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Intendente de Montevideo Arq. Mariano Arana:
La modernización debe conjugarse con solidaridad y equidad

Montevideo avanza en un proceso de descentralización municipal con activa participación social

"Las políticas sociales y culturales constituyen el eje vertebrador de nuestra gestión, en tanto apuntan a la médula de los problemas socio-urbanos", afirmó el Intendente de Montevideo, Arq. Mariano Arana, en su intervención ante el foro internacional "Hacia una ética del desarrollo", que se desarrolla en la ciudad de Caracas. En la inauguración del encuentro foro, realizada hoy, expusieron el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, la vicepresidenta de ese país, Adina Bastidas, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias.

El encuentro fue organizado por la vicepresidencia de Venezuela, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad Central de Venezuela. Participan autoridades y académicos de Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Noruega, Uruguay y Venezuela, junto a funcionarios del BID.

El temario abarcó "Los desafíos éticos de América Latina", "Experiencias de Avanzada" y "La ética de los actores sociales". Arana abrió la consideración del tema "Experiencias de Avanzada", con una exposición sobre "La gestión social en Montevideo".

El Intendente montevideano señaló que "Nuestras prioridades se encuentran en los sectores sociales más vulnerables o menos favorecidos. De este modo, estamos trabajando en la implementación de programas de salud (predominantemente preventivos), programas de capacitación y construcción de ciudadanías, de atención a grupos sociales específicos (niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres, personas con capacidades diferentes) que presentan necesidades y demandas particulares, programas de empleo, de mejoramiento barrial y de vivienda, de creación de empresas, de recreación y animación deportiva, de animación cultural, etcétera".

Agregó que "una parte sustantiva de la inversión en infraestructuras que está realizando nuestra municipalidad también está dirigida a un claro mejoramiento urbano y ambiental que redunda en la elevación de la calidad de vida de estos mismos sectores sociales a los cuales apuntan las políticas referidas anteriormente. De estas obras nos interesa destacar los Planes de Saneamiento Urbano (actualmente están muy avanzados los trabajos del Plan III) apoyados financieramente por el Banco Interamericano de Desarrollo. El Plan de Saneamiento III constituye el proyecto de mayor envergadura apoyado por el BID en nuestro país y el mayor monto de préstamo aprobado. Es un auténtico orgullo el señalar que estamos ejecutando el mismo dentro de los plazos y presupuestos previstos y que una vez culminadas las obras estas beneficiarán a la población de importantes barrios periféricos de nuestra ciudad, en los que se asientan sectores populares".

"Consideramos que todas estas actuaciones forman parte de una concepción de sociedad en la cual la imprescindible modernización se puede y se debe conjugar con la solidaridad y la equidad", afirmó Arana.

A continuación se transcribe el texto completo de la intervención del Intendente de Montevideo.

La gestión social en Montevideo

Intervención del Intendente Municipal de Montevideo, Arq. Mariano Arana, en el Foro "Hacia una ética del desarrollo" Caracas, Venezuela, 22 y 23 de febrero de 2001.

Señores Ministros,
Señor Prefeito de Porto Alegre,
Integrantes del panel,
Señor Bernardo Kliksberg, coordinador del INDES,
Señoras y señores
Amigos todos:

En primer lugar, deseo agradecer la invitación que me fuera cursada para hacer uso de la palabra en esta oportunidad, compartiendo este panel con tantos amigos y tantas personas comprometidas al más alto nivel con la gestión municipal en nuestro continente.

En segundo lugar entiendo que corresponde celebrar que, en un Foro de jerarquizado nivel internacional, se vuelva a manejar el concepto de "desarrollo". En el pasado reciente se pretendió relegar el concepto y la palabra desarrollo al cajón de los elementos inservibles; en todo caso a la vitrina de las curiosidades arqueológicas. Por cierto que tal hecho no logró relegar ni hacer a un lado el carácter vertebrador, aglutinante, convocante, del paradigma del desarrollo. 

En el momento presente, y frente a las incertidumbres e interrogantes que se plantean en relación con el futuro inmediato, en diversos puntos del planeta, esa palabra y ese concepto han vuelto a resurgir como una necesidad del colectivo social.

Etica y desarrollo constituyen un singular binomio -para nosotros indisoluble- mientras la hegemónica concepción economicista reciente, pretendió reducir e identificar la idea de desarrollo a la de "crecimiento económico"; visión que implicaba que economía y ética no tuvieran prácticamente puntos de contacto.

En la actualidad, con la distancia crítica respecto a debates y discusiones que datan de más de treinta años atrás, estamos en condiciones de recuperar en forma crítica y creativa esa noción de desarrollo y estamos en condiciones, a la vez, de explorar los múltiples puntos de contacto con el plano de lo ético.

Por cierto que ya en los años cincuenta el aporte innovador y original en el campo del pensamiento de figuras removedoras de las ciencias sociales, como lo fue el padre Louis Joseph Lebret, estaban levantando y promoviendo por toda América Latina la idea de la "Economía Humana" como una manera de enlazar los valores humanos esenciales con las interpretaciones y las propuestas de cambio económico y social. Y tengamos en cuenta que la influencia del pensamiento del padre Lebret y de la influencia ideológica de la escuela de la Economía Humana, no fue por cierto menor en la América Latina desde entonces, aunque no pocos casos se la observó con visible desdén desde ciertas posturas académicas y tecnocráticas.

Del mismo modo, el pensamiento desarrollista desde los primeros tiempos de CEPAL y la influencia del pensamiento de la escuela económica dependentista, así como de los aportes de las vertientes fuertemente críticas a la economía capitalista de inspiración socialista, confluyeron en la gestación de un pensamiento original en nuestra América. Vertientes todas, que desde un inicio procuraron conciliar desarrollo económico y desarrollo social con un fuerte componente ético.

Centrándonos en nuestra experiencia específica, la gestión municipal de la ciudad y el departamento de Montevideo en los últimos once años, particularmente la gestión social, ha procurado compatibilizar en la práctica, la estrecha y para nosotros ineludible interrelación que debe existir entre el sustrato ético que debe regular la acción política y, en general toda actuación pública, y las políticas públicas, entendidas éstas como políticas orientadas al desarrollo económico y social.

En los últimos años hemos venido reflexionando en forma sistemática acerca del concepto de "capital social" y su implicancia en los procesos de desarrollo.

El propio Bernardo Kliksberg ha venido manejando esta innovadora, sugerente y removedora categoría conceptual, en diversas publicaciones y comunicaciones a reuniones de carácter internacional a las que hemos tenido acceso.

De algún modo se viene reconociendo en forma creciente el papel decisivo y aún determinante que la articulación social y el acervo cultural desempeñan en todo lo relacionado con las expectativas y posibilidades de generar un proceso de desarrollo económico y social sostenible. Sostenible, en primer término, en su dimensión temporal y sostenible tanto en lo relacionado con su dimensión ambiental como en cuanto a su dimensión económica y social.

Estamos convencidos que es el campo de lo cultural el lugar en el cual se definen importantes cuestiones relacionadas con el desarrollo y con el bienestar de nuestras poblaciones.

Coincidimos con Elena Lasida, queremos explicitar que estamos convencidos que al analizar los problemas del desarrollo es necesario manejar el concepto de paradigma incremental, esto es, la integración o incorporación de nuevos elementos a los paradigmas existentes. Incorporación que supone, a juicio de la autora, la relación entre el pensamiento económico y la realidad; la incorporación de variables sociales y políticas y aún culturales en el análisis económico, así como supone también, incorporar la referencia ética en el análisis económico. Elena Lasida entiende que la cuestión ética se puede y se debe plantear en economía a partir de la propia lógica económica, y no desde una moral que la corrige desde fuera. Finalmente, concluye que el objetivo sigue siendo, al igual que hace cincuenta años, el pensar un "desarrollo integral", tal como lo planteaba CEPAL. Un desarrollo en el cual la reformulación de la lógica económica encuentre su exacto posicionamiento en forma conjugada con la imprescindible sensibilidad social.

En ese contexto de búsquedas y de encuentros relacionados con los paradigmas del desarrollo, es que en los años 90 asumen un especial y creciente protagonismo los gobiernos locales. Una realidad de alcance mundial que se ha puesto muy especialmente en evidencia en nuestra América Latina, donde los gobiernos y autoridades locales han asumido nuevos roles y juegan un papel determinante en los procesos de desarrollo.

Se trata de un proceso gestado y desarrollado en forma paralela a los procesos de "ajuste" económico, claramente regresivos en lo social, implantados a partir de los años 80. Tales procesos, que golpearon fuertemente a la mayoría de los países de nuestra América Latina, implicaron un difícil posicionamiento de todos los actores sociales.

De ese modo, la actuación a nivel local en muchas ciudades y municipios supuso el ensayo de la implementación de una de las posibles estrategias de enfrentamiento a ese modelo hegemónico: la articulación de actores sociales con gobiernos locales, generalmente de signo progresista, para desarrollar un "proyecto local" con fuerte énfasis en los componentes de política social.

En este camino estamos convencidos que no estamos solos, y que esta dirección de trabajo ha sido validada en diversos foros internacionales.

En la II Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos - Hábitat II (Estambul, 1996) se otorgó un papel central a los gobiernos y autoridades locales. En dicha instancia cumbre se llamó expresamente la atención sobre esta nueva y dinámica realidad y se le dio un nuevo impulso y validación, en la medida en que las resoluciones de la Conferencia comprometen a los gobiernos de todo el orbe.

En aquella oportunidad se destacó la creciente incumbencia de las autoridades y gobiernos locales en materia de política social e iniciativas de desarrollo local.

Tanto en la propia cumbre como en la Asamblea Mundial de Ciudades y Autoridades Locales (AMCAL) que la precedió, se destacaron los avances registrados a la fecha en la gestión de gobierno a nivel local y se valorizaron altamente algunas experiencias en particular, tales como la implementación de políticas sociales desde el ámbito local, la elaboración de los presupuestos en forma participativa o el trabajo conjunto con actores locales, con la sociedad civil y en particular con ONGs y organizaciones comunitarias.

En esa oportunidad, en los debates producidos y en los textos de las resoluciones se efectuó un respaldo explícito a la labor desplegada en las últimas dos décadas por parte de las autoridades y gobiernos locales y particularmente a su destacada actuación en relación con el mejoramiento de los asentamientos humanos.

Si todo lo anterior describe con propiedad un proceso que actualmente se encuentra en curso y que tiene alcance mundial, los mismos datos y las mismas afirmaciones asumen una específica validez para nuestros países americanos. En numerosos municipios y ciudades de nuestra América Latina se vienen consolidando estos procesos de protagonismo creciente de los gobiernos locales y la reivindicación por parte de los mismos de las imprescindibles transferencias de recursos de parte de los gobiernos nacionales, reivindicación que con frecuencia es soslayada o desatendida, generándose así diferentes modalidades de conflictividad o desentendimiento.

En este contexto es que estamos llevando adelante nuestra gestión de gobierno a nivel municipal.

Explicitamos que Montevideo es la capital de la República Oriental del Uruguay, la ciudad capital más austral del hemisferio Sur. Con una población de algo más de 1:360.000 habitantes, el departamento de Montevideo, con unos 520 km2, concentra un 44% de la población total del país, la mayor parte de las instituciones de gobierno (en tanto capital del país es sede del Poder Ejecutivo nacional, de sus Ministerios y del Parlamento, así como de la Suprema Corte de Justicia), más de dos tercios de la actividad industrial, los servicios, la casi totalidad de la educación superior y una buena parte de las actividades culturales y recreativas.

La ciudad de Montevideo constituye, a escala del Uruguay, una ciudad de porte metropolitano. 

Es el centro principal de una extensa y dinámica área metropolitana, que incluye una parte importante de los municipios vecinos y que concentra una población superior al millón y medio de personas.

En tanto responsables de la gestión municipal de la capital que a la vez es la mayor ciudad del país, nos consideramos responsables de trabajar por un Montevideo al servicio del país todo. Una aspiración que se vuelve prioritaria si además consideramos que Montevideo aspira a justo título a desempeñar un papel fundamental -quizás asumiendo la capitalidad- en el proceso de integración regional del cono sur de América que hoy se expresa en el Mercosur.

Nuestra gestión en el campo social está fundamentada en un programa de gobierno que expresamente fue convalidado por la ciudadanía, en el cual se enfatiza la lucha por la inclusión social y el desarrollo en un mismo nivel de jerarquización.

En más de una oportunidad hemos sostenido que las políticas sociales y culturales, y las actuaciones que en el campo municipal deban sustanciarse debían ser entendidas no sólo como políticas compensatorias de un modelo económico y social injusto sino también, y por sobre todo, políticas de desarrollo económico y social.

Las políticas sociales y culturales constituyen el eje vertebrador de nuestra gestión, en tanto apuntan a la médula de los problemas sociourbanos.

Esta concepción integral de las políticas sociales y culturales implementadas en Montevideo ha determinado que nuestra ciudad haya sido distinguida en el plano internacional tanto a nivel regional (somos coordinadores de la Unidad Temática de Políticas Sociales de la red de Mercociudades) como interregional (somos coordinadores de la Red temática nº 5 de Políticas Sociales Urbanas del proyecto URB-AL apoyado por la Unión Europea).

Para impulsar el mejor desarrollo de esas políticas se ha venido implementando en nuestra ciudad y nuestro departamento de Montevideo un proceso de descentralización municipal con activa participación social. 

Dicho proceso, iniciado en el año 1990, ha supuesto una división territorial en 18 zonas, en cada una de las cuales se ha instalado un órgano de gobierno local (Junta Local) y un órgano de participación social (Concejo Vecinal). Este último cuerpo, integrado por entre 25 y 40 vecinos a título individual, electos en actos eleccionarios abiertos, a través de la votación popular, posee las competencias de contralor de la actividad municipal, así como de iniciativa y propuesta y de cogestión de algunos de los programas descentralizados (generalmente programas sociales). Es a nivel de cada una de las zonas en que actúan estos Concejos Vecinales que nuestro equipo de gobierno procesa anualmente, en un ejercicio conjunto de construcción de un presupuesto en forma participativa, las prioridades de obras, servicios y programas sociales, conformando de este modo una síntesis de las aspiraciones de la población en cada ámbito zonal y las propuestas y posibilidades determinadas a nivel de la municipalidad. Se trata de un ejercicio profundamente democrático que se materializa a través del involucramiento en este proceso de análisis y debate público de varios miles de ciudadanos que dedican generosamente una parte relevante de su tiempo a tareas de claro beneficio comunitario.

Todo ello permite implementar los programas sociales en cada una de las zonas de Montevideo y en cada uno de los barrios de cada zona, con un importante nivel de involucramiento de la comunidad y un muy importante arraigo.

Nuestras prioridades se encuentran en los sectores sociales más vulnerables o menos favorecidos.

De este modo, estamos trabajando en la implementación de programas de salud (predominantemente preventivos), programas de capacitación y construcción de ciudadanías, de atención a grupos sociales específicos (niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres, personas con capacidades diferentes) que presentan necesidades y demandas particulares, programas de empleo, de mejoramiento barrial y de vivienda, de creación de empresas, de recreación y animación deportiva, de animación cultural, etcétera.

Por supuesto que una parte sustantiva de la inversión en infraestructuras que está realizando nuestra municipalidad también está dirigida a un claro mejoramiento urbano y ambiental que redunda en la elevación de la calidad de vida de estos mismos sectores sociales a los cuales apuntan las políticas referidas anteriormente. De estas obras nos interesa destacar los Planes de Saneamiento Urbano (actualmente están muy avanzados los trabajos del Plan III) apoyados financieramente por el Banco Interamericano de Desarrollo. El Plan de Saneamiento III constituye el proyecto de mayor envergadura apoyado por el BID en nuestro pais y el mayor monto de préstamo aprobado. Es un auténtico orgullo el señalar que estamos ejecutando el mismo dentro de los plazos y presupuestos previstos y que una vez culminadas las obras estas beneficiarán a la población de importantes barrios periféricos de nuestra ciudad, en los que se asientan sectores populares.

Concluiremos señalando que consideramos que todas estas actuaciones forman parte de una concepción de sociedad en la cual la imprescindible modernización se puede y se debe conjugar con la solidaridad y la equidad.

Muchas gracias.

El Intendente Arana pertenece al Frente Amplio, la principal fuerza política del país con el 40% de ciudadanos -según el resultado electoral de 1999, no llegando a superar la segunda vuelta electoral por poca diferencia frente a la derecha-, y cumplió el pasado 5 de febrero 30 años.

El FA fue el resultado de la unidad popular gestada en la década del 60 y de los partidos y movimientos que adhirieron a un programa transformador y antioligárquico asumido por sectores crecientes de la población. En su seno reune a las distintas fuerzas de izquierda, independientes y sectores de los partidos tradicionales Nacional y Colorado: Espacio 90 (Partido Socialista, Corriente Popular y Movimiento Socialista); Democracia Avanzada (Partido Comunista, Partido Obrero Revolucionario-troskista y Frente Izquierda de Liberación); Vertiente Artiguista (Izquierda Democrática Independiente y Artiguismo y Unidad); Movimiento de Participación Popular (ex guerrilleros del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, Partido Socialista de los Trabajadores-troskista e independientes); Alianza Progresista (Partido Demócrata Cristiano, ex nacionalistas y ex comunistas); y Asamblea Uruguay.

Sin representación parlamentaria: Movimiento 26 de marzo, Corriente de Unidad Frenteamplista, Movimiento Pregón y Unión Popular, Izquierda Abierta, Movimiento Popular Frenteamplista, Partido por la Victoria del Pueblo y Movimiento 20 de Mayo.

El FA gobierna desde 1990 el Municipio de Montevideo, la capital del país, por tercer período. En 1989 gana las elecciones por primera vez la izquierda en un municipio del Uruguay, siendo electo el socialista y médico oncólogo Tabaré Vazquez con el 35% del total de electores (en Uruguay las elecciones son obligatorias y participa más del 90% de los ciudadanos). En 1994, el FA vuelve a triunfar y se despega aún más de los partidos tradicionales en Montevideo, siendo electo el arquitecto Arana con el 45% de ciudadanos, siendo reelecto con el 68% del cuerpo electoral en las elecciones municipales del 2000, que se celebraron por primera vez separadas de las nacionales.

El FA fue fundado formalmente el 5 de febrero de 1971 con una sesión solemne en el Palacio Legislativo. En esa fecha culminaba un largo proceso de negociaciones y acuerdos unitarios entre los distintos sectores de la izquierda uruguaya.

La creación de cientos de Comités de Base por todo el país, dieron la garantía de la unidad y transformaron al FA en una coalisión de partidos y en un Movimiento a la vez, con una importante participación de las bases, genericamente hablando, en la toma de decisiones.

El FA fue la fuerza política que enfrentó más decididamente el golpe de Estado de junio de 1973. Sus sectores políticos y comités de base apoyaron la huelga general y ocupación de lugares de trabajo y centros de enseñanza, de los trabajadores nucleados en la CNT y los estudiantes, que por 15 días resistieron a los militares, y se transformaron en la base principal de la movilización del 9 de julio en el centro de Montevideo, que fue brutalmente reprimida. Allí se consolidaba la dictadura, pero también una identidad frenteamplista que traspasaba las fronteras de los diferentes grupos y del propio Frente Amplio.

El golpe de estado de 1973 y la dictadura consiguiente constituyeron el freno que la derecha encontró ante el avance popular que amenazaba sus intereses.

En la actualidad cuenta con una representación parlamentaria nacional de 12 senadores en 30 y 40 diputados en 99.

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Guillermo Font - ELECTRICISTA
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