vecinet-notici@s - No. 525 - 1996 - 18 de mayo - 2003
7 años de Comunicación alternativa independiente para la participación y la organización popular.
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SUMARIO
1 - Madres y Familiares convocan a Marchar el 20 de mayo
2 - Se realiza primera Marcha después de la Verdad Oficial
3 - El secuestro de Manuel Liberoff
4 - Homenaje al Dr. Manuel Liberoff
5 - PIT-CNT: Verdad y Justicia
6 - Uruguay: un nuevo paso por la verdad y la justicia
7 - Consideraciones sobre Informe Final de Comisión para la Paz

1 - Madres y Familiares convocan a Marchar el 20 de mayo
   "Al igual que años anteriores convocamos a marchar en silencio y portando banderas uruguayas, y mientras marchamos haremos presentes a todos los ciudadanos uruguayos y argentinos que fueron víctimas de la desaparición forzada", expresa el comunicado de la Asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, convocando a la 8va. Marcha del Silencio para el próximo 20 de mayo. Las Madres y Familiares se preguntan "¿dónde están", y afirman que "hoy más que nunca, nunca más".
  La Marcha se concentrará a las 19:00hs. en la Plaza de los Detenidos-Desaparecidos en América Latina, en el cruce de la Av.Rivera y la calle Jackson, para caminar hasta la Plaza Libertad, en el KM 0 de Montevideo.
  La movilización es convocada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. La fecha del 20 de mayo coincide con el 27º aniversario del secuestro y asesinato de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y de los esposos Rosario Barredo y William Whitelaw. Estos compatriotass fueron ultimados en Buenos Aires, en el marco del Plan Cóndor. También ese mismo día el Dr. Manuel Liberoff fue detenido y desaparecido en Buenos Aires.
  La Asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos continúa su convocatoria expresando que "hoy más que nunca convocamos a trabajar por el nunca más. Porque queremos nunca más torturas, nunca más detenciones ilegítimas, nunca más desapariciones. Todos los uruguayos decentes debemos condenar las violaciones a los derechos humanos cometidos por funcionarios del estado.
  NUNCA MAS terrorismo de estado
  Al marchar estamos reclamando la búsqueda de la verdad total, esa que hay que encontrar y escribirla; hacerla pública en toda su amplitud, para que la muerte no tenga la ultima palabra y convencidos de que solos con la verdad reencontraremos el camino de la dignidad nacional.
  Lo haremos en silencio porque ha sido, es y será nuestra expresión multitudinaria ante tantas mentiras y ante mil palabras satisfechas por su elevado tono de realismos políticos, que hoy no ceden como lo han hecho desde siempre, declarando el punto final y llamando al olvido, convocando a la desmemoria y perpetuando la impunidad de violadores a los derechos humanos. Queremos romper el silencio de los victimarios que saben la verdad y no dan cuenta de ella, perpetrando una vez más el horror de sus crímenes.
  Solo banderas uruguayas porque este es un tema de todos los uruguayos: es nuestro convencimiento que la paz es fruto de la verdad y la justicia, y sin estas, nunca lograremos construir una sociedad digna para todos y especialmente para las generaciones futuras". (vecinet)

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2 - Se realiza primera Marcha después de la Verdad Oficial
   por Enrique Puig de uruguaypress
   La movilización silenciosa de este año es la primera tras la verdad oficial asumida por el gobierno a partir de la labor de la Comisión para la Paz.
  La marcha, octava desde que se inició esta actividad y que se realizará mañana es convocada bajo la consigna "¿Dónde están? Hoy más que nunca, nunca más. Al igual que años anteriores convocan a marchar en silencio y portando banderas uruguayas.
  Aunque tienen previsto divulgar la postura contraria a la decisión del gobierno reflejada en el decreto de punto final en un encuentro abierto a realizarse en esta jornada, la organización Madres de Detenidos-Desaparecidos que organiza la medida asegura que "hoy más que nunca convocamos a trabajar por el nunca más. Porque queremos nunca más torturas, nunca más detenciones ilegítimas, nunca más desapariciones. Todos los uruguayos decentes debemos condenar las violaciones a los derechos humanos cometidos por funcionarios del estado. Nunca más terrorismo de estado" señalan en la comunicación que participa de la realización de la marcha.
  Puntualizan que "al marchar estamos reclamando la búsqueda de la verdad total, esa que hay que encontrar y escribirla; hacerla pública en toda su amplitud, para que la muerte no tenga la ultima palabra y convencidos de que solos con la verdad reencontraremos el camino de la dignidad nacional. Lo haremos en silencio porque ha sido, es y será nuestra expresión multitudinaria ante tantas mentiras y ante mil palabras satisfechas por su elevado tono de realismos políticos, que hoy no ceden como lo han hecho desde siempre, declarando el punto final y llamando al olvido, convocando a la desmemoria y perpetuando la impunidad de violadores a los derechos humanos. Queremos romper el silencio de los victimarios que saben la verdad y no dan cuenta de ella, perpetrando una vez más el horror de sus crímenes."
  Explican finalmente que "solo banderas uruguayas porque este es un tema de todos los uruguayos: es nuestro convencimiento que la paz es fruto de la verdad y la justicia, y sin estas, nunca lograremos construir una sociedad digna para todos y especialmente para las generaciones futuras.
  La marcha se realizará mañana desde la Plaza de los Detenidos-Desaparecidos en América Latina, Rivera y Jackson, hasta Plaza Libertad a partir de la hora 19. (uruguaypress) (vecinet)

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3 - El secuestro de Manuel Liberoff
   "Desde aquel momento no se ha sabido nada de él... El gobierno argentino lo reconoce como `desaparecido´ el pasado año 1997".
  Uno de los crímenes cometidos por las dictaduras del cono sur, fue el secuestro y desaparición del médico argentino/uruguayo Manuel Liberoff, casualmente(?) el mismo día de los asesinatos de los uruguayos Zelmar Michelini, Héctor Gutierrez Ruíz, Rosario Barredo y William Whitelaw.
  A 27 años de su dasaparición, el domingo 18 se realizó un Homenaje en la Plaza que lleva su nombre, en su querido y humilde barrio, sobre el Camino Carrasco y la calle Prando.
  Benjamín Liberoff informó a vecinet-notici@s que el pasado 7 de mayo, "se reunieron unos 15 vecinos con el objetivo de intercambiar informaciones, testimonios y sugerencias con la idea de realizar un video testimonial de lo que fue la vida, trabajo y militancia del Dr. Manuel Liberoff. Fue un encuentro de anecdotas, recuerdos y mucho afecto", afirmó.
  "Se acordó un nuevo encuentro para el 11 de junio a las 18 en el mismo lugar", dijo a vecinet-notici@s. La reunión se realizará en el Centro Social "La Virgen" en la Calle Prando esq. de Freitas, a dos cuadras de Cno Carrasco, (detrás de donde está la Plaza que lleva su nombre). "Así buscamos ir armando cosas que permitan hacer un video sobre la vida de Manuel", comentó. "Siempre es bueno el encuentro con los vecinos", agregó Benjamín Liberoff.
  Nos relató un resúmen de los hechos, "que reconstruí a partir del relato de mis hermanas y mi madre, que falleció el 26 de marzo de 1980", comenta para vecinet-notici@s su hijo Benjamín Liberoff.
  "Eran 02:30, cuando fuimos despertados por ruidos inusitados y fuertes golpes en la puerta, en la Av. San Martín 2610, Buenos Aires. La última vez que vimos a nuestro padre fue en el momento de correr a abrir la puerta.
  En la casa entraron alrededor de 25 individuos vestidos en particular, fuertemente armados, que hacían alarde de sus armas y su fuerza frente a mi hermana y mi madre.
  Luego fuimos golpeados, nos tiraban del pelo y nos amenazaron. Tenían sus rostros descubiertos.
  Algunos, por su forma de hablar, identificamos como argentinos, pero otros tenían el acento y modismo de los uruguayos, además hacían referencia a hechos ocurridos en el Uruguay. A mi padre, en otra parte del apartamento le repetían `te salvaste una vez, no lo vas a hacer otra´.
  Toda la operación, desde que llegaron hasta que se fueron, fue de alrededor de 30 minutos, durante los cuales robaron todo lo que juzgaban de valor y lo que así no fuera lo destrozaban a golpes. Cuando luego que se retiran pudimos comprobar que nos habían llevado todos los documentos y fotos familiares.
  Cuando se llevaron a nuestro padre, él estaba convaleciente de una operación de cáncer en el intestino. Desde aquel momento no se ha sabido nada de él ... El gobierno argentino lo reconoce como "desaparecido" el pasado año 1997." (vecinet)

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4 - Homenaje al Dr. Manuel Liberoff
   por Juan Sosa (vecinet-notici@s)
   El pasado domingo 18, más de un centenar de personas homenajearon al Dr. Manuel Liberoff, en la Plaza que lleva su nombre en Cno. Carrasco y Prando (a dos cuadras de Hipólito Yrigoyen), a los 27 años de su secuestro y desaparición.
  El acto fue organizado por la Coordinadora K del Frente Amplio-Encuentro Progresista, y se recibieron varias adhesiones: Junta Local de la Zona 8, Seccional Partido Socialista, Seccional PCU, MPP Coord. K, Diputado PS Guillermo Chiflett, Corriente de Izquierda Coord. K,  Sector Jubilados Federación ANCAP, entre otras.
  Recordemos quién fue Manuel Liberoff: nació el 31 de marzo de 1922, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina.
  Se graduó de Doctor en Medicina en Uruguay en 1949, donde residía desde 1944. Se casó en Uruguay, con Silvia Nemirovsky (Argentina).
  Vivió y ejerció  la medicina en la popular zona de Camino Carrasco, en Montevideo, Uruguay, desde 1952.
  Fue directivo del Sindicato Médico del Uruguay y fundador de las asociaciones de padres de la Enseñanza Secundaria (CODEPALES).
  Detenido el 12/7/73, en su domicilio en Montevideo. Permaneció en un cuartel del Kilómetro 14 del Camino Maldonado. El 7 de noviembre de 1973 es expulsado del país. Previamente la dictadura había revocado su ciudadanía uruguaya el 31 de octubre, con el acuerdo del "consejo de estado".
  Se mencionó por parte de la Coordinadora K, "que el tener memoria es recordar a los compañeros caídos, como el Dr. Liberoff, y con él recordamos la vida misma, la de él y la de nosotros".
  "Cómo no recordar la de él, si sigue vivo en el barrio, su trabajo como médico, como vecino, como militante social y político, su aporte al Sindicato Médico, su vinculación al Frente Amplio y a su Partido Comunista".
  "Porque seguimos preguntándonos ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Porqué? Porque a ésta democracia le sigue faltando verdad, seguiremos exigiéndola y trabajando con la misma firmeza de todos éstos años".
  Se dio lectura a algunos materiales, -anteriormente publicados por vecinet (Nº 364, 20/05/01)-  como el Acta Nº 8 del 4/7/73, del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay, página 15. Ultima reunión en que participa antes de ser detenido y ser llevado al Cuartel del K 14 de Cno. Maldonado, como así también la nota enviada algún día del mes de agosto de 1973, desde el cuartel, donde estuvo detenido (incomunicado), hasta su expulsión del país a comienzos de noviembre de 1973.
  Esta lectura, según algunos participantes, compañeros de época del Dr. Liberoff, le dio un matiz de presencia viva del compañero desaparecido, en el sentido homenaje.
  Estaba presente su hijo Benjamín Liberoff, agradecido por el permanente recordar año a año, de parte de vecinos y compañeros, la memoria del compañero "doctor", su lucha, su dedicación, ejemplo para futuras generaciones, y para guiarnos en un camino de esperanza, de búsquedad  de la verdad y justicia.
  Como orador, participó Carlos "Púa" Tutzó, dirigente del PCU, quién entre otras cosas, se refirió al  informe final de la Comisión para la Paz, "que abre un nuevo camino hacia la verdad. Es la síntesis de la lucha de muchos militantes, durante años. Pero debemos avanzar en el camino de la verdad, para que no se cierren puertas. Con la verdad no alcanza. Debemos llegar a la justicia", dijoTutzó.
  "La Comisión para la Paz reconoce, luego de haberse negado durante años, que hubo torturas, desaparecidos y terrorismo de Estado", afirmó Tutzó.
  Más adelante manifestó que "en los momentos más difíciles, debemos estar más unidos, más solidarios. Debemos de ser capaces de organizar las grandes mayorías nacionales, para lograr un gran gobierno popular."
  Por último, Urtazú de la Comisión de Familiares y Detenidos Desaparecidos, invitó a los presentes "a participar el martes 20, a las 19.00, en la Marcha del silencio por los desaparecidos. ¿Dónde están? Hoy más que nunca, nunca más. De la Plaza de los Desaparecidos a la Plaza Libertad".
  "Que el olvido no nos queme y la memoria nos engrandezca", escribió alguna vez el gran Alfredo Zitarrosa (vecinet)

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5 - PIT-CNT: Verdad y Justicia
   1) El 9 de mayo, con la libertad provisional otorgada al ex canciller de la dictadura Dr. Juan Carlos Blanco, el sistema judicial uruguayo desanda un trecho muy importante de un camino que había emprendido. Con esa decisión, de no registrarse nuevas acciones tendientes a terminar con la impunidad, se alejará aún más, de los avances registrados en el resto del mundo con relación a la tutela de los derechos humanos.
  2) El movimiento sindical no abandona, el uso de los instrumentos constitucionales que la sociedad tiene para amparar los derechos de sus ciudadanos. Reclamará ante los tribunales nacionales e internacionales, el restablecimiento de todos los derechos vulnerados, entre los que están, el de la Verdad y la Justicia. No ignora, que reclamar la verdad del quién, dónde, cuándo, cómo y por qué, sobre todas las conductas del terrorismo de Estado, es también preguntarse, sobre su sistema de justicia y sobre las responsabilidades que está dispuesto a sumir, el sistema político, en la tutela de derechos universalmente consagrados.
  3) Siempre hemos pensado, que es imprescindible y necesario, una sociedad civil activa e intransigente en reivindicar sus derechos. Sólo así, se podrá evitar que desde las estructuras de los distintos sistemas que conforman el Estado, se avasallen, se omitan o se consientan, la vulneración de derechos universalmente reconocidos. Desde esa óptica, hemos actuado.
  4) La sociedad civil, mediante sus denuncias evitaron, que la Investigación que establecía claras responsabilidades del Dr. Blanco, desapareciera en los cajones de la Presidencia de la República, y que la denuncia penal contra Blanco, formulada en el año 1990, siguiera inactiva, luego de 10 años de haber sido archivada "por error". Sin esa acción desde nuestra condición de ciudadanos, el ex canciller no hubiera nunca respondido por sus responsabilidades en la desaparición de Elena Quinteros. Aunque más no fuera, por esas dos razones y cuando se estaban decidiendo aspectos tan trascendentes, no comprendemos la razón de no haberse autorizado a nuestro abogado, a presenciar, la audiencia en la que finalmente, se decreto la libertad provisional de Blanco.
  5) Nada sabemos oficialmente, de los fundamentos de las decisiones que se tomaron en las últimas horas, en el ámbito judicial. Nada sabemos, ni nosotros ni  tampoco los familiares que sobrevivieron a Tota Quinteros, de un Anexo II, que según las Comisión para la Paz, contendría datos importantes para los familiares de Elena. Fue más importante, con ellos incidir, aparentemente, en la libertad de Blanco, que informar a esos familiares o a los representante legales que Tota en vida había designado según su voluntad.
  6) La libertad de Blanco, tomada en un par de horas, luego que el procesamiento y la prisión fueran contundentemente fundamentadas en dos instancias judiciales y que fueran seguidas de furibundos ataques al Juez y la Fiscal, llama profundamente la atención. Necesita de una operación de claridad y divulgación, para que la ciudadanía la entienda y comprenda.
  7) Una parte del sistema político, claramente identificado desde la salida de la dictadura, quiere dar vuelta la página y dejarnos con el patético y ridículo llamado al amor, la paz y la reconciliación, del ex canciller. Querían a su correligionario libre. Querían que con su libertad, se disimulara el revés que la condena judicial, significaba para la absolución que le habían dado generosamente  en el Senado en 1990. Querían, que la desinformación y lo inexplicable de esa decisión, sirviera para instalar la versión de que la libertad provisional de Blanco, significaba
un reconocimiento de que la sujeción al proceso y encarcelamiento, del Juez Cavalli y los tres Ministros del Tribunal de Apelaciones, estaban equivocadas. Que, en definitiva, Blanco es una inocente paloma de la Paz, dispensador de amor al prójimo.
  8) El movimiento sindical, quiere y reclama de acuerdo a sus derechos constitucionales, saber la verdad, sin limitaciones de ningún tipo. Ni las de conveniencia política o de cobardía social.
  9)  Si en ese camino de investigar la verdad, aparecen responsabilidades sobre los que debe de caer el peso de la ley, que así sea.
No son los pocos y confortables días de cárcel que ofrece como aporte a la Paz, el Dr. Blanco, los que dan satisfacción a elementales derechos que aún hoy se están afectando.
  10) Elena Quinteros, es víctima aún hoy, de un delito cometido por el Estado. Paradójicamente, ese delito no puede ser tipificado de acuerdo a la figura delictiva claramente especificada por la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas, por una omisión del Estado. De ahí, que Juan Carlos Blanco debió ser procesado y encarcelado el 18 de octubre del 2002, por una figura delictiva - la privación de libertad-, la que, aparentemente, le ha permitido dejar de ser un autor mediato de secuestro, para transformarse en un eventual homicida.
  11) Es claro que Elena fue desaparecida, y en esa situación fue posteriormente ejecutada por la dictadura. Pero aún sigue siendo una desaparecida. Por lo que la consideración jurídica, de su eventual muerte, tiene que ser analizada por reglas, que el Poder Judicial no puede dejar de tener en cuenta. La partida de defunción no existe. Solo la ilegal intención del último decreto presidencial. Y cuando falta eso, solo es admisible su aceptación por declaraciones de testigos presénciales de su muerte. ¿El Dr. Ramela, fue testigo? ¿ Nombró testigos de la muerte de Elena? Si así fue, los da, sin más tramite como válidos el Juez?
  12) De no haber existido las omisiones, que en el pasado se confabularon para obstaculizar la marcha de esta causa, Blanco debería haber sido procesado y encarcelado, al menos hace más de 10 años atrás. Luego de 6 meses de prisión, aparentemente se beneficia de un resultado -la averiguación de la Comisión para la Paz-, que se produce hace solamente un mes atrás.
  13) El Juez y el Ministerio público, sostuvieron en su oportunidad el criterio de que "la privación de libertad del punto de vista jurídico no ha cesado, no hay prueba de ello" y de que "de insertarse hechos nuevos en el proceso", se "examinará cuidadosamente su incidencia". ¿Cuáles son las pruebas que ahora existen? ¿Es posible el examen cuidadoso, de esos hechos nuevos, en una audiencia de un par de horas? ¿ Cuál es el fundamento para que un abogado de las victimas, no pudiera presenciar esa audiencia?
  14) La cooperación de Blanco con la dictadura y los crímenes por ella cometidos, tuvo una importancia relevante. Está probado que formaba parte de lo que se denomina "un aparato organizado de poder", de carácter estatal, en el que como Canciller, tomó decisiones y realizó actos que contribuyeron al ocultamiento del paradero de Elena.
  15) Por lo expuesto, el Secretariado del PIT-CNT, resuelve: a) hacer publicó estas consideraciones; b) realizar las gestiones que sean pertinentes, para conocer los fundamentos de la acción tomada por el Poder Judicial; c) Solicitar el Anexo II del Informe Final de la Comisión para la Paz; d) iniciar las acciones que permitan a nivel nacional e internacional amparar los derechos afectados; e) el Anexo II del caso de Elena Quinteros, si ello no afectara alguna indagatoria judicial, darlo a conocimiento de la opinión pública.
  16)  Finalmente convocar a la Marcha del próximo 20 de mayo, en reclamo de Verdad y Justicia. (PIT-CNT) (vecinet)

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6 - Uruguay: un nuevo paso por la verdad y la justicia
   A partir de los resultados finales obtenidos por la Comisión para la Paz, Amnistía Internacional expresa  su esperanza de que el Uruguay reinicie un proceso capaz de iluminar el camino hacia la verdad y la justicia.
  "Es fundamental que el Estado uruguayo admita de forma oficial su responsabilidad directa en las detenciones-desapariciones ocurridas durante el período de 1973 a 1985", afirmó la Organización Internacional de Derechos Humanos.
  Asimismo, AI estableció la necesidad de que el gobierno uruguayo permita el establecimiento de una investigación exhaustiva, para conocer la verdad en toda su amplitud acerca de las detenciones-desapariciones y el conjunto de violaciones de derechos humanos ocurridas durante el gobierno militar.
  También AI recordó que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, han claramente especificado que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  Ambos tratados de derechos humanos han sido ratificados por Uruguay.
  "Sin embargo, Uruguay ha hecho caso omiso a estos llamamientos, dando a entender que no tiene la voluntad política de esclarecer toda la verdad sobre lo ocurrido durante los gobiernos militares y menos aún de llevar ante la justicia a los perpetradores de estos crímenes," añadió Amnistía Internacional.
  Por otra parte, Amnistía Internacional ha recibido con suma preocupación informes sobre la posibilidad de una interpretación más amplia que la actualmente contemplada bajo la Ley de Caducidad, en la cual se daría una suerte de  "amnistía" para civiles vinculados con violaciones de derechos humanos durante el gobierno de facto.
  "Es insólito que ahora se quiera extender esta exención de castigo a civiles también," opinó Amnistía Internacional.
  Como lo dijeron en su primera reacción ante el informe final que emitió la Comisión por la Paz el 10 de abril del 2003 el grupo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos:  "La impunidad jurídica debilita el valor de la legalidad democrática, pero la impunidad como discurso oficial degrada moralmente a la sociedad, porque para ponerla en práctica es necesario no solo no castigar a los responsables de atroces violaciones a los derechos humanos, sino además falsificar la realidad para encubrir y a veces hasta justificar sus prácticas inhumanas".
  "Esperamos que esta vez las autoridades Uruguayas no hagan caso omiso a este llamamiento", concluyó Amnistía Internacional. (vecinet)

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7 - Consideraciones sobre Informe Final de Comisión para la Paz
   (vecinet) "El Informe Final de la Comisión para la Paz y el Decreto Presidencial por el cual se acepta "en todos los términos" las conclusiones de la Comisión,  merecen de las organizaciones sociales abajo firmantes las siguientes consideraciones:
  La instauración de la Comisión para la Paz es y fue, el primer paso dado por el Poder Ejecutivo uruguayo para asumir alguna de las responsabilidades que en la lucha contra la impunidad le corresponden, entre ellas y muy especialmente, el deber de investigar y de dar a conocer la verdad sobre los hechos de nuestro pasado reciente, que tienen su correlato en el Derecho a la Verdad o Derecho a Saber, luego de quince años de restauración democrática, a los efectos de reconocer -como el propio Informe lo dice- hechos que hasta ahora fueron negados.
  Recordamos que en materia de derechos humanos existe una relación jurídica entre el Estado y los individuos que habitan en él, relación en la cual  el Estado es el titular de las obligaciones y el individuo el titular de los derechos. El Estado, entonces, debe abstenerse de violar estos derechos por acción u omisión y tiene el deber de garantizar el pleno goce y disfrute de estos derechos a todos los individuos. Por ende al Estado no le está permitido actuar como si fuera un mero particular sino que debe usar todo el aparato estatal y todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta, para el cumplimiento de sus obligaciones.
  Es esencial que el Informe Final haya dejado en claro "que es siempre y en todo caso el ESTADO quien tiene la obligación suprema de defender determinados valores, afianzar ciertos principios y descartar determinados procedimientos". Es por tanto no equiparable la responsabilidad de los individuos particulares con la que le corresponde al Estado.
  Uruguay se ha comprometido internacionalmente a investigar las violaciones sufridas en forma exhaustiva y con todos los medios a su alcance, someter a los responsables de las mismas a un juicio justo, imponerles la sanción que correspondiere y reparar integralmente a las víctimas y a la sociedad en su conjunto, con medidas efectivas tendientes a la no repetición de tales violaciones.(1)
  Del estudio comparativo de las sentencias y resoluciones del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, así como de los realizados por expertos y grupos de trabajos del sistema de Naciones Unidas, surge que el derecho a conocer la verdad implica, el cómo, cuando, por qué y por quienes fueron cometidas las graves violaciones. Para ello los Estados deben servirse de los instrumentos legales de que disponen, cuando no crear los necesarios. En el caso de desapariciones forzadas la investigación sólo puede culminar con el exacto y pleno conocimiento de los hechos y la determinación precisa de los autores.
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre Impunidad, Louis Joinet, en 1997 recomendó, entre los principios destinados a combatir la impunidad, el deber de los Estados de administrar justicia, expresando que la impunidad se alimenta de la conducta de los Estados de amparar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, y de la no implementación por parte de aquellos, de los mecanismos adecuados para investigar, juzgar e imponer sanciones.
  El derecho a conocer la verdad no se agota exclusivamente en el conocimiento que de ella tenga la víctima y sus familiares, sino que se trata también de un derecho colectivo. El experto sobre la cuestión de impunidad de los autores de violaciones a los derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas ha expresado que: "El derecho a saber es también un derecho colectivo que hunde sus raíces en la historia para evitar que puedan reproducirse en el futuro las violaciones".
  Siempre fuimos conscientes de las limitaciones de esta Comisión y en tal sentido críticos de su mandato, cuadrando poca expectativa en cuanto a las posibilidades de los Comisionados para acceder a cierta información, más allá de la seriedad y responsabilidad de los integrantes se la misma.
  Las fuentes militares se mostraron reticentes a colaborar. Cerraron filas tras algunas declaraciones de altos mandos, y sabían que las propias debilidades del mandato de la Comisión y del poder de presión con que contaban sus integrantes, las colocaba en un lugar todavía cómodo.
  Viendo el Informe Final es evidente que la investigación sobre la suerte corrida por las personas detenidas y desaparecidas, fruto de una política represiva de "seguridad nacional" enmarcada en el Operativo del Plan Cóndor, careció del carácter de exhaustiva pues no contó con la necesaria voluntad política del gobierno, que dotara a la Comisión de poderes coercitivos que obligaran a quienes aún detentan la información, a revelarla a la sociedad toda.
  Como la Comisión lo reconoce en su Informe, solo pudo utilizar la persuasión a la hora de buscar información clave en poder de los integrantes de los cuerpos represivos, "tratando de convencer a aquellos policías y militares para que aportaran en forma voluntaria la información a su alcance". La Comisión entonces reconoce que solo pudo alcanzar una "verdad posible".
  El gobierno actual creó esta Comisión, pero a la luz del Informe Final y muy especialmente luego de que por Decreto lo adoptara en todos sus términos sin más, es evidente que no cumplió con el deber de utilizar todos los poderes de que está dotado a los efectos de proporcionarnos toda la verdad. El Informe reconoce que no tuvo contacto institucional con las Fuerzas Armadas, ni se reunió con los mandos y jerarquías respectivas, tarea que el Presidente de la República reservó para sí y que en su carácter de titular del Poder Ejecutivo y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas evidentemente no cumplió o "no quiso" o "no pudo" cumplir?
  En tal sentido debe quedar claro que las Comisiones de la Verdad son organismos públicos de carácter no jurisdiccional y su función es la de investigar un período de la historia en que ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos. Para poder alcanzar tal fin deben contar con el apoyo incondicional del Estado quien debe asumir no solo la responsabilidad moral, sino y primordialmente, la responsabilidad jurídica que le corresponde. Esto implica asumir las consecuencias de la responsabilidad estatal por las violaciones cometidas a través de la implementación de medidas concretas para el conocimiento exhaustivo, completo y público de la historia oficial, la preservación de las pruebas, la reparación de los perjuicios causados y la educación en derechos humanos a todos los niveles para que estos hechos no vuelvan a repetirse, así como la depuración de las estructuras del Estado a los efectos de remover el sistema de valores que llevó a la comisión de tales crímenes. También  deben dar a conocer  no sólo los hechos relativos a cada caso en particular sino también la verdad histórica general, en tal sentido deben descubrir y describir las estructuras y  metodología utilizadas por el aparato represivo.
  Las Comisiones de la Verdad, en otros países, a diferencia de la Comisión para la Paz, han estado dotadas en distinta medida, del poder suficiente para solicitar informes y testimonios e incluso para adoptar medidas cautelares, preservar los indicios y las pruebas, investigar lugares donde pudieran haber tales indicios o pruebas y recurrir a la prueba científica, especialmente en casos como el de desapariciones forzadas.  La importancia de los Informes Finales depende de las convicciones a las que se ha arribado; lo que será consecuencia de  la claridad y el alcance del mandato original y de la profundidad de las investigaciones y de la adopción de medidas concretas de prevención dirigidas a la no-repetición de tales
violaciones.
  El objetivo  de la Comisión para la Paz no puede resumirse en la frase "sellar la paz entre los uruguayos" ya  que existe una indisoluble relación entre el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación y la reconciliación nacional.
  En tal sentido, entre las recomendaciones emitidas por la Comisión, estimamos de inexcusable concreción la creación de una estructura adecuada en el aparato del Estado que atienda la promoción y defensa de los derechos humanos  y se haga cargo del seguimiento de las recomendaciones que surjan, dotada de un marco jurídico adecuado y recursos suficientes.
  La existencia de investigaciones judiciales en el marco del debido proceso con consiguiente sanción a quienes se hallaren responsables y reparación a las víctimas, unido a una reforma del Estado, es parte integral de los resultados de una Comisión de la Verdad y de una política seria de lucha contra la impunidad. La misma debe ir dirigida a consolidar un estado democrático republicano, único camino para sellar la paz entre los uruguayos y prevenir a las nuevas generaciones del flagelo del terrorismo de Estado.
  Una vez más, hoy debemos enfatizar la importancia en asumir que una verdadera democracia se debe construir entre otras cosas, respetando sin concesiones políticas de ninguna índole, la independencia de los poderes del Estado y en especial la del Poder Judicial, logrando a su vez el sometimiento real de las Fuerzas Armadas al poder civil y a los lineamientos de un Estado de Derecho pleno. Sólo así caminaremos hacia una verdadera reconciliación nacional."
  Firman: Servicio de Paz y Justicia - Uruguay (SERPAJ); Comisión de Familiares de Asesinados Políticos; Servicio de Rehabilitación Social (SERSOC); Amnistía Internacional - Sección Uruguay; Instituto de Estudios Legales y Sociales (IELSUR); PIT- CNT
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(1) Ley 13. 751 (de 11.07.1969) Pactos Internacionales de Derechos Humanos y Protocolo Facultativo, aprobado Naciones Unidas; Ley 15.798 (de 27.12.1985) Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles Inhumanas o Degradantes, adoptada por Naciones Unidas;  Ley 15.737  (de 8.03.1985) Convención Americana sobre Derechos Humanos; Ley 16.294 (de 11.08.1992) Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, adoptada por la OEA; Ley 16.724 (de 13.11.1995) Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, aprobada por la OEA; Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Declaración y Programa de Acción de Viena, doc.A/CONF. 157/23, entre otros. (vecinet)

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"...es necesario contar historias del pueblo de tal forma que en vez de paralizarnos nos lleve a la acción". Danny Glover
"Nada podemos esperar si no es de nosotros mismos" "La causa de los pueblos no admite la menor demora" "Que los más infelices sean los más privilegiados" José Artigas

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