El máximo tribunal dispuso también la investigación del asesinato, atribuido al mismo grupo, de Claudio Lavín, primo de Joaquín Lavín, candidato de la oposición derechista para las elecciones presidenciales del 12 de diciembre.

''La Corte Suprema ha dado un gran paso hacia el término de la impunidad y el anhelo de justicia en las violaciones de derechos humanos'', dijo el abogado Hugo Gutiérrez, patrocinante de varias demandas contra el ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990).

Con su dictamen, la Corte Suprema respaldó la actuación del magistrado Juan Guzmán, juez especial de instrucción de más de una veintena de querellas criminales presentadas desde enero de 1998 contra Pinochet, arrestado hace nueve meses en Londres.

El juicio a la ''caravana de la muerte'' se abrió a raíz de una de esas querellas. El 9 de junio, Guzmán acusó a los cinco oficiales, que llevaron su caso al máximo tribunal luego de que la Corte de Apelaciones les rechazara un recurso de amparo.

El principal procesado es el general retirado Sergio Arellano Stark, quien entre octubre y noviembre de 1973 encabezó la ''caravana de la muerte'', una misión especial designada por Pinochet que recorrió varias ciudades del norte y sur de Chile.

El grupo militar tenía instrucciones de ''agilizar'' los procesos en tribunales de guerra contra izquierdistas detenidos tras el golpe de estado del 11 de septiembre del mismo año, en que fue derrocado el presidente Salvador Allende.

A la ''caravana'' se le atribuyen los fusilamientos sumarios de 72 personas, varias condenadas en primera instancia a reclusión menor, como el periodista comunista Carlos Berger, ejecutado en la ciudad minera de Calama, 1.560 kilómetros al norte de Santiago.

La mayor parte de estos asesinatos quedó cubierta por la ley de amnistía que Pinochet expidió en 1978, pero en 19 casos no han aparecido los restos de las víctimas, lo cual permitió a Guzmán configurar el delito de secuestro calificado.

Con su fallo, la Corte Suprema respaldó la tesis de Guzmán, acogida antes por la Corte de Apelaciones, de que el secuestro es un delito permanente, imprescriptible y no sujeto a amnistía mientras no aparezca la víctima o su cadáver.

Los encausados, que habían pedido el beneficio de la amnistía, son, además del general Arellano, el brigadier Pedro Espinoza, los coroneles Marcelo Morén Brito y Sergio Arredondo, y el capitán Patricio Díaz, todos ellos retirados del Ejército.

Espinoza, quien pasó a ser en 1974 director de Operaciones de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), cumple desde 1996 una pena de seis años de cárcel como coinstigador del asesinato del ex canciller Orlando Letelier, cometido en Washington en 1976.

El fallo del máximo tribunal amplió además la investigación al asesinato de Claudio Lavín. El homicidio del primo de Joaquín Lavín ocurrió en Cauquenes, 395 kilómetros al sur de Santiago, en octubre de 1973, mientras el general Arellano Stark se encontraba en esa ciudad, según puntualizó el dictamen de la Corte Suprema.

El candidato derechista fue un decidido adherente a la dictadura de Pinochet, pero desde que lanzó su postulación presidencial reivindica el ''irrenunciable derecho'' de los familiares de desaparecidos a saber la suerte de sus deudos. (Gustavo González, IPS)

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En Chile hubo 1.198 casos de detenidos-desaparecidos bajo el régimen de Pinochet y hasta la fecha se ha logrado identificar los restos de sólo un centenar de víctimas, lo cual hace aplicable para las demás la tipificación del delito de secuestro.

El abogado Gutiérrez señaló que la orden de investigar el homicidio de Claudio Lavín debe llevar a que los cinco oficiales, así como otros miembros de la ''caravana de la muerte'', sean procesados también por los fusilamientos sumarios.

El dictamen de la Corte Suprema era esperado con interés en medios políticos, como base jurídica para una ley que obligue virtualmente a las Fuerzas Armadas y a ex agentes represivos a dar información para ubicar los restos de desaparecidos.

Las negociaciones que en ese sentido se desarrollan en el Senado apuntan a garantizar la reserva de los informantes y a que se les aplique la ley de amnistía luego de que los cadáveres de las víctimas sean ubicados e identificados.

La Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y diputados del cogobernante Partido Socialista rechazaron esa fórmula por implicar una ''ley de punto final'' que impediría hacer justicia en las violaciones de derechos humanos. (Gustavo González, IPS)