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Revista al tema del hombre
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La crisis ambiental desencadenada por la mancha de petróleo
del San Jorge deja en evidencia que, tanto el Estado como la población,
se movían fuera de la realidad, en un campo de símbolos
de la crisis ecológica.
El publicitado accidente del buque petrolero San Jorge presenta
aristas por demás interesantes que merecen un análisis
desde una perspectiva reflexiva.
La sucesión de hechos que despertaron la atención de la opinión pública comenzaron el 8 de Febrero, cuando el buque tanque San Jorge chocó contra una roca en las afueras del Río de la Plata, a poca distancia de Punta del Este. Como resultado el buque comenz" a perder crudo. La noticia llegó a tierras uruguayas días después, y tímidamente comenzó a crecer la sospecha de que se estaba produciendo un derrame. A pesar de la potencial gravedad del accidente, los hechos parecían sucederse en cámara lenta: recién a los dos días después del siniestro, el 10 de Febrero, se comenzó el trasbordo de petróleo hacia otros buques tanque.
En una rápida sucesión de acontecimientos, parte del petróleo derramado impacta sobre el centro turístico uruguayo: Punta del Este. Las voces de alarma se alzan con energía, especialmente desde las cámaras de empresarios turísticos, y con gran rapidez de limpian las playas. Nuevamente se entró en un letargo tras los titulares de algunos diarios de que se había solucionado el derrame de crudo. Sin embargo esa calma resultó pasajera, y a los pocos días una nueva crisis ambiental: la Isla de Lobos se encuentra cubierta de petróleo, y éste amenaza la existencia de miles de crías de lobos marinos. La opinión pública comienza a expresarse en diferentes ámbitos, aparecen organizaciones ecologistas interesadas en salvar a los lobitos marinos, y hasta la oposición política reclama la renuncia del ministro del ambiente.
En esta vorágine de noticias, marchas y contra-marchas
es posible realizar un análisis más pausado. No
es mi propósito encararlo desde la ecología en sentido
estricto, sino desde las políticas ambientales, sin dejar
de atender a un tema varias veces repetido en Relaciones: los
símbolos.
En efecto, toda la crisis del derrame del San Jorge es una demostración de cómo operan algunos símbolos en nuestra sociedad. Comencemos por reconocer que, en sentido estricto, el impacto ambiental se inició con el derrame de petróleo el 8 de Febrero. Sin embargo, para gran parte de nuestra población, e incluso para algunas autoridades de gobierno, los problemas se iniciaron con el crudo en las arenas puntaesteñas o con la muerte de los lobos marinos.
Lo cierto es que mientras el derrame se dirigía en el Oceáno Atlántico hacia mar abierto, las aciones para el manejo del desastre se mantenían en un perfil bajo. De hecho, las autoridades uruguayas estaban dejando en manos de la compa-ía propietaria del transporte muchas de las medidas para la reducción de las pérdidas. Sin embargo, ese petróleo ya había comenzado a afectar a nuestras aguas, y con ello, alterar la dinámica de los ecosistemas marinos de esa zona.
El impacto ambiental del petróleo estaba pasando desapercibido en tanto no existía ningún símbolo que lo representara. Eso recién ocurrió con la llegada del crudo a las playas de Punta del Este, hacia el 11 de Febrero. Los diarios de esos días estaban repletos de fotografías impactantes con las blancas arenas cubiertas de una capa negra; fotos que serían propias de tragedias de los mares europeos pero que no se esperarían en el Río de la Plata.
En esta primera etapa, el desastre era concebido como una calamidad turística y no ecológica. Antes que preocuparse por la suerte de los ecosistemas costeros, las autoridades intentaban discernir la suerte de los veraneantes. El símbolo dominante era la playa empetrolada y el bañista retirándose. La costa se limpió rápidamente, en un despliegue de coordinación y esfuerzos, no para aligerar la contaminación sobre los berberechos, sino para evitar una estampida de regreso de los visitantes extranjeros. Se insistió tanto en la imagen de la playa limpia que parecería que en un país de símbolos, el petróleo nunca se extendería en nuestras aguas.
En esta etapa de la crisis la temática ambiental seguía en segundo plano. No en vano, una vez que las playas fueron limpiadas, se insistió en que la crisis ya había finalizado. El 16 de Febrero, esto es unos cinco días después de la llegada del petróleo a las costas puntaeste-as, los titulares de los diarios se-alaban que "se frenó" al petróleo.
Pero en realidad el derrame continuaba su marcha por otras zonas del Río de la Plata. Aún más, como se supo después, el buque continuaba eliminando residuos de sus tanques en aguas del frente oceánico, hasta por lo menos el 20 de Febrero.
Con una menor intensidad desde la prensa, se anunciaba la presencia
de manchas de petróleo en la costa de Canelones y en la
zona de José Ignacio entre el 21 y 22 de Febrero. Inmediatamente
después, entre el 23 y 24 de Febrero estalla la crisis
de los lobos marinos.
Las denuncias que a fines de Febrero alcanzaron la tapa de los diarios mostraban lobos marinos empetrolados, con lo que era evidente que los efectos nocivos del petróleo seguían su curso.
En este caso se afectaron las colonias residentes en la Isla de Lobos, donde están presentes dos especies: el lobo fino o de dos pelos, cuyos machos alcanzan los 130 kilogramos de peso, y el lobo de un pelo, o lobo ordinario, una especie más grande, donde los machos alcanzan los 300 kilogramos. Ambas especies habitan en otras islas oceánicas uruguayas: las de La Coronilla, en la zona de Cabo Polonio en las islas Rasa, Encantada y un islote cercano.
En Uruguay, la población del lobo fino alcanza unos 280 mil ejemplares, mientras que las de lobos de un pelo, es de unos 30 mil ejemplares. Las especies se han explotado de distinta manera desde la época de la llegada de los conquistadores españoles. Las zafras comerciales, que se hacían bajo ciertas medidas de manejo biológico desde 1950, se suspendieron en 1991. Las razones no fueron ecológicas, sino de mercado: el precio de las pieles se desplomó.
Por razones misteriosas, los lobos marinos se han revestido en los últimos años de un simbolismo ecológico profundo. Es importante recordar que en el otoño de 1994 se generó una amplísima polémica pública, cuando el INAPE comenz" a considerar el reinicio de las zafras de lobos. Una vez que la prensa present" la noticias, se elevaron las voces de grupos ambientalistas y defensores de los derechos animales, especialmente de Punta del Este, que califican esas zafras comerciales como "matanzas". Se realizó una campaña en todo el país para la recolección de firmas reclamando que se impidiera esa práctica, y se desarrollaron intensas polémicas en los medios de comunicación. El resultado final fue que el INAPE dio marcha atrás con su proyecto.
Esa sensibilidad se manifestó nuevamente cuando el derrame del San Jorge afectó a las colonias de esos mamíferos marinos en la Isla de Lobos. Estas especies pasaron a constituirse en el nuevo símbolo de la debacle ecológica, y fotos hasta cierto punto macabras ilustraban las páginas centrales de algunas revistas y las primeras planas de los diarios.
En realidad, la crisis de los lobos marinos se movía en un campo de símbolos más relacionados con la estética que con la ecología. El lobo se convirtió en un símbolo de todos los componentes de un ecosistema, desde las algas marinas a las aves. La evidencia de la segura muerte de miles de ejemplares despert" sentimientos de compasión y se gener" una reacción en defensa de esos animales. Las acciones que realizaban INAPE o las organizaciones ambientalistas con los lobos, se revestían de una valoración mucho más amplia que la que técnicamente resultaría como justificable. Así, la entrega por INAPE de unas decenas de crías empetroladas para su limpieza, cobró la estatura de una gran medida ecolóica. Sin embargo, ese número empalidece con los miles que se esperaría que murieran en la isla.
No quiero decir que sea incorrecto o censurable ese esfuerzo de algunas organizaciones ambientalistas, sino apuntar el desbalance entre una medida paliativa y los efectos del derrame en el resto de la población, y cómo lo ilustraron los medios. Es que en este terreno, la crisis se movía más en el plano de los símbolos estéticos y afectivos que en el terreno ecológico, y fue en ese ámbito donde se intentaron alcanzar soluciones.
En gran medida, las acciones gubernamentales estuvieron asociadas a la emergencia de símbolos, que eran tomados por los medios de comunicación y presentados a la opinión pública. En realidad no se actuaba sobre el petróleo y todos sus efectos ambientales, sino sobre aquello que se transformaba en un símbolo socialmente reconocido.
El gobierno y muchas organizaciones ciudadanas orientaban más su acción hacia los significados que hacia los significantes, moviéndose sobre todo en los síntomas del derrame de petróleo antes que en los problemas de fondo.
Sólo esa lectura simbólica puede explicar la desatención que se dio a temas tan vitales para el país, tales como una evaluación rápida del impacto de la mancha de petróleo sobre las especies que bajo captura comercial.
Desde un punto de vista ecológico, los lobos marinos son
tan importantes como las aguas vivas, los cangrejos o las algas
marinas. Y todas estas especies seguramente se verán afectadas,
aunque en distinto grado, por el derrame. Una política
ambiental madura, como la que se espera de un Estado responsable,
no se puede mover a los vaivenes de los intereses turísticos
o la emocionalidad estética. En efecto, una política
ambiental madura reaccionaría con la misma energía
frente a la afectación de seres vivos que a pocos moverían
a simpatía, como las aguas vivas o los cangrejos.
La emergencia de los símbolos también se hace evidente en la discusión política y la búsqueda de epxlicaciones del desastre del San Jorge. El que se chocara contra una roca en los límites del Río de la Plata, en una zona densamente transitada, parecía difícil de creer. Tan es así que en su "informe secreto", el gobierno incluye un dibujo esquemático de ese escollo.
Repentinamente, ese cuerpo rocoso, durante años ignorado, pasó a cobrar una nueva jerarquía. Algunos se lamentaron amargamente la falta de apoyos financieros para el estudio de temas tan uruguayos, y tan necesarios, como un mapeo modernizado y exacto de las aguas territoriales uruguayas.
Pero el extremo lo alcanz" nuevamente el gobierno. Dejando
de lado la proverbial reticencia por los temas religiosos que
sustenta esta administración, no tuvo empacho de apoyarse
en una flemática máxima inglesa y señalar
que el desastre fue un "acto de Dios" (y que se así
se presenta, incluso en inglés como "act of God"),
agregándose en el informe gubernamental que "como
lo indica la frase, son acontecimientos fortuitos que no dependen
de la voluntad ni de la acción humana".
A pesar de que esto sería un hecho de la divina suerta, es también necesario hacer, al menos una mención, del tema de los riesgos, y cómo son percibidos en nuestro país. Pensemos por un momento qué hubiera pasado si el barco que chocaba contra esa roca escondida en la boca del Río de la Plata, era uno de los buques que viajan con residuos nucleares entre Francia y Japón. Como se recordará, el país galo envía al nipón buques con material radioactivo, lo que ha causado la protesta de las naciones latinoamericanas, en tanto esos viajes se hacían bordeando nuestro continente.
Un desastre como el del San Jorge, pero con una nave cargada de
material nuclear, hubiera tenido consecuencias extremadamente
graves. Ello sirve como alerta para recordar que el nivel de riesgos
que estamos enfrentando es tan elevado que se pierde el sentido
de frases como las presentadas en el reporte gubernamental, de
que ante los "act of God" lo "que sí es
posible, es tener a disposición y en condiciones de operar
los mecanismos necesarios para actuar ante el hecho consumado".
Durante toda la crisis, las críticas llovieron sobre el Ministerio del Ambiente. La gente de la calle desarrollaba un razonamiento lineal muy jusitificable: en tanto el Ministerio del Ambiente tiene ese nombre se debe ocupar de los temas ambientales, y por lo tanto es el responsable de manejar esta crisis ecológica.
Sin embargo, ese razonamiento amparado en algo tan fuerte como el sentido común, no es aplicable a una administración pública que se mueve entre símbolos. En efecto, en Uruguay, el Ministerio del Ambiente tiene muy pocas competencias en temas ambientales. Posee el nombre, pero no los contenidos. Es un significado puesto en un significante equivocado.
En realidad, en los últimos años, con cada rendición de cuenta y otras medidas normativas, el Poder Ejecutivo fue recortando más y más las competencias de esa cartera para dedicarse a las cuestiones ambientales. Hoy, gran parte de ellas están en manos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (las áreas dedicadas a recursos forestales, fauna, suelo, agua, áreas protegidas, etc.).
El manejo del desastre ejemplifica esto en tanto intervinieron varios ministerios. En primer lugar, las competencias directas eran de la Prefectura Nacional Naval y del Comando General de la Armada, dependientes del Ministerio de Defensa Nacional. Estos tenían a su cargo el control de los desastres por derrames y debían coordinar el Sistema Nacional de Control de Derrames. Seguidamente, están involucrados el Instituto Nacional de Pesca (INAPE), en tanto se afectaron recursos pesqueros y las loberías. Este instituto es un organismo en la "rbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el que también tiene competencias ante el desastre por medio de su Dirección de Recursos Naturales Renovables. También tiene competencia el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por medio de su Dirección de Hidrografía, la que maneja la contaminación de las aguas.
Estos tres ministerios son los que tenían una competencia directa con los problemas suscitados en el accidente. Paradojalmente, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, posee potestades genéricas sobre la temática ambiental, y por lo tanto muy marginales, ejercidas por su Dirección Nacional de Medio Ambiente. Es todavía más incierto el caso del Ministerio de Turismo, que apareció tempranamente en la crisis, pero que no posee ninguna competencias directa con los temas ambientales.
El hecho más llamativo, sin entrar a analizar si esos ministerios actuaron bien o mal, es que la cartera medioambiental posee las menores capacidades en este tipo de temas. Nuevamente un símbolo, en este caso con todo el peso de una legitimación dada desde el Estado, no se sabe muy bien qué representa. La paradoja es tan llamativa que sólo podría igualarse con una situación donde el Ministerio de Ganadería en realidad no manejara los asuntos ganaderos del país, sino que éstos estuvieran en manos del Ministerio del Interior. Veríamos entonces a los policías haciendo las inspecciones veterinarias de los rodeos de ganado y a los comisarios designando los planes para contener la aftosa.
A pesar de todo esto, muchos parlamentarios apuntaron sus baterías al Ministerio del Ambiente, y por su intermedio al resto de las carteras involucradas en el manejo de la crisis. Este es otro hecho llamativo, en tanto se esperaría también de los legisladores un análisis crítico más profundo de los problemas del país, donde deberían centrar sus reclamos ante quienes verdaderamente tienen la obligación de resolverlos.
A toda esta confusión administrativa se le suma otra relacionada
con la correspondencia entre las competencias gubernamentales
y los distintos componentes del ambiente. Sin embargo, la dinámica
de los sistemas ecológicos afectados por el petróleo
no está dividida en compartimientos tal como se dividen
el tema nuestros ministerios. Los lobos marinos, competencia del
INAPE, interaccionan en el medio acuático, competencia
de la Armada. Unos y otros son parte de un mismo entramado de
relaciones ecológicos a las cuales no se les puede imponer
una división de potestades administrativas. De alguna manera,
el andamiaje institucional del Estado trata de imponer sus subdivisiones
y compartimientos sobre un sistema de complejas relaciones ecológicas.
Por más dinero o recursos humanos que se inviertan en una
u otra repartición, nunca se logrará separar a los
lobos del mar. El camino debería ser otro: acompasar la
estructura del Estado, y en especial las capacidades de actuar
del Estado, a las propias características de nuestros ecosistemas.
Otro flanco de emergencia de símbolos se centra en la potencial representación de los daños ecológicos por medio del dinero. Este simbolismo monetario se observa en la discusión sobre la indemnización. Esta no es una medida que permita reducir o amortiguar los impactos ambientales. Apenas es una vía para recuperar los gastos de los daños causados. Es un instrumento importante en tanto aseguraría que el Estado recuperaría sus gastos en equipos humanos y materiales para manejar la crisis, algo que debería ser cubierto por los responsables del accidente y no por todos los uruguayos.
Pero por más dinero que se obtenga con ello no se resucitarán los individuos que murieron por el petróleo ni se podrá incidir en los ritmos y procesos por los cuales se recuperan los ecosistemas.
Estos hechos no parecen estar en la mente de muchos integrantes del equipo de gobierno, en tanto presentan al tema de la indemnización como una solución final de los problemas causados por el derrame. Aquí emerge un nuevo símbolo: ese dinero permite recuperar los da-os ecológicos.
Sin embargo esto no es así. En primer lugar no existe ningún
medio para convertir pesos uruguayos o dólares de Estados
Unidos en los componentes de un ecosistema, sea un lobo marino
o una merluza. Por otro lado, es prácticamente muy difícil,
y conceptualmente cuestionable, que se pueda valorar una especie
de planta o animal en términos monetarios. No existen procedimientos
certeros para una valuación económica de los recursos
naturales, y de todas los que disponemos son apenas aproximaciones
para calcular una disponibilidad de pago. En el caso del derrame
del San Jorge, el gobierno debería estar calculando los
precios de los lobos fallecidos, y además, de los cangrejos,
aguas vivas, pescadillas, corvinas, algas, etc., afectados por
el petróleo. La complejidad de la tarea sirve para alertar
sobre la necesidad de manejar ciertas alternativas de valoración
de nuestros recursos naturales.
Este breve recorrido por algo de lo que ha dejado ver la brecha
en el San Jorge, muestra cómo el simbolismo a la uruguaya
hace mover a las personas, y aún al Estado. En un área
tan nueva como la ambiental, esta problemática se hace
particularmente evidente, y deja entrever que un análisis
desde la psicología social o el análisis institucional
podría deparar todavía más sorpresas. Seguramente
todo esto hubiera entretenido un fino análisis por parte
de alguien como Jean Baudrillard, buceando entre las diferentes
lecturas simbólicas que emergieron durante esta crisis.
Un análisis de ese tipo sería más que útil
para nuestro país, ya que aunque sigamos moviéndonos
únicamente entre los símbolos, el petróleo
igualmente continuará derramándose.
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