Hernán Henao, docente de la estatal Universidad de Antioquia, fue asesinado el 4 de mayo en Medellín por presuntos paramilitares de derecha. Henao llevaba a cabo una investigación sobre los desplazados por la violencia, la incidencia social del Plan de Desarrollo de Antioquia y la situación de violencia de ese departamento, cuya capital es Medellín.

Otros seis activistas de ONG han sido asesinados en este año por grupos paramilitares, organizaciones guerrilleras o ''autores sin identificar'', según la expresión contenida en informes oficiales. Entre las víctimas se encuentran Julio González y Everardo Puerta, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, asesinados también en Antioquia. Esta ONG cerró su sede por falta de garantías el 16 de febrero, pero tras las promesas de protección del gobierno reanudó actividades en Bogotá el día 16.

La defensa de los derechos humanos se hace cada día más difícil en Colombia por el hostigamiento de grupos armados irregulares y el incumplimiento del gobierno a los compromisos adquiridos a nivel nacional e internacional para la protección de sus activistas.

Las denuncias de organizaciones no gubernamentales (ONG) llevaron al gobierno de Colombia a anunciar en febrero la implementación del Programa de Protección a Lideres Sociales y Defensores de Derechos Humanos.

Pero cinco meses después del anuncio ''a las ONG y a diversos gobiernos extranjeros'', la promesa gubernamental se ha diluido ''en un mar de evasivas e indecisiones que han impedido que tal protección se haga efectiva'', dijo Gloria Florez, de Asociación Minga.

En una carta enviada el día 16 al presidente Andrés Pastrana, 22 ONG sociales, sindicales, indígenas y defensoras de los derechos humanos denunciaron que ''decisiones administrativas tomadas por el Ministerio del Interior condujeron a la parálisis del programa de protección''.

El programa, para el que el gobierno anunció 4,4 millones de dólares, incluye el pago de escoltas, gastos de transporte y ayuda de emergencia para líderes sociales y defensores de los derechos humanos amenazados, así como equipos de vigilancia y comunicaciones, y adecuación material de unas 40 sedes de ONG.

En sentencia de la Corte Constitucional del 20 de octubre de 1998 se señala que la respuesta institucional en Colombia ''ante la inhumana e injusta realidad que viven los defensores de los derechos humanos'' se ha limitado a varias circulares que no se reflejan en una real protección.

Más de medio centenar de ONG de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Holanda, Grecia, Gran Bretaña, Italia, Irlanda, España y Suiza, que condenaron los atentados contra González y Puerta, denunciaron que entre 1996 y 1998 fueron asesinados 29 defensores de derechos humanos en Colombia.

Otros 17 defensores de derechos humanos han tenido que pedir asilo este año en varios países de Europa para proteger sus vidas amenazadas por grupos armados irregulares, según ONG colombianas. (IPS y CHASQUE)

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La situación de los activistas de los derechos humanos no es ajena al despeñadero de violencia al que parece acercarse Colombia, con esfuerzos de paz entre el gobierno y la organización guerrillera más antigua, las FARC, que acaban de naufragar, mientras otros grupos de poder insisten en mantener el conflicto. Los más importantes son los del narcotráfico y las infinitas vinculaciones a sus intereses que entretejen con él grupos con otros intereses, los grupos paramilitares, bandas armadas y hasta los propios militares, de cuya actitud de tiempo en tiempo se traslucen fuertes movimientos de insubordinación y negociación con el poder del Estado.

Un aspecto central del problema es la fuerza económica y en consecuencia también política y militar del narcotráfico, y la decisión de ir a un enfrentamiento a fondo con él de Washington, con el argumento de frenar el flujo de droga al mercado interno de EEUU. El choque se da en forma directa, a través de apoyo de inteligencia de EEUU a las fuerzas colombianas, hoy formalmente acotada a la lucha contra el narcotráfico.

La posibilidad de llegar a un enfrentamiento generalizado con el narcotráfico tomó perspectivas alentadoras para Washington tras el relevo de Ernesto Samper por Andrés Pastrana en la presidencia de Colombia.

Estados Unidos había retirado en marzo de 1996 a Colombia de su lista de países que cooperan en la lucha contra la droga, hecho que lo privó de la ayuda bilateral y bloqueó su acceso a fuentes financieras externas. En julio Washington negó la visa a Samper.

Con Pastrana en la presidencia se despeja el camino para hacer más abierto ese enfrentamiento, y no se puede excluir la participación militar directa de efectivos de EEUU en el choque, en continuidad con criterios estratégicos demostrados recientemente en Kosovo, por ejemplo. Los esfuerzos de paz con la guerrilla y las importantes concesiones que parecía estar haciendo al respecto Pastrana hasta que las negociaciones de paz se frustraron se anotan en la línea de reducir los aliados potenciales o reales del narcotráfico cuando el enfrentamiento se agudice.

Una de las prevenciones al respecto de Washington es que el conflicto se desborde hacia la vecina Panamá, lo que le está haciendo rever su disposición a ceder por completo la soberanía del canal, tal como lo estipuló el Tratado Torrijos Carter de 1977, reclamando el derecho de intervención sin previo aviso. (Andrés Alsina, CHASQUE)