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El tema se debatió en tres talleres, los días martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de octubre, con diferentes participantes, provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, México, Paraguay y Uruguay (tanto de las ciudades capitales, como del interior de provincias y estados). En total participaron unos ciento setenta compañeros, que representaban en su gran mayoría a organizaciones de pobladores y en menor medida a instituciones públicas, como gobiernos locales y universidades. Las conclusiones que aquí se exponen son el resultado de los tres días de trabajo y han sido elaboradas por los coordinadores de los talleres, Jorge Mora, de SELVIP y Benjamín Nahoum, de FUCVAM, en base a los numerosos y ricos aportes realizados en esos tres días.
El intercambio de experiencias durante los talleres permitió confirmar una vez más que el problema de la vivienda y el hábitat de los sectores populares adquiere características muy similares en toda Latinoamérica y se asocia con la injusta distribución de la riqueza, concentrada cada vez en menos manos mientras la pobreza se expande sin cesar, lo que dificulta e impide a los sectores populares encontrar soluciones por sí mismos.
La sociedad se divide así en dos castas: una que cada vez vive mejor, concentrando poderes y riquezas que no podrían llegar a gastar ni en muchas generaciones, y otra integrada por los excluidos del sistema, que deben sobrevivir para seguir creando esas riquezas, sometidos al desempleo o al subempleo u obligados a ganarse la vida día a día en el cuentapropismo, pero siempre obteniendo un ingreso que no alcanza a cubrir sus necesidades vitales mínimas. En el medio flota una clase media cada vez más esmirriada y empobrecida, que sueña con integrarse a "los de arriba" pero cada vez está más cerca de "los de abajo".
El problema del hábitat de los sectores populares aparece entonces claramente como un problema social y político, que involucra a toda la sociedad y que debe ser responsabilidad de toda la sociedad resolver. El acceso a la vivienda digna figura como un derecho en la mayoría de las leyes y constituciones de la región, pero de lo que está escrito a la realidad hay un ancho campo que deja afuera a la mayoría de la población.
En ese panorama no resulta admisible la prescindencia del Estado, representante de esa sociedad, en el abordaje del problema. Si el Estado que hoy tenemos, los estamentos políticos que lo dirigen, no son capaces -por interés, por irresponsabilidad o por ineficiencia- de asumir ese rol, la Sociedad Civil debe tomar para sí la tarea de exigírselo, y ello se hace tanto más posible cuanto más democrática y descentralizada es la organización social.
La desconcentración de funciones y decisiones, la creación de organismos de consulta y decisión a nivel local, con participación de las organizaciones de pobladores, de los sindicatos, de los técnicos comprometidos con ellos, de las Universidades y de otros actores que coadyuvan en la solución de estos problemas, constituyen importantes pasos adelante en esta dirección, de los cuales es un ejemplo el sistema de presupuestos participativos hoy en práctica en varios estados brasileños.
Pero si aún así no fuera posible poner el Estado al servicio de la sociedad, porque los entramados de amiguismo, corrupción y clientelismo existentes, resultaran inmunes a todo ataque, la sociedad, a través de sus organizaciones, deberá adueñarse del Estado para recrearlo y volverlo a su verdadero papel. Y en esa tarea, que requiere el empleo de herramientas de lucha muy diversas, podrán ser válidas las argumentaciones y las peticiones, pero también serán válidas cuando aquellas no den resultado, las acciones de presión, las tomas de tierras y la unidad de los excluidos, para que, por una vez, la voz de los más deba ser escuchada y atendida.
Por otra parte, la solución del problema del hábitat popular no puede ser parte del negocio de empresas capitalistas que actúan en este campo exclusivamente con fines de lucro y que terminan apropiándose muchas veces de los subsidios que la sociedad destina a atender el problema: el subsidio debe ir directamente a la demanda poco solvente o directamente insolvente y no a las empresas constructoras y los dueños de la tierra o de las casas, que son los dueños de la oferta.
Para evitar que se produzca esta "redistribución al revés", en que los impuestos que pagan los pobres terminan subsidiando a los ricos, las únicas herramientas válidas son la autoproducción y la autogestión, que deben rodearse de los apoyos técnicos y sociales necesarios para hacerlas más eficientes, pero sin perder jamás de vista que las decisiones finales deben quedar en manos de los propios interesados.
En la mayoría de los países latinoamericanos se argumenta que nuestras sociedades y nuestros Estados son pobres y que no pueden hacer más de lo que hacen: sin embargo estos Estados pobres pagan cantidades siderales por concepto, no ya de amortización sino apenas de intereses de deudas externas ilegítimas contraídas por gobiernos dictatoriales, que se gastaron en derroche y corrupción y nunca beneficiaron al pueblo. Con sólo aplicar una parte de esos recursos a la producción de vivienda se generarían numerosos puestos de trabajo y se podría solucionar el problema habitacional en pocos años.
De acuerdo con el diagnóstico antes expuesto (que se ha formulado muchas veces, pero sin obtener jamás que se apliquen las medicinas correspondientes) se impone la adopción de algunas medidas fundamentales, que con los matices y adaptaciones que se requieren para cada lugar y cultura particulares, aparecen como comunes para el conjunto de nuestros países:
Más información sobre el tema en la Sección Cooperativismo y Autogestión y Vivienda Popular de esta WEB
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