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Por un
Uruguay productivo
Derogar la Ley
17.448
de Desmonopolización
y Asociación de
ANCAP
Federación de funcionarios de ANCAP (FANCAP)
El
actual modelo económico impulsado por el gobierno de coalición se cae día a día.
Y a pesar de que son muchos los signos y voces que anuncian el quiebre total,
sus conductores siguen, a la deriva, abrazándolo hasta el final. Sordos y ciegos
a la realidad de los países vecinos, a la paralización del aparato productivo,
al desempleo creciente, a una
situación de crisis que incluso se cierne sobre el único
sector privilegiado por esta política: el financiero. El sistema cambiario,
principal herramienta de “estabilización” de la economía, se ha convertido en
elemento central del desequilibrio actual.
Pero lo cierto es que no pudieron ignorar a esa conjunción histórica de organizaciones muy diversas, representativas del trabajo y la producción nacional que se dieron cita en el Obelisco de los Constituyentes el día 16 de abril pasado, para reclamar el cambio de rumbo. Una jornada cívica de enorme dimensión, con una amplia difusión internacional. La amplia convocatoria y el cauce que le da a la insatisfacción general es una fuerte razón para que el gobierno y la coalición entiendan que no es posible continuar con su política. Es claro que se debe profundizar ese camino, con el norte en cómo transformar ese enorme potencial en fuerza de cambio real en el país. Habiendo muchos diagnósticos y propuestas de soluciones, el movimiento popular debe impulsar aquellas propuestas de soluciones que sean compartidas por las grandes mayorías, sin renunciar por ello a sus postulados.
El proyecto del gobierno y de la coalición sobre la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y (cemento) Portland (ANCAP), la ley que desmonopoliza sus actividades y habilita una asociación que no le sirve al país, es parte del modelo económico aplicado. Por eso la campaña en defensa de ANCAP debe reconocerse naturalmente como una respuesta más al proyecto global en crisis. Por eso proponemos alternativas a ese proyecto en la única dirección viable, la de un país productivo.
La energía es un servicio esencial para la vida cotidiana y el Estado debe asegurar el acceso a ella a toda la población.
Por ello la necesaria transformación del sector energía en nuestro país, debe surgir de sólidos acuerdos, a partir de un proceso abierto y continuo de búsqueda de consensos entre los sectores políticos, económicos y sociales involucrados.
Este no fue el camino seguido para decidir el destino de ANCAP. Se resignaron esos consensos con la aprobación de esta ley por mayoría simple y no se respetó la Constitución de la República, la que en su artículo 188 dicta mayorías especiales de las cámaras para introducir capital privado en un ente estatal.
La única alternativa posible para devolver a todos los uruguayos la decisión sobre el destino de los entes públicos, recurriendo a la Constitución, es el referéndum para derogar esta ley.
En todos los países de América Latina y particularmente de la región, donde se desmonopolizaron y privatizaron las principales empresas del sector energía, resultaron en fracasos e importantes costos sociales. Las crisis energéticas de Brasil, Chile, Argentina y California; transferencia de miles de millones de dólares desde los consumidores hacia las trasnacionales; la concentración y ausencia de la proclamada libre competencia; aumentos importantes de los precios al consumidor; ausencia de inversiones; manipulación de mercados; incapacidad de los organismos de control ante el enorme peso de las empresas trasnacionales.
Es importante ver la realidad por estos días en los países vecinos. En Argentina se están dando importantes aumentos en las tarifas de los combustibles, reducción de inversiones, desabastecimiento de gasoil en momentos de zafra y los despidos de más de 10.000 trabajadores del petróleo. En Brasil los precios han sumentado sucesivamente y hoy están casi a la par con los de Uruguay.
La Ley 17.448 (Desmonopolización y asociación con privados) y la importación de combustibles como política no es una manera creativa de transformación de ANCAP. Si se comparan con lo hecho en esos países resulta en una misma receta, repetida y fracasada. Son varias las razones para afirmar esto.
La ley no lleva al crecimiento de ANCAP sino a compartir las actuales ganancias y el mercado interno con un socio multinacional.
La ley no exige al socio que realice inversiones productivas ni comerciales. No le exige que aporte nuevos mercados para exportar. Pero ANCAP sí aportará las inversiones en curso en la Refinería por 160 millones de dólares, además de su patrimonio por 30 años.
Sin asumir riesgo alguno el socio se apropia de la mitad de la facturación actual de ANCAP, de mil millones de dólares al año.
De los aportes de ANCAP al Estado, un promedio anual de 400 millones de dólares, vierte de forma directa a Rentas Generales unos 30 millones de dólares.
La Ley otorga al socio multinacional la gestión y el gerenciamiento de la empresa, sin control efectivo por parte del Estado.
En el mundo entero cuando se procesa una asociación verdadera la gestión es compartida conforme a la composición de la sociedad, nunca se entrega a un socio la gestión absoluta.
En la compra de petróleo crudo podría darse una sobrefacturación, que de tan sólo 0,50 dólares por barril generaría una pérdida de unos 10 millones de dólares, sin que esto pueda ser controlado.
Como la Ley tampoco exige un nivel mínimo de refinación podría subutilizarse la refinería, para sustituir su producción por productos procesados en el exterior y en definitiva reducir la actividad.
Sería difícil controlar la defraudación fiscal, como ocurrió en otros países luego de las privatizaciones. ANCAP asegura al Estado por impuestos 400 millones de dólares anuales, destinados a las inversiones públicas, Seguridad Social (jubilaciones, pensiones, seguro de paro,seguro de enfermedad, asignaciones familiares ), salud y educación.
Cuando el Estado pierde el control de las empresas energéticas pierde instrumentos efectivos de control social de la economía. El actual gobierno de Argentina intentó subir un 20% los impuestos a las multinacionales petroleras que actúan en ese país y que recibieron 4.500 millones de dólares de transferencia desde los consumidores. Estas se negaron y reaccionaron despidiendo a más de 10.000 trabajadores.
Uruguay nunca sufrió de desabastecimiento de combustibles ni adulteración de las naftas, tal como ocurrió en los países vecinos con gerenciamiento por parte de las multinacionales.
Esta Ley no asegura que bajen los precios de los combustibles al consumidor.
La Ley establece como meta bajar los costos de refinación, igualando el precio en refinería a un valor de referencia, que no queda claro cuál es. Pero nada dice la misma de cómo será el precio al consumidor, el que le llega al productor, al transportista, al automovilista.
En Argentina y otros países se desmonopolizó y privatizó, se refina más barato pero esa rebaja no llega al consumidor porque las multinaciones incrementaron sus ganancias en la distribución y comercialización. Ellas fueron las únicas que ganaron. En Brasil, el 1º de enero del 2002, el Gobierno bajó los precios en las refinerías un 25% pero las distribuidoras, que compran los combustibles ahora más barato, no trasladaron esas rebajas en las tarifas.
Es importante tener en cuenta cuál es la estructura del precio final al consumidor.
Cada $ 100 que paga el consumidor final promedio (de gasolinas, gasoil y fueloil):
el costo ANCAP propiamente dicho es de 10 %
el costo del petróleo es el 40 % ;
lo que cuesta la distribución (que está cargo de privados y Ducsa) es 13%;
lo que percibe el Estado por la vía de impuestos es el 37%.
El porcentaje por impuestos es muy importante. Si en realidad hubiera preocupación por bajar el precio al consumo de los combustibles, el Gobierno podría rebajar el impuesto. En la búsqueda de recursos alternativos para poder atender el Estado las jubilaciones, salud y educación la única opción es la reforma del sistema tributario. El actual sistema, desigual e impopular, basado en los sueldos y el consumo, deberá ser transformado si el Estado pretende nivelar sus cuentas fiscales y a la vez mantener una economía competitiva.
Como lo muestran los casos de Argentina, Chile, Brasil, otros países de América Latina, España y Australia entre otros, luego de la desregulación y privatización no se produce una caída de precios al consumidor, sino un aumento más o menos significativo de las ganancias que apropian los sellos trasnacionales. En Argentina aumentaron más de un 100%; Guatemala un 44%; Chile más de un 40%; Brasil más de un 30%; Colombia los precios de la nafta aumentaron 28%. Esto es consecuencia de que la industria petrolera tiene características no competitivas y una tendencia histórica a la captación de ganancias monopólicas. El argumento principal de los desmonopolizadores es que al promover la competencia se determina una caída de precios. La evidencia histórica lo desmiente. Los monopolios públicos se transforman en monopolios privados multinacionales, con empresas de un alto poder de mercado y una absoluta desprotección de los consumidores. Sin mirar atrás ni lejos, tenemos el ejemplo de URAGUA, que castiga a los pobladores de Maldonado con precios abusivos y mala calidad del servicio.
La Ley le da total discrecionalidad al Directorio de ANCAP para decidir la suerte de la empresa.
La ley deja muchos huecos en la definición de aspectos claves del futuro negocio. Le da un cheque en blanco al Directorio de ANCAP, presidido actualmente por quien al inicio de su gestión ya anunció su voluntad de eliminar la refinería y entregar el negocio a alguna multinacional. Algunos de esos aspectos son: la selección del socio, los planes de negocio, metas y objetivos.
La selección del socio, mediante una licitación, se hará al mejor postor. Ofertando exclusivamente un mero aporte económico sin considerar las inversiones, planes de negocio, los que quedarán a entera discrecionalidad del socio. En la negociación de una asociación, como hace cualquier empresa del mundo, lo que se prioriza al momento de elegir un socio es la estrategia del negocio, es el plan de negocios con una visión de mediano y largo plazo.
Cuando estas decisiones quedan en manos de un Directorio, actuando sin los controles debidos, sin debate e información a nivel parlamentario y general, se cierran negocios como en el caso de ANCAP en Argentina (PetroUruguay y con Sol Petróleo), que pueden determinar pérdidas importantes para el país. Sería también una nueva violación a los debidos controles si ahora el Directorio de ANCAP resolviera regalar o mal vender los negocios en Argentina.
Las contradicciones entre lo prometido y lo que realmente cumple la coalición de gobierno son evidentes. Se está realizando exactamente lo contrario a lo planteado en la campaña electoral. Un capítulo aparte es la promesa de reducir y hasta suprimir las sobretasas del impuesto a los sueldos. Ante cada crisis financiera lo aumentan. Lo mismo ocurre con las tarifas de las empresas públicas.
Ahora se inicia una campaña respecto a ANCAP y se recure a más de lo mismo, la mentira.
La primera del gobierno es que su objetivo a través de la Ley es potenciar ANCAP, obtener mercados en el exterior y mantener la refinación en el Uruguay. Queda en evidencia el proyecto original del gobierno cuando, ante el lanzamiento del referéndum, el Presidente Batlle amenaza con la libre importación de combustibles y eliminar la refinería.
La refinería le resta valor a ANCAP
El Citibank, asesor en el proceso de asociación con empresas internacionales, presentó un informe al Poder Ejecutivo en el que concluye que la refinería no genera ganancias y le resta valor a ANCAP en la negociación. Dichas conclusiones, cuestionadas por los gerentes y técnicos de ANCAP en marzo de este año, fueron tomadas por el Ministro de Industria y Energía en declaraciones a la prensa. Lo cierto es que la consultora se basó en errores de concepción del negocio y de cálculo inconcebibles para quien se presentó como experto en el negocio petrolero. Considera menores ingresos y mayores costos que los reales. Si se ajustan los graves errores cometidos, en comparación con precios de paridad de importación, no hay una pérdida sino una ganancia de unos 200 millones de dólares. La diferencia es significativa. Resulta evidente que el objetivo es eliminar la refinería y es grave que la consultora internacional manipule conclusiones, alinéandose con ese objetivo.
Un elemento falso que se ha manejado es el costo de refinación de tiene el país.
Se dijo temerariamente que el costo de refinación era de 11 dólares el barril, mientras en la región era de entre 3,5 y 4 dólares el barril. Esto haría que la ineficiencia de la refinería le costara al país unos 190 millones de dólares más que si no refinara.
La realidad es que el costo de refinería en Uruguay es de 3,67 dólares por barril.
El proceso vivido por ANCAP en cuanto a cantidad de funcionarios y niveles de productividad puede conocerse a través de las siguientes cifras:
en el año 1990 la cantidad de trabajadores era 6.000 y en el 2002 se reduce a 2.500;
tomando como base el año 1993 la productividad de ANCAP, calculada como metros cúbicos vendidos por persona empleada, aumentó en el año 1999 en 245%.
Otra falsa afirmación es que importar combustibles asegura bajar los precios al público.
Erróneamente se comparan los precios en refinería de otros países de la región con el de Uruguay. El precio en estos países no es el precio que deberían pagar los consumidores uruguayos en caso de que se importaran los combustibles. Se deben manejar precios internacionales y además los combustibles deben ser cargados, transportados al Uruguay, descargados, almacenados y transportados a las plantas de distribución, más los costos de internación. Hay costos para operar terminales y plantas de almacenaje y entrega, costos por el mantenimiento de stock mínimo, ganancias del importador, impuestos directos y otros.
Si el país adoptara la importación como política, sería totalmente dependiente de los juegos de precios de las multinacionales. La experiencia muestra que en situación de dependencia los precios suben. El país se queda sin alternativa. Para demostrarlo se puede tomar un ejemplo con un producto que ANCAP tiene que importar estacionalmente: el supergás (gas licuado de petróleo). Cuando ANCAP lo produce y puede abastecer la demanda interna, este producto le es ofrecido a precios competitivos (aproximadamente 250 dólares la tonelada). Y cuando ANCAP no alcanza a abastecer la demanda y depende de la importación se lo cobran más caro que el de producción de ANCAP (350 dólares la tonelada).
Según informes elaborados por técnicos de ANCAP resulta más barato refinar que importar:
En el caso de que se importara manteniendo las estructuras de ANCAP, a precios en refinería en Argentina en febrero de 2002, resulta un costo mayor que refinar en 66 millones de dólares.
En el caso de un importador independiente, eliminando las estructuras de ANCAP y manteniendo los niveles de recaudación del Estado (por ganancias, sobretasas por impuestos y aporte patronal, IVA no deducible), a precios en refinería en Argentina en febrero de 2002, resulta un costo mayor que refinar en un 2,5%.
La opción es entre los intereses de 2.500 funcionarios y 3 millones de uruguayos.
El Presidente Batlle sentenció que los diferentes puntos de vista respecto a ANCAP se expresaban en los intereses de sus 2.500 funcionarios, enfrentados a los de 3 millones de uruguayos.
Pero a la vez se pregona como un beneficio más de la Ley, la reserva del cargo público a los funcionarios de ANCAP. Por lo tanto no están en juego los puestos de trabajo. La verdadera contradicción está entre 3 millones de uruguayos y un grupo de accionistas y directores de multinacionales.
Se deben buscar caminos alternativos a la Ley y la importación de combustibles. Para que ANCAP se transforme, tecnológicamente y en su gestión, para su crecimiento y así generar mayores ganancias al país, mejore la calidad de la producción y reduzca los precios de los combustibles.
La transformación de ANCAP debe sostenerse en condiciones tales como:
Objetivos en consonancia con una política energética de Estado, inexistente hoy, estableciendo una alianza estratégica que incluya a ANCAP, UTE y Salto Grande y que podría adoptar la forma de una asociación de la Energía (electricidad, combustibles y gas natural).
Asegurar el carácter de servicio público de la energía, que implica su acceso universal por parte de la población, abastecimiento ininterrumpido a todo el país, a precios únicos a nivel nacional.
Rebajar la carga impositiva a los combustibles a partir de la reforma del sistema tributario actual.
Consolidar el mercado interno y aumentar los mercados de la empresa para ganar más y volcar esas ganancias en la rebaja de los precios.
Continuar adaptando la refinería en escala y calidad.
Continuar con la mejora de la gestión y mejor aprovechamiento de los recursos utilizados. ANCAP en el año 2001 por esta vía logró bajar sus costos en 5 millones de dólares (cifra confirmada por consultoras internacionales).
Realizar los cambios necesarios en la actual reglamentación de las empresas públicas, que permitan una gestión más ágil y más barata, particularmente en la gestión de compras.
Precios preferenciales para los sectores productivos.
Fondo de compensación destinado a amortiguar los efectos de la inestabilidad de los precios internacionales del petróleo.
Desarrollar la producción de energéticos, como puede ser el biodiesel, para sustituir parte de la importación de gasoil y depender en menor medida de la importación de petróleo. Para sustituir el 20% del consumo de gasoil es necesario cultivar 400.000 hectáreas de girasol, generando solo en el agro 8.000 empleos nuevos, además de nuevos empleos en la producción industrial, en aceiteras, en el transporte y en la distribución. Además tiene ventajas ambientales.
Asegurar que los organismos de control del Estado puedan efectivamente controlar todas las actividades.
Definir por ley el marco regulatorio del sector energético con la debida claridad y a partir del debate previo y público con la participación de todos los sectores involucrados. Dicha regulación determina aspectos como la fijación de precios finales, la relación entre los distintos actores del negocio, normas para la distribución, subsidios a ciertos productos, precios únicos a nivel nacional y otros temas importantes.
Eliminar ineficiencias y costos innecesarios. Transformar las estructuras y funciones de las distintas áreas de la empresa para superar el clientelismo, el corporativismo y el uso ineficaz de los recursos.
Política de compra de petróleo crudo promoviendo el canje por exportaciones de productos nacionales. El país importa petróleo por una cifra superior a los 200 millones de dólares por año.
Utilizar el poder de compra de las empresas públicas energéticas con un sentido estratégico (en el caso de ANCAP el nivel de compra de bienes y servicios es de 1.000 millones de dólares), que contribuya al desarrollo de industrias nacionales, como la metalúrgica, la electrónica, la del software y otras, y al desarrollo de capacidades tecnológicas dentro del país, mediante el estímulo a la investigación.
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