"Dicen que yo actúo como un dictador pero eso no es cierto. Lo que pasa es que antes de mí, ningún presidente peruano se decidió a adoptar las medidas de mano dura que había que adoptar", declaró Alberto Fujimori a The Washington Post.

La entrevista fue concedida en el marco de fuertes críticas internacionales por haber retirado a Perú de la jurisdicción de la CIDH, un organismo dependiente de OEA y creado en 1979, en plena ola de violación de los derechos humanos en el continente, como alternativa neutral a los sistemas judiciales de cada país.

El retiro de Perú se debió a que a fines de Junio la CIDH estableció que cuatro chilenos condenados a cadena perpetua por terrorismo por un tribunal militar de jueces encapuchados, tienen derecho a un nuevo juicio.. En este tipo de cortes, los acusados no tienen derecho a comentar evidencia, examinarla o contrastarla con otra.

La CIDH lamentó "profundamente esta decisión sin precedentes".

"No tenía opción", replicó el presidente. Fujimori argumentó que de aceptar la revisión de este caso, el mismo derecho se haría extensivo a los miles de personas juzgadas en las mismas condiciones a lo largo de esta década. "Sigo siendo un demócrata obligado con el futuro del Perú", afirmó.

Como parte de esa obligación autoimpuesta con el futuro, Fujimori anunció para febrero el fin del estado de emergencia en las áreas en las que actuó la organización terrorista Sendero Luminoso, y que rigió durante 18 años. Esto implica proclamar la liquidación de ese grupo, siete años después de la captura de su líder histórico Abimael Guzmán, en 1992.

Hay amplia coincidencia en interpretar esta medida como la proclamación de la lucha antisubversiva como el mayor logro de su gestión, que haría políticamente conveniente su reelección presidencial. Esto, aunque la Constitución peruana diga por ahora otra cosa.