El conservador Partido de Acción Nacional, PAN, puso fin a cinco años de acuerdos parlamentarios con el oficialismo y venía intensificando su campaña de acusaciones sobre la vinculación entre el narcotráfico y el financiamiento ilegal del gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero la agenda política cambió.

Se presentó una nueva situación de corrupción, mucho más grave. El rescate de dos casas bancarias con deudas por 84.000 millones de dólares fue investigado por una comisión parlamentaria, con resultados asombrosos para la opinión pública mexicana.

El monto de la deuda plantea un problema económico por lo menos serio para el Estado mexicano. A esto se suma que el 21,8% de las operaciones que generaron la deuda en la institución creada para sanear la situación, el Fondo Bancario para la protección del Ahorro, son fraudulentas. Y el PAN afirma que en banca Unión se descubrieron operaciones "abiertamente ilícitas" por unos 1.200 millones de dólares, que serán objeto de acciones penales.

La punta de la madeja surgió el 6 de julio, con la declaración del ex banquero Carlos Cabal Peniche desde la celda en Australia que frenó su huída de México por acusaciones de fraude, de que el PRI y la Comisión Nacional bancaria lo presionaron para que entregara 5 millones de dólares a la campaña electoral del actual presidente Ernesto Zedillo.

Eso sucedió en 1995, cuando las entidades que dirigía y poseía, Banco Unión y Banca Cremi, ya estaban intervenidas por la superintendencia de contralor bancario. Las presiones de parte del gobierno estuvieron a cargo del entonces subsecretario de Hacienda Guillermo Ortiz y actual gobernador del Banco de Mexico, dijo. También Zedillo trabajaba en la época en el Ministerio de Hacienda.

El dinero, contó el detenido, había sido comprometido en enero de 1994 para la campaña electoral de Luis Donaldo Coilosio, pero tras su asesinato en marzo de ese año, él no quiso reafirmar su compromiso ante el nuevo candidato del PRI, Zedillo, por razones "de preferencia política". Su actitud reticente fue compartida por muchos otros donantes comprometidos con la campaña de Colosio, afirmó.

Las revelaciones se dan en plena batalla por la sucesión presidencial y luego que el gobierno mexicano negoció y finalmente obtuvo "un blindaje financiero" de 23.000 millones de dólares para evitar sobresaltos. Ahora los sobresaltos son de otra naturaleza. El Ministerio de Hacienda niega actualmente al Congreso (parlamento), amparándose en el secreto bancario, información sobre cómo se manejó el Fondo de Protección al Ahorro Bancario, Fobaproa, que absorbió con dinero del contribuyente 84.000 millones de dólares de créditos fallidos.

Mientras tanto, el PRI ha fijado un tope de gastos para las respectivas campañas de sus cuatro precandidatos, de 6 millones de dólares. A esos 24 millones deberá sumarse el gasto de la elección presidencial en sí, el próximo año. Las encuestas le dan actualmente el triunfo al PRI sobre su principal oponente, el PAN, con el 38% del total de votos. La posibilidad de alianzas en la oposición para revertir esta tendencia muestra grandes dificultades políticas, pero ni la oposición ni el propio PRI creen que esta tendencia que le da el triunfo se mantenga en los agitados meses que se vaticinan.