¿Por qué el referéndum por ANCAP?

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por Sergio Pi
Vicepresidente de la Federación ANCAP
Revista Bitácora de La República 29 de mayo 2002

El fracaso de la política económica del gobierno de coalición es ya una verdad que alcanza a todos los sectores de la sociedad y la perspectiva presenta efectos negativos imposibles de medir. Sí son muchos los signos y voces que anuncian el quiebre total. Como por el fruto conocerás el árbol es, por lo menos, ingenuo pensar que las iniciativas del gobierno respecto al Estado y en particular a los entes industriales y comerciales no es parte de esa política. Hacer caja para cumplir disciplinadamente con el abatimiento del gasto público es esencial a esa política y el objetivo buscado con ANCAP.

Bastaría con esta verdad para que los uruguayos firmen por el referéndum de ANCAP. Pero quedarnos aquí podría parecerse a convalidar el nivel de argumentación de los defensores del proyecto. Estos repiten una y mil veces que los gremios defienden sus intereses corporativos, sin tomar en cuenta que otros sectores de la población más necesitados podrían beneficiarse de las reformas. Como campaña le suman a eso algunas mentiras, bien difundidas, sobre la actividad petrolera en nuestro país y sus costos. Esta campaña por cierto, no aporta al análisis y a la reflexión necesaria sobre un tema tan importante para el futuro de nuestro país.
Como Federación ANCAP, por el contrario, pretendemos que tengan eco en la población razones que en nada se parecen a un simple ejercicio de los plebiscitos.

Un futuro a evitar

En todos los países de América Latina y particularmente de la región, donde se desmonopolizaron y privatizaron las principales empresas del sector energía, resultaron en fracasos e importantes costos sociales. Las crisis energéticas de Brasil, Chile, Argentina y California; transferencia de miles de millones de dólares desde los consumidores hacia las trasnacionales; la concentración y ausencia de la proclamada libre competencia; aumentos importantes de los precios al consumidor; ausencia de inversiones; manipulación de mercados; incapacidad de los organismos de control ante el enorme peso de las empresas trasnacionales.
Es importante ver la realidad por estos días en los países vecinos. En Argentina se están dando importantes aumentos en las tarifas de los combustibles, reducción de inversiones, desabastecimiento de gasoil en momentos de zafra y los despidos de más de 10.000 trabajadores del petróleo. En Brasil los precios han aumentado sucesivamente y hoy están casi a la par con los de Uruguay.

La asociación propuesta

La Ley 17.448 (Desmonopolización y asociación con privados) y la importación de combustibles como política no son maneras creativas de transformación de ANCAP. Si se comparan con lo hecho en otros países resulta en una misma receta, repetida y fracasada. Son varias las razones para afirmar esto.

1. La ley no lleva al crecimiento de ANCAP sino a compartir las actuales ganancias y el mercado interno con un socio multinacional.
La ley no exige al socio que realice inversiones productivas ni comerciales. No le exige que aporte nuevos mercados para exportar. Pero ANCAP sí aportará las inversiones en curso en la Refinería por 160 millones de dólares, además de su patrimonio por 30 años.
Sin asumir riesgo alguno el socio se apropia de la mitad de la facturación actual de ANCAP, de mil millones de dólares al año.

2. La Ley otorga al socio multinacional la gestión y el gerenciamiento de la empresa, sin control efectivo por parte del Estado.
En el mundo entero cuando se procesa una asociación verdadera la gestión es compartida conforme a la composición de la sociedad, nunca se entrega a un socio la gestión absoluta.

En la compra de petróleo crudo podría darse una sobrefacturación, que de tan sólo 0,50 dólares por barril generaría una pérdida de unos 10 millones de dólares, sin que esto pueda ser controlado.

Como la Ley tampoco exige un nivel mínimo de refinación podría subutilizarse la refinería, para sustituir su producción por productos procesados en el exterior y en definitiva reducir la actividad.

Sería difícil controlar la defraudación fiscal, como ocurrió en otros países luego de las privatizaciones. ANCAP asegura al Estado por impuestos 400 millones de dólares anuales, destinados a las inversiones públicas, seguridad social, salud y educación.

Cuando el Estado pierde el control de las empresas energéticas pierde instrumentos efectivos de control social de la economía. El actual gobierno de Argentina intentó subir un 20% los impuestos a las multinacionales petroleras que actúan en ese país y que recibieron 4.500 millones de dólares de transferencia desde los consumidores. Estas se negaron y reaccionaron despidiendo a más de 10.000 trabajadores.
Uruguay nunca sufrió de desabastecimiento de combustibles ni adulteración de las naftas, tal como ocurrió en los países vecinos con gerenciamiento por parte de las multinacionales.

3. Esta ley no asegura que bajen los precios de los combustibles al consumidor.
La ley establece como meta bajar los costos de refinación, igualando el precio en refinería a un valor de referencia, que no queda claro cuál es. Pero nada dice la misma de cómo será el precio al consumidor.

En Argentina y otros países se desmonopolizó y privatizó, se refina más barato pero esa rebaja no llega al consumidor porque las multinacionales incrementaron sus ganancias en la distribución y comercialización. Ellas fueron las únicas que ganaron. En Brasil, el 1º de enero del 2002, el gobierno bajó los precios en las refinerías un 25% pero las distribuidoras, que compran los combustibles ahora más barato, no trasladaron esas rebajas en las tarifas.

Es importante tener en cuenta cuál es la estructura del precio final al consumidor.
Cada $ 100 que paga el consumidor final promedio (de gasolinas, gasoil y fueloil):
- el costo ANCAP propiamente dicho es de 10 % ;
- el costo del petróleo es el 40 % ;
- lo que cuesta la distribución (que está cargo de privados y Ducsa) es 13%;
- lo que percibe el Estado por la vía de impuestos es el 37%.

El porcentaje por impuestos es muy importante. Si en realidad hubiera preocupación por bajar el precio al consumo de los combustibles, el camino a seguir es rebajar el impuesto. En la búsqueda de recursos alternativos para poder atender el Estado las jubilaciones, salud y educación la única opción es la reforma del sistema tributario. El actual sistema, desigual e impopular, basado en los sueldos y el consumo, deberá ser transformado si el Estado pretende nivelar sus cuentas fiscales y a la vez mantener una economía competitiva.

4. La ley le da total discrecionalidad al Directorio de ANCAP para decidir el futuro de la empresa.
La ley deja muchos huecos en la definición de aspectos claves del futuro negocio. Le da un cheque en blanco al Directorio de ANCAP, presidido actualmente por quien al inicio de su gestión ya anunció su voluntad de eliminar la refinería y entregar el negocio a alguna multinacional. Algunos de esos aspectos son: la selección del socio, los planes de negocio, metas y objetivos.

La selección del socio, mediante una licitación, se hará al mejor postor. Ofertando exclusivamente un mero aporte económico sin considerar las inversiones, planes de negocio, los que quedarán a entera discrecionalidad del socio. En la negociación de una asociación, como hace cualquier empresa del mundo, lo que se prioriza al momento de elegir un socio es la estrategia del negocio, es el plan de negocios con una visión de mediano y largo plazo.

Campaña mentirosa contra ANCAP

Esa triste cadena de frivolidad y soberbia evidenciada por el gobierno en el tratamiento de temas vitales para el país, tiene un eslabón particular con Ancap. Todo el discurso público, funcional a su política, se ha basado en unos pocos elementos lanzados como grandes tesis y no responder luego a las impugnaciones hechas con datos y argumentos ciertos. Veamos algunos ejemplos:

1. La refinería le resta valor a ANCAP.
El Citibank, asesor en el proceso de asociación con empresas internacionales (al que estaría vinculado directamente el presidente del ente, según denuncias realizadas en la prensa), presentó un informe al Poder Ejecutivo en el que concluye que la refinería no genera ganancias y le resta valor a ANCAP en la negociación. Lo cierto es que la consultora se basó en errores de concepción del negocio y de cálculo inconcebibles para quien se presentó como experto en el negocio petrolero. Si se ajustan los graves errores cometidos, no hay una pérdida sino una ganancia de unos 200 millones de dólares. La diferencia es significativa.
El gobierno pasó del dramatismo al silencio una vez que el informe fue desmentido públicamente. Resulta evidente que el objetivo es eliminar la refinería y que la consultora internacional manipula sus conclusiones, alinéandose con ese objetivo.

2. El costo de refinación en el país.
Se dijo temerariamente que el costo de refinación era de 11 dólares el barril, mientras en la región era de entre 3,5 y 4 dólares el barril. Esto haría que la ineficiencia de la refinería le costara al país unos 190 millones de dólares más que si no refinara.
La realidad es que el costo de refinería en Uruguay es de 3,67 dólares por barril.
El discurso afirma que ANCAP es ineficiente pero el proceso vivido por el ente en los últimos años muestra indicadores en un sentido contrario. Los atrasos tecnológicos se están superando mediante la modernización de la refinería; en la mejora de la gestión, por la vía de un mejor aprovechamiento de los recursos, en el año 2001 se redujeron sus costos en 5 millones de dólares y otro indicador es el crecimiento de la productividad del trabajo, que aumentó 104% entre 1993 y 2000.

3. Importar combustibles asegura bajar los precios al público.
Erróneamente se comparan los precios en refinería de otros países de la región con el de Uruguay. El precio en estos países no es el precio que deberían pagar los consumidores uruguayos en caso de que se importaran los combustibles. Se deben manejar precios internacionales y además los combustibles deben ser cargados, transportados al Uruguay, descargados, almacenados y transportados a las plantas de distribución, más los costos de internación. Hay costos para operar terminales y plantas de almacenaje y entrega, costos por el mantenimiento de stock mínimo, ganancias del importador, impuestos directos y otros.
Sumando todo, por ejemplo, en el caso del gas oil los precios se encarecerían entre un 5,8% y un 15% y para el promedio de todos los productos el encarecimiento sería entre 2,5% y 9%.
Además, si el país adoptara la importación como política, sería totalmente dependiente de los juegos de precios de las multinacionales. La experiencia muestra que en situación de dependencia los precios suben. Y el país se queda sin alternativa.

4. El monopolio perjudica a los consumidores uruguayos.
La industria petrolera tiene características no competitivas y una tendencia histórica a la captación de ganancias monopólicas. El argumento principal de los desmonopolizadores es que al promover la competencia se logra una caída de precios. Pero la evidencia histórica lo desmiente. Los monopolios públicos se transforman en monopolios privados multinacionales, con empresas de un alto poder de mercado y una absoluta desprotección de los consumidores. Sin mirar atrás ni lejos, tenemos el ejemplo de Uragua, que castiga a los pobladores de Maldonado con precios abusivos y mala calidad del servicio.

El camino válido para definir el futuro de ANCAP

La necesaria transformación del sector energía en nuestro país, debe ser pensada hacia el país productivo (para lo que existen alternativas) y sobre todo debe surgir de sólidos acuerdos, a partir de un proceso abierto y continuo de búsqueda de consensos entre los sectores políticos, económicos y sociales involucrados.

Este no fue el camino seguido para decidir el destino de ANCAP. Se resignaron esos consensos con la aprobación de esta ley por mayoría simple y no se respetó la Constitución de la República, la que en su artículo 188 dicta mayorías especiales de las cámaras para introducir capital privado en un ente estatal.

La única alternativa posible para devolver a todos los uruguayos la decisión sobre el destino de los entes públicos, recurriendo a la Constitución, es el referéndum para derogar esta ley.

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