. A rediseñar una democracia societal y participativa que complemente los logros de la democracia representativa y procedimental consolidada en nuestro país, puede contribuir un eventual triunfo de las fuerzas de izquierda, más afines por su origen histórico y tradición de lucha a fortalecer los nexos entre la política, la sociedad y el ciudadano.