autogestión vecinal

Gobiernos locales, descentralización y participación ciudadana en Montevideo
Seminario 10 años de descentralización: un debate necesario

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La compleja tarea de simplificar
la ingeniería de la descentralización

Politóloga María Elena Laurnaga
Coordinadora del Area de Estudios Municipales del Instituto de Ciencia Política
Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de la República


La evaluación del proceso de descentralización que la Intendencia Municipal de Montevideo ha iniciado con la investigación que hoy se pone a consideración así como con este proceso de consulta ciudadano que se inaugura, expresa una voluntad política coherente con los fundamentos que dieron lugar a ese mismo proceso. Los comentarios que aquí se realizan toman algunos aspectos del documento de base como elemento disparador más vinculados a mi práctica profesional, pero no pueden ni pretenden abarcar la amplitud y riqueza del documento. Se opta por analizar algunos aspectos incluidos en ese amplio estudio y se articula con opiniones y percepciones respecto a la experiencia de la descentralización que privilegia una lectura en lo que hemos denominado "clave política" para sumar a las diversas perspectivas y lecturas que esta iniciativa ya ha generado en la ciudadanía de Montevideo. 

A los resultados esperados de esta iniciativa del gobierno municipal y a la ya rica respuesta de la gente, hay que agregar el valor en sí mismo que tiene esta convocatoria. Independientemente de la adscripción político partidaria de cada uno en relación al partido de gobierno, es necesario señalar y reconocer la magnitud de esta apuesta y el "riesgo político" asumido por el Departamento de Descentralización y el equipo del Arq. Arana de abrir un debate sobre un tema complejo en un contexto donde hay sensibilidades expuestas: de los funcionarios con el elenco de gobierno, del propio gobierno municipal en relación al gobierno nacional, de los vecinos en relación a una gestión que tiene que procesarse en un contexto de restricciones y crisis fiscal. Se requiere suficiente autoconfianza de parte del actor político para convocar y generar este espacio de debate y revisión del formato político institucional de la descentralización que tiene un significado simbólico por demás central en la configuración del perfil de gobierno de la izquierda en Uruguay. Sin dudas no todos los gobiernos lo pueden hacer después de 10 años de gestión.

Una lectura en clave política para revisar el proceso de descentralización

El documento presenta un texto muy valioso, empezando por el esfuerzo de dar insumos para entender el contexto actual y fundamentalmente, la magnitud de los cambios que se han dado entre 1990 (año en que la izquierda asume el gobierno de Montevideo, quebrando allí la histórica alternancia blanca y colorada) y este año 2001 cuando se encuentra transitando su tercer período de gobierno.

En este análisis del contexto que el documento realiza es de destacar la referencia al as nuevas formas de "socializar" y los cambios procesados en esta materia, es decir la referencia a algo más que la socialización: se refiere a los cambios donde se construyen los vínculos, las referencias, y por lo tanto las imágenes con quienes los sujetos constituyen un colectivo. Esto está profundamente afectado por los elementos que se plantean muy adecuadamente en el documento.

El rol del municipio en un contexto de crisis

Esta cuestión interpela a todos los gobiernos locales y municipales de la región. La crisis en sus distintas dimensiones, - explicada tanto por factores exógenos como la globalización o la inserción en un mercado mundial fundamentalmente, como por factores endógenos que se analizan también en el documento,- afecta e impacta sin duda sobre el rol del municipio. Esto implica que un gobierno municipal tiene que redefinir hoy, para el 2001, aquellos roles para los que tiene competencia específica y aquellos otros que no le competen formalmente pero que tiene que desarrollar igual. Ahí se establece una racionalidad de la gestión de gobierno que es necesario tener en cuenta: qué cosas tiene que hacer la Intendencia de Montevideo y que no, pero más allá de la definición formal de su rol, qué cosas efectivamente tiene que asumir por responsabilidad social compartida, generada o delegada. 

En este sentido, vale la pena señalar la inadecuación que la investigación realizada demuestra entre la magnitud de lo que la IMM hace en materia de políticas sociales y la escasa visibilidad de estas políticas en la percepción que la ciudadanía tiene de ellas. Esto tiene que ver con que la IMM difunde mal lo que hace, o lo difunde en forma insuficiente según lo que se ha señalado reiteradamente desde la propia Intendencia Municipal, diagnóstico que es compartible. Pero también es cierto que la gestión municipal de políticas que formalmente son nacionales tiende a diluir el protagonismo de la Intendencia en la materia. En Uruguay el sistema de políticas sociales es de competencia nacional y ocupa un lugar central en el imaginario de la "nación" , lo que contribuye a que la gente no tenga muy claro si la oferta de servicios en esta materia es municipal o nacional; no tiene una clara idea respecto a cuánto del presupuesto municipal se vuelca a políticas sociales, o cuánto significa el aporte del municipio a organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil que contribuyen a la gestión de políticas sociales de corte nacional pero territorialmente localizadas en este departamento. El municipio aporta recursos para la política social nacional, en términos de cobertura de los déficit que el sistema tiene, pero también aporta a la sociedad civil en un conjunto de iniciativas de co-gestión ciudadana que complementan este mismo sistema nacional. 

Por lo tanto, una tarea de gobierno de los ciudadanos en un modelo de gestión participativa es también la búsqueda de información e insumos que le permitan calificar y cuantificar la inversión que hace la Intendencia en políticas de corte nacional. En el caso de las políticas sociales, como adecuadamente plantea el documento de base, este análisis no deber plantearse solamente en términos de costo-beneficio, sino en una ecuación de costo-eficiencia que implica necesariamente una valoración política. Esta tarea entonces de generación, difusión o búsqueda de información es una tarea política en si misma, necesaria a la hora de tomar decisiones. 

En este orden, otra tarea política de la ciudadanía en este modelo de gestión participativa que el gobierno municipal de Montevideo ha planteado, es la construcción de un discurso que valore el criterio costo - eficiencia en materia de políticas públicas, que se contraponga al criterio hegemónico en el discurso más corriente de costo-eficacia. Recientemente el Dr. Tabaré Vázquez en el seminario sobre reforma de los servicios públicos que organizó el Centro de Estudios Estratégicos 1815,- demandaba este criterio.

Los cambios en el sistema de partidos y el gobierno de la ciudad

Un segundo elemento en clave política a destacar, que aparece escasamente señalado en el documento de base, es la relación de los cambios procesados en la estructura político-partidaria del país en los últimos años y su vínculo con el gobierno de la ciudad.

Hubo una reforma política consolidada por la reforma constitucional de 1997, que establece en su ingeniería diversos dispositivos referidos a la descentralización como objetivo político. Pero fundamentalmente esa reforma generó una transformación importante en el sistema de partidos y en la lógica de competencias del sistema de partidos. No es lo mismo gobernar en el año 1990 o incluso en 1994, que gobernar una ciudad (desde un gobierno de cualquier color partidario) en un escenario de polarización política que no está vinculado a una radicalización de la ciudadanía y los electores sino más bien a la lógica de competencia que los aspectos electorales de la reforma instala. Este escenario de polarización política tiene dos particularidades importantes: la crisis, que hace que gane quien gane todos tengan que resolver problemas generales (lo que se traduce en propuestas programáticas que bajan el perfil ideológico tendiendo al centro, eludiendo los extremos) y por otro lado, la novedad de la consolidación de la izquierda como primera fuerza política nacional. 

Estos aspectos son relevantes en la medida que no es lo mismo para el ciudadano que no es de izquierda aceptar o no aceptar la oferta de un modelo de participación ciudadana en un contexto más equitativo de peso político-electoral, que integrarse o no a un modelo de gestión como el actual en este escenario de polarización. Algo cambió para los otros partidos, y me atrevería a sostener la hipótesis de que este escenario hegemónico de la izquierda en Montevideo generará un efecto de mayor disposición de los partidos tradicionales a participar en los espacios de gestión ciudadana al que resistieron en los primeros períodos del gobierno descentralizado de Montevideo. 

Los ciclos de gobierno

Otro elemento de contexto a jerarquizar es el tema de los ciclos de gobierno. No es lo mismo un gobierno que recién nace - la infancia -, que un gobierno maduro; no es lo mismo el desempeño y los criterios de gestión que se proponen hacia afuera de la fuerza política que gobierna que hacia el interior de la propia fuerza política. 

Los criterios de legitimidad a los que apeló la propuesta política de la izquierda en 1990 eran sustancialmente distintos de los actuales. En primer lugar, el discurso estaba orientado al ciudadano de Montevideo para convencerle de que no iba a producirse ninguna debacle, en un intento por reconstruir un sentimiento que en el imaginario social tenía sus adherentes, provocado por la incertidumbre frente a la novedad de la izquierda en el gobierno. En segundo lugar, la apelación del discurso hacia adentro de la colectividad de izquierda era de exaltación militante, como recurso para dar contenidos, sentido y consistencia a una propuesta de gobierno que constituía el perfil diferenciador del nuevo elenco pero que tenía por delante el desafío de traducirse en productos concretos de gobierno. 

En este ciclo de madurez de la izquierda que comienza su tercer período de gestión, es sustancialmente diferente el posicionamiento del elenco de gobierno hacia la ciudadanía y hacia la propia estructura militante del Encuentro Progresista-Frente Amplio. Debe cambiar así el referente de legitimidad al que se convoca a los ciudadanos no frentistas, ya que la referencia al "miedo de la izquierda", a la inevitabilidad de la crisis política o al riesgo de la ruptura institucional ya no encuentra el mismo predicamento que en 1989: la cultura de izquierda deja de ser novedosa para pasar a constituir una "tradición"; la convivencia nacional - departamental fue posible y no generó fracturas democráticas o crisis institucionales; y al mismo tiempo, el porcentaje de adhesión electoral de este tercer gobierno demuestra que la ciudadanía de otras tradiciones políticas admite la eficacia de la izquierda para ejecutar gobierno así como confía en la articulación de los canales de convivencia con el gobierno nacional hasta ahora demostrados. 

Esto genera factores de mayor permeabilidad y disponibilidad de los otros partidos a participar hoy en el formato descentralizado que el gobierno municipal estableció, ya sea desde la lógica política (Juntas Locales) o desde la lógica ciudadana (Concejos Vecinales). 

Pero también es diferente hacia adentro de la ciudadanía de izquierda y de los cuadros militantes de este conglomerado

La imagen corporativa que ha trabajo la IMM estos años ha correspondido de alguna manera a esta realidad. La imagen de "Montevideo tu casa" es una apelación a mirar hacia adentro, a construir adentro para hacer habitable el espacio urbano, vivible la relación de convivencia de nuevo tipo que el escenario político dibujó. Hoy en el 2001, tal vez es el momento de que la IMM cambie su imagen corporativa por una perspectiva que le permita mirar hacia fuera, lo que implica obviamente la confianza en un construir juntos algo .... Este mirar hacia fuera puede asumir dos sentidos. Una mirada desde Montevideo hacia el interior del país, porque indudablemente el gobierno de Montevideo ejerce una función de "demostración" de la eficacia, la sustentabilidad y la viabilidad del gobierno de la izquierda hacia el resto del escenario electoral. Y una función más próxima de generación de un sentimiento común, lo más común posible en el ciudadano de Montevideo, que le permita involucrarse con el proyecto político propuesto en un momento que el gobierno de izquierda ha pedido su carácter de mito o su perfil más romántico, es decir un gobierno que ha superado largamente el período de "luna de miel" encontrándose en una fase de madurez que ha mostrado sus logros y sus dificultades. En este segundo sentido, el enorme crecimiento del Encuentro Progresista en Montevideo que eligió al Intendente Mariano Arana con el 58% de los votos, plantea como paradoja un techo de crecimiento. Crecer electoralmente ya no es la meta de la izquierda para hacer el gobierno, sino que en este escenario hegemónico el desafío que enfrenta en su fase de madurez es la "legitimidad interna", la continua legitimación de esa masa electoralmente afín al proyecto de gobierno.

Los partidos políticos y la descentralización

Un tercer elemento en clave política es el rol de los partidos en relación a la descentralización. En el documento se señala prudentemente que el actor político fue tal vez uno de los más débiles en el largo proceso de la descentralización. ¿Qué pasa con los partidos políticos en relación a la descentralización de Montevideo? Y en particular, ¿qué pasa con el Encuentro Progresista - Frente Amplio?.

Es interesante revisar la relación de los elencos de los partidos con el elenco de gobierno. En este sentido quiero señalar tres dimensiones:

  1. La dimensión de los partidos. Habitualmente sucede que los elencos político-partidarios se distancian de los elencos de gobierno. En mi opinión esto sucede dentro del Encuentro Progresista como sucede en muchos otros casos; y es una condición de eficacia del gobierno del Encuentro discutir esta cuestión. Esta tensión, que se explica por diversas lógicas que no cabe ahora señalar, se traduce en el ámbito de la descentralización también.

  2. En algunos lugares parece clara la constatación de tensión entre las Juntas Locales y los Concejos Vecinales. Esto se explica porque son roles distintos, aunque muchas veces la adscripción político - partidaria de las personas en quienes se expresa esa tensión sea la misma. En las Juntas Locales, tema que ha sido escasamente tratado en la versión que hemos conocido del documento de base, existe una tensión en relación al vínculo con los ciudadanos que no pertenecen a filas del Encuentro Progresista, pero también se plantea el problema funcional de su relación con los propios órganos administrativos del partido. El documento es muy rico en el análisis de los Concejos Vecinales y la mayor potencia de la percepción ciudadana está focalizada en estos órganos. En consecuencia, se han jerarquizado en la investigación; y creo que esto es un dato para la estructura política: para la administración municipal y para los partidos. Esta "deslegitimación o distancia de la ciudadanía" respecto de lo político se explica por el proceso de fragmentación que se señala en el documento.

  3. En el formato institucional de la descentralización parece advertirse una reproducción casi mecánica de los niveles de organización político - partidarios y de los niveles de gobierno, que seguramente no se correspondan con ninguno de los propósitos de la descentralización.: ni la transferencia de poder efectivo, ni la búsqueda de la eficacia y eficiencia de la gestión. No parece probable que los partidos vayan a desaparecer ni parece deseable que deban desaparecer; pero no tampoco es necesario reproducir burocráticamente el esquema de organización política de los partidos ni la organización administrativa del gobierno en los niveles locales.

De política de partidos a política de ciudadanos

La representación de intereses en el ámbito de la descentralización se expresa a través de dos canales: los representantes políticos en las Juntas Locales y los representantes ciudadanos o sociales en los Concejos Vecinales. Hay una contraposición productiva - no es una contradicción excluyente -, entre política de partidos y política de ciudadanos. Los Concejos Vecinales son más valorados que las Juntas Locales porque son ciudadanos, porque se acercan más a la propuesta de política de ciudadanos que constituyó el centro de la innovación programática del Frente Amplio. 

Parece necesario simplificar la ingeniería institucional de la descentralización. Esto es, pensar con libertad una estructura institucional que no reproduzca la estructura político partidaria y la estructura administrativa en cada escalón de estructura local para corresponderse mutuamente. En particular, parecería necesario revisar la estructura de representación política local; no necesariamente debe existir una Junta Local por cada Centro Comunal Zonal o Concejo Vecinal. 

Este debate, ha sido a propósito soslayado por el documento de base - seguramente porque compete a decisiones estrictamente políticas y también porque está atado a lo que efectivamente suceda con la reforma constitucional en materia de descentralización. Si efectivamente se separara la materia municipal de la departamental tal cual está formalmente establecido en la constitución, la Junta Local debería ser ese órgano político que llamamos gobierno municipal; sin embargo no creo que deban existir necesariamente 18 gobiernos municipales en Montevideo, y tampoco creo que la geografía de los mismos deban corresponderse con el diseño que hoy tienen los CCZ. Seguramente sería un problema que no coincida el territorio del gobierno municipal con la división administrativa pre-existente. Esto implicará comenzar a trabajar con las variables que definirían un gobierno municipal en sentido estricto y su relación con el territorio y la ciudadanía de Montevideo. Si se definieran esas variables, seguramente no serían las mismas que le dieron sentido a la racionalidad político administrativa en 18 zonas y a la racionalidad territorial que organiza la dimensión comunitaria - ciudadana.

El valor de la desconcentración y la meta de la descentralización

En resumen, como se dice en el documento de base, comparto que el proceso de descentralización es todavía más una desconcentración que una verdadera descentralización. Esto no es malo en sí mismo. Esta propuesta de gestión del Encuentro Progresista no ha sido el único modelo de reforma que Montevideo ha vivido en el período democrático post-85. 

El gobierno del Dr. Aquiles Lanza en 1985 propuso un modelo de gestión municipal que apostaba también a la política social, que apostó a la legitimación democrática desde la lógica de la eficiencia de programas y proyectos de política sociales organizados desde un centro técnico - la Unidad Asesora de Proyectos Especiales (UAPE) -, configurando un diseño de gestión que partía del supuesto de la imposibilidad de reformar el enorme aparto burocrático administrativo de la Intendencia de Montevideo. Desde allí se convocó a la participación ciudadana a través de las comisiones vecinales y en un período muy breve, poco mas de un mes, se lograron registrar 578 Comisiones Vecinales. Es cierto que había una trama comunitaria latente que había sobrevivido a la dictadura y que tomó forma institucional en ese momento. Pero mas allá de este contexto y del posterior fallecimiento del Dr. Lanza, que desvirtúa ineludiblemente la experiencia en una sucesión de Intendentes, el modelo propuesto partía del supuesto de que el gran monstruo burocrático no se podía reformar en el mediano plazo y por tanto, se optó por un modelo tecnocrático y centralizado, que obvió el conflicto de legitimidad que significa una reforma de esta magnitud. Este formato de reforma de instituciones de alta complejidad es defendido por diversas perspectivas y aplicado a diversas realidades.

En contraposición con este tipo de experiencias, el componente desconcentrador de la experiencia de Montevideo institucionalizada por la administración del Encuentro Progresista-Frente Amplio es en sí transformadora. Es pertinente rescatar el valor político de esta reforma, porque se arriesgó a transformar esa estructura político-administrativa centralizada con una lógica de participación. Es desafío ahora es trascender esa fase; la desconcentración tiene que profundizarse hacia una efectiva descentralización de poder, sin que esto implique necesariamente un órgano de representación político partidario que exprese ese poder. 

El qué y el para qué del poder

A la ya enorme lista de preguntas que se han formulado desde el documento de base, desde los gobernantes que estuvieron presentes y desde las presentaciones de los ciudadanos, yo agregaría una - más como criterio que como efectiva pregunta. ¿Dónde está el poder y qué cosas efectivamente constituyen poder? Y después de esto, ¿para qué ese poder?.

Si pensamos sólo en la representación político-partidaria seguramente se contestará que debe existir un órgano local que lo canalice; pero es necesario recordar que hay ya en el distrito territorial del departamento diversos representantes político-partidarios (la Junta Departamental, los diputados de Montevideo) que deben sumarse como representantes a los miembros de las Juntas Locales. Estas preguntas referidas al poder creo que deben ser focalizadas, principalmente focalizadas en el análisis de los Concejos Vecinales. 

Los elementos de contexto general que hacen a los roles de los municipios y a las posibilidades efectivas de los municipios están asociados a la crisis. Aunque el Intendente Arana diga que no, los municipios están llamados a administrar la crisis, y más que la crisis, están convocados irreversiblemente a administrar el conflicto. Acordamos con Arana que eso no debería ser el objeto de un gobierno municipal, pero el gobernante local y el ciudadano tienen que saber también que el gobierno municipal y los ciudadanos ocupan un lugar en la lógica global del país, en el contexto del sistema político y en la lógica del gobierno nacional donde cumple un rol en relación a la gestión del poder. La descentralización tiene su contracara en que también se descentralizan los conflictos y las tensiones; y esto es parte de las "competencias que los gobiernos locales han ganado sin pedir en este comienzo de siglo".

No queremos repetir acá que la descentralización no es un discurso exclusivo de la izquierda, sino que también es un discurso de muchos partidos a quienes la descentralización les es funcional para un modelo muchas veces antagónico con el de izquierda. La descentralización es un instrumento no un fin en si mismo. 

Tal vez la variable común a todas las experiencias de descentralización con tonos o sentidos políticamente distintos, sea la inevitable localización territorial de políticas de carácter general en un contexto de fragmentación social y de exclusión de los grandes sistemas de integración. En este momento hay modelos de descentralización ensayándose con diversos formatos en otros departamentos del país: Rocha, Paysandú, Río Negro, que obligan a un debate más profundo respecto al modelo de gestión implícito en cada uno. En el caso de Paysandú, pro ejemplo, el Consejo Económico y Social del Plan Estratégico de Desarrollo podría haber sido una propuesta de un gobierno de izquierda en cualquier país. 

Por lo tanto, qué hace de la propuesta de la descentralización de este gobierno de izquierda un modelo efectivamente "de izquierda" o diferente de otras propuestas de gobierno? 

La ingeniería institucional de la descentralización

Este tema seguramente constituirá el centro del debate que se inicia en esta actividad y seguramente no haya gente mas calificada para analizarlo que los "expertos locales", es decir, la gente que la constituye y que sabe donde están las debilidades y las fortalezas.

Creo que la figura del Concejo Vecinal es central en la propuesta descentralizadora de Montevideo, y constituye un instrumento espectacular si analizamos en perspectiva comparada esta realidad con otros países de la región.

Sin embargo uno de los problemas a enfrentar es cómo superar la composición de militantes de izquierda para integrar efectivamente una lógica ciudadana más pluralista. La encuesta de referencia del documento de base señala que el 74% de los concejales se autoidentifican como pertenecientes al Encuentro Progresista. Si bien no puede olvidarse el alto porcentaje de votación del encuentro en Montevideo, esta composición confirma que aún expresan la hegemonía de un tipo de representación: la político- partidaria. Es natural que esto haya sido así porque hay una respuesta de compromiso político de los votantes frentistas respecto al modelo de gestión al que se sienten convocados: pero está claro que los no frentistas también lo perciben así. Por lo tanto, los ciudadanos que no participan de los organismos descentralizados saben que es así. 

En resumen, la estructura ciudadana aún es una estructura de militantes. Sin embargo, la legitimidad del Concejo Vecinal no está atenuada por esto. Es un dato de la realidad. 

Hay que agregar explícitamente como otro dato de la realidad que el Concejo Vecinal es también una estructura de poder y de prestigio; allí la condición humana emerge y existen en la comunidad sistemas de poderes que se reproducen y se ejercen en forma desigual. Es pertinente también allí la pregunta respecto a ¿qué cosas constituyen poder en esa comunidad local; para qué se utiliza el poder?. 

En este esquema es sin duda muy relevante la función de los Concejos Vecinales que se señala en el documento: la tarea de construir redes. Porque esa es una tarea solidaria y una tarea democrática. Los riesgos de la democracia en la época actual no pasan por las dictaduras o en el eventual exceso de poder de los aparatos institucionales de control social. Los riesgos de la democracia radican en las condiciones en que procesa la devolución hacia los ciudadanos de la gestión de lo social, los límites o no límites de la gestión ciudadana (vía diversos modos de organización de proyectos) del control o regulación de la pobreza, del control del hambre, del control o regulación del conflicto, de formas "ciudadanas" de control social. Esta es una tendencia general, que tiene sus aspectos positivos y democratizadores y sus riesgos; deberá cuidarse en particular el riesgo de fragmentar y debilitar de tal forma los órganos locales de poder para evitar que se puedan transformar en "autoritarismos locales" institucionalizados democráticamente.

Estas nuevas formas de autoritarismos enraizados en lo local también deben ser objeto de preocupación; no todo lo pequeño es bueno y lo grande es malo, no todo lo político es malo y lo ciudadano bueno, no todo lo descentralizado es bueno y lo centralizado es malo. Estamos viviendo en la región un proceso de re-centralización de los estados que descentralizaron para volver a otras formas de descentralización a través de mecanismos de desregulación estatal. 

En mi opinión, los órganos locales de poder ciudadano y político deben estar preparados para hacerse cargo de desafíos de gobierno que no estarán exclusivamente propuestos por el gobernante municipal sino que serán parte de una agenda nacional de reformas que se transfieren hacia los espacios territorialmente localizados. Es el caso de la desregulación de Ose, de UTE, de Salud Pública, etc.

En este contexto, los órganos de gobierno local son unidades de gobierno institucionalizadas (aspecto que constituye el principal legado hasta el momento del modelo del Encuentro Progresista- Frente Amplio) que van a tener que hacerse cargo en el mediano plazo de tareas de gobierno que no las propondrá Arana, sino el gobierno nacional. Es decir, que en el territorio local deberán enfrentarse acciones que están vinculados a racionalidades del gobierno central, a lógicas de las empresas que gestionen en forma privada o desregulada los servicio públicos en el territorio y a las lógicas propiamente municipales.

En suma, el aporte histórico del gobierno del Encuentro Progresista - Frente Amplio de institucionalizar un modelo de gestión participativa (aún en su fase desconcentradora) y de habilitar la convivencia entre una política de partidos y una política de ciudadanos con respaldo institucional genera condiciones mas adecuadas para la gestión autónoma del territorio local, donde confluirán racionalidades políticas del gobierno municipal, del gobierno central y del mercado.

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