Material elaborado por el Centro Nacional de Capacitación e Investigación Demócrata Cristiano (Cencadec), en Junio de 1999.

Para comprender la estructura política en Uruguay

Introducción
Antecedentes históricos del sistema político.
La importancia de las estructuras políticas en la Democracia uruguaya.
El sistema de partidos en Uruguay.
El sistema electoral en Uruguay.
Régimen de Gobierno en Uruguay.
Bibliografía Consultada
Anexos Estadísticos con comentarios
Anexo 2: comportamiento electoral del FA por sublemas

Introducción.

El objetivo de estas líneas es ayudar a la comprensión del sistema político uruguayo, de manera simple y al alcance del variado público lector de los Documentos de Trabajo del Cencadec.
Por estructura o sistema político, entenderemos en este caso, el tipo de régimen de gobierno operante en el país, su sistema electoral y el sistema de partidos políticos vigente. Como veremos más adelante, el análisis de estos fenómenos es fundamental para comprender algunos de los acontecimientos más traumáticos de nuestra historia política, y además, para facilitar la comprensión de los futuros acontecimientos en el sistema.
Efectivamente, hoy en día, uno de los temas más preocupantes para la academia y los actores políticos, es sin duda el de la gobernabilidad. En realidad, tal preocupación se remonta en el plano académico, al menos desde la aparición de la obra de Huntington, Crozier y Watanuki, "la crisis de la democracia" (1975), donde planteaban el problema de la ingobernabilidad del sistema democrático, partiendo de la hipótesis de un Estado sobrecargado. Desde las ciencias sociales, esta temática toma relieve con la obra de Jurgen Habermas en "Problemas de legitimación en el capitalismo tardío" (1973). Allí el autor alemán define al capitalismo tardío como un régimen en el que el conflicto de clases del capitalismo liberal se ha vuelto latente y las crisis periódicas se han convertido en una crisis permanente y larvada. Metodológicamente, las tesis habermasianas parten de la teoría de sistemas para interpretar el fenómeno de la crisis. En ese sentido, dice Habermas, las crisis surgen cuando la estructura de un sistema de sociedad admite menos posibilidades de resolver problemas que las requeridas para su conservación. Se trata en definitiva, de un problema de autogobierno, donde la legitimidad del sistema político se vuelve un aspecto central (Habermas, 1973).
En definitiva, para el caso uruguayo, el problema de la gobernabilidad empieza a ser trascendental con la apertura democrática. A nuestro entender juegan aquí dos factores fundamentales: en primer lugar una revalorización de todos los actores políticos del sistema democrático y sus instituciones, relegando la discusión sustantivistas vs. formalistas a un segundo plano; en segundo lugar, y ligado a lo anterior el reconocimiento explícito de los "déficits" del sistema y la necesidad de lograr acuerdos que logren superar las trabas impuestas por la lógica electoral y de gobierno.
Es en ese marco que surgen dos líneas de trabajo en el seno de la clase política. En primer lugar, nos referimos a la búsqueda de una Reforma Constitucional que desbloquee el sistema. A ella se llega finalmente en 1996, aunque luego discutiremos si verdaderamente cumplió con esa función, o primaron otras. En segundo lugar, en tanto no se modificaran los mecanismos institucionales, se intentaron formas de cogobierno que sustentaran la fragilidad del sistema puesto en cuestión. Recordemos, por ejemplo las instancias de la Conapro en los años de apertura; el Gobierno de Unidad Nacional como continuidad de la Conapro en 1984; el llamado a una "coalición a la europea" por parte de Lacalle en 1989; y finalmente la forma más pura de coalición que logran los Partidos Colorado y Blanco con el segundo gobierno de Sanguinetti.
Obviamente, lo interesante para nuestro análisis es comprobar cómo más allá de una larga historia de coparticipación, desde la apertura los alcances coalicionales han sido limitados. El gobierno a base de vetos por Sanguinetti en el período 1985-1989 por un lado, y el fracaso del llamado a la unidad nacional en el gobierno de Lacalle de 1990-1994, contrasta con la vigencia hasta último momento de la coalición "rosada" como se le ha llamado popularmente. Esta última, no sólo ha permitido la legislación de fundamentales reformas (seguridad social, estado, constitucional; además de Leyes de envergadura como seguridad ciudadana, nuevo Código de Proceso Penal, el Presupuesto de 1995 que no admitió nuevos gastos en las sucesivas rendiciones de cuentas, Ley de Inversiones, etc.), sino que además ha perdurado en el tiempo hasta el final del mandato presidencial. Veremos luego, cuál es el contexto de este episodio histórico y las posibles explicaciones del caso.
El trabajo estará dividido en cinco partes. En primer lugar haremos una breve síntesis de cómo operó desde sus orígenes el sistema político en el Uruguay. Luego analizaremos algunas de las tesis más arraigadas sobre la estructura política, para finalmente analizar el sistema de partidos, el sistema electoral y el sistema de gobierno. Finalmente se incluirán en el Anexo, una serie de cuadros con los principales resultados electorales de los últimos años.

Antecedentes históricos del sistema político.

Una de las características específicas del Uruguay fue la temprana instalación de un sistema político pluralista, con un sistema electoral que permitía la renovación regular de sus figuras públicas, una participación universal (incluido analfabetos) masculina desde 1916 y femenina desde 1934. A esto se suma una rotación cierta de los partidos en el Gobierno (aunque los colorados lo controlaron de forma casi monopólica desde 1865 hasta 1958), lo que arroja una cultura democrática atípica entre los países en desarrollo, que sucumbiría por primera vez luego de prolongada resistencia (G. Rama, 1987).

El proyecto modernizador e industrial – democrático.

Desde la colonia, nuestra economía estuvo vinculada a un sistema de tipo mercantilista. Aún bajo el "dominio honorario" del Imperio Británico al cual nuestro país se asoció hacia 1870, la base de la economía nacional fue de tipo "extractiva", donde el interior rural-ganadero marcaría fuertes contrastes con el puerto-capital. Aquí se consolidarían tres órdenes económicos: el nuevo empresariado rural de tipo capitalista y productor de lanas, los estancieros-caudillos propiamente extractivos y productores de carne, y los comerciantes vinculados al puerto.
En ese marco, el Estado durante todo el Siglo XIX se puede caracterizar como muy débil. Ello iba de la mano con una identidad nacional muy difusa. Así tiene lugar el desarrollo de los partidos blanco y colorado, participantes de numerosos enfrentamientos hasta el año 1904 donde el Estado y el Partido Colorado –gobernante- pasaban a detentar el monopolio de la violencia pública. Por entonces empezaban a definirse los perfiles de simpatías: los colorados con mayor presencia en la capital y adhesiones de los sectores comerciales de origen europeo, en los inmigrantes (fundamentalmente italianos) y entre los pequeños agricultores; los blancos con mayor presencia en el medio rural y específicamente con amplio apoyo entre los ganaderos.
Ante la ausencia de un Estado fuerte, el siglo pasado fue testigo del surgimiento de numerosas experiencias asociativas ya sea de base comunitaria (inmigrantes) o sindical. También los grupos superiores se fueron organizando dando origen a la Asociación Rural, la Bolsa de Comercio, grupos bancarios, etc. En todos estos casos, una de las características de la cultura política del país fue la ausencia de los integrantes de la burguesía en el sistema político. No sería hasta el Gobierno de Bordaberry que éstos se integraran al aparato del Estado. Hasta entonces constituirían grupos de presión que influirían en la toma de decisiones del Estado.
Sobre principios de este siglo se fue generando el proyecto innovador. Algunas de las condiciones previas para que éste pudiera afirmarse fueron: el agotamiento precoz de la modernización ganadera (recordemos el alambramiento de los campos) articulada con el dominio inglés, la transformación de una burguesía agraria emprendedora, y la crisis del esquema político tradicional (G. Rama, 1987). Esto último tuvo lugar en 1904 con la muerte de Aparicio Saravia, y la posterior desarticulación del sistema de reparto de departamentos que no respondían al Estado, sino al caudillo partidario.
Recién entonces estaban dadas las condiciones para emprender tres décadas de transformaciones que irían a fundamentar la creación del Uruguay moderno.
En materia económica las principales transformaciones tuvieron lugar entre 1911 y 1915: creación de un sistema bancario nacional, con funciones monopólicas en la emisión, hipotecas y seguros; creación de empresas públicas en diferentes actividades: puertos, electricidad, ferrocarriles, pesca, química, y más adelante (1932) refinación de petróleo y teléfonos. En ese marco fueron generándose discursos fuertemente progresistas, donde el Estado tenía un rol fundamental en la distribución de la riqueza, y donde no faltaban citas y referencias hacia el socialismo, y el bienestar obrero.
El proceso de modernización termina robusteciéndose con otros acontecimientos: el proceso de secularización, que se centra en la separación entre Iglesia y Estado; pioneras legislaciones liberales en política familiar (Ley de Divorcios de 1907); y en definitiva, un espectro de políticas reformistas como gratuidad de la enseñanza media y universitaria; legislación laboral protectora (Ley de 8 horas de 1915; día semanal de descanso de 1920; obligación patronal de tomar medidas preventivas contra accidentes de trabajo de 1914; salario mínimo para trabajadores rurales de 1923, etc.). En materia de seguridad social se comprendió la pensión de vejez para indigentes (1919); reorganización de caja de jubilaciones para empleados públicos (1904), creación de caja para empleados de servicios públicos (1919), empleados bancarios (1925) y empleados de la industria y el comercio (1928), etc. Todos estos cambios progresivos tendrían lógicamente su repercusión en la más equilibrada estratificación social de la región. Aún así, y más allá de los éxitos indudables en los diferentes campos, hay cierto concenso en señalar el mantenimiento de statu quo en la estructura minifundio – latifundio, manteniéndose además la baja productividad por hectárea en el medio rural.
A todo esto, Batlle quiso sumar a su proyecto de transformación, cambios en el sistema de gobierno que permitieran privilegiar un sistema de dominación de tipo carismático a uno de tipo antiautoritario, por medio de un organismo colegiado. Un organismo de este tipo, además, según la concepción modernizante obligaría a los Partidos a adecuar sus estructuras sin hacerlas depender de figuras y liderazgos individuales.
En el plano social, se habla de una "estatización de la sociedad" (G. Rama, 1987), que tuvo lugar conforme se privilegiaba la integración democrática, que luego reforzará la identidad de la sociedad uruguaya. Posteriormente cuando la sociedad devenga hiperintegrada y el Estado carente de proyecto de desarrollo, la imagen será la inversa. Sin embargo esta tesis ha sido cuestionada por numerosos historiados, quienes releyendo la historia de estos años, han logrado posicionar en sus justos términos a una sociedad civil que nunca dejó de carecer de fuerza. Valga en tal sentido, citar el rol de los sindicatos anarquistas y cristianos de principios de siglo, como agentes particularmente importantes para la reivindicación de numerosas leyes aprobadas por el parlamento (Zubillaga y Cayota, 1988; Zubillaga, 1989).
Este período signado por el proyecto innovador tendrá un revés con la crisis del 29. En términos generales, esta crisis provocó en A.L. la crisis del sistema oligárquico de dominación. Para el Uruguay redundará en crisis institucional (dictadura de Terra en 1933) y la irrupción luego de un nuevo estilo de desarrollo, esta vez basado en la sustitución de importaciones.
El Golpe de 1933 fue liderado por Gabriel Terra, electo por el Batllismo y aliado en su nueva aventura con los colorados riveristas y a la mayoría del Partido Nacional, liderada por el notorio conservador Luis Alberto de Herrera. Ambas tendencias, entonces, se caracterizaban sin dudas, por ser fieles representantes de la alta oligarquía nacional. Las orientaciones económicas, tendientes a privilegiar la ganadería exportadora, vuelve a recordarnos el esquema del Dominio Honorario Británico. La oposición estaba conformada por el futuro Partido Nacional Independiente, por el batllismo, por la Unión Cívica y los socialistas. Desde la sociedad civil no irrumpieron revueltas, lo que evidencia la debilidad de la misma, a pesar de los matices ya sugeridos. La dictadura (o "dictablanda" como se le llamó popularmente por la ausencia de represión masiva) duró hasta 1938, legitimada por una nueva Constitución Presidencialista (1934). En 1938 asume la presidencia el Gral. Baldomir quien inicia una apertura que dará lugar a elecciones libres en 1942.
Luego de una caída en la economía en los años que van de 1930 a 1944, se emprende nuevamente una expansión que genera un "decenio glorioso" entre 1945 y 1955, con un crecimiento anual del 8.5%. Son años en que los dirigentes catalogarán al Uruguay como "Suiza de América", "a la vanguardia del mundo en materia social", etc. El neo-batllismo, en este marco lanza otra serie de políticas de bienestar social, lideradas esta vez por los Consejos de Salarios de 1943 (Finch, 1989). Este espacio histórico ha sido denominado por Rama, "proyecto democrático – industrializador". En efecto, la industrialización fue dominante en este período histórico. La concepción del desarrollo giraba en torno al papel de la Industria y del Estado. Evidentemente se cometerían los mismos errores que en el resto de A.L. en cuánto al modelo sustitutivo. A su vez, nuevamente estos momentos históricos irían de la mano con un mayor nivel de conflicto entre los intereses rurales y los industriales.
En el plano social, se rescata un reforzamiento de la sociedad civil, y una vigorosa movilidad social que despertó una numerosa clase media.
En lo político el Partido Colorado se organizó en torno al liderazgo de Luis Batlle Berres, a la vez que el Partido Nacional robustecería sus perfiles conservadores.

Sociedad hiperintegrada y crisis.

Como se dijo, el modelo sustitutivo cometió errores que fueron manifestándose en la economía desde fines de los cincuenta. Al inicio esta crisis se hace sentir menos pues se echó mano al capital preexistente, a las reservas monetarias, y al endeudamiento. Incluso la inflación producida por la presión de los grupos sociales dio al principio una imagen de dinamismo. No obstante ello se empezó a sentir las consecuencias de las transferencias del sector ganadero al urbano, lo que unido a la caída de los precios de la lana luego de finalizada la guerra con Corea, irían a afectar la relación gobierno – ganaderos.
Se crea así en 1951 la Liga Federal de Acción Ruralista de tendencia conservadora, liderada por Benito Nardone. En definitiva, el crecimiento de este grupo le daría la victoria por fín al Partido Nacional en 1958, donde al ruralismo le cupo la mitad de los puestos de la mayoría del Consejo Nacional de Gobierno.
En el plano social, la sociedad civil pasa a invadir el Estado, por medio de crecientes demandas y reivindicaciones particularistas. En el plano económico, el triunfo del Partido Nacional en 1958, traería cambios. En el primer período de Gobierno (1959-63) comienza un traslado de riquezas hacia el sector agrario y una desarticulación de los mecanismos intervencionistas del Estado. La influencia de Nardone se hizo sentir en las políticas económicas, lideradas entonces por el Ministro de Hacienda, Juan Eduardo Azzini, para quien la "vieja mentalidad de oligarquía capitalina, nunca comprendió que primero estaba el sector agropecuario". Estudios posteriores confirmarían sin embargo, que a pesar de las políticas económicas impuestas en su momento (fundamentalmente la Ley de Reforma Monetaria y Cambiaria de Diciembre de 1959), la alianza herrero-ruralista no pudo revertir claramente la transferencia de recursos del medio rural al urbano. Las elecciones de 1962, vuelven a dar la victoria al Partido Nacional, pero esta vez a una nueva mayoría, integrada por la UBD y el herrerismo ortodoxo, liderado por Eduardo V. Haedo. Acabado el modelo neobatllista, y fracasado su alternativa ruralista, el perfil de este segundo gobierno nacionalista, que predicaba fundamentalmente limitaciones al intervencionismo estatal, pasó por el intento de buscar fórmulas técnicas que permitieran al país salir de la crisis. Se rescata, en ese marco, la necesidad de contar con instrumentos de planificación en el plano socio-económico, lo que llevaría a la constitución de una Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE), fuertemente inspirada en los planteos Cepalinos de la época. Sus principales contribuciones, sin embargo, no pudieron nunca llevarse a la práctica.
Por lo demás, en el plano político, se afirmaron tendencias en el bipartidismo que incidirían en la posterior crisis del sistema:

1. mayor fraccionalización al interior de los partidos

2. se exacerbó la política de clientelismo

3. se abusó del pasaje de políticos de segundo rango a funciones públicas

4. polarización a la interna de los partidos

5. instalación de grupos económicos en esferas estatales

El primer punto es de enorme interés. Fíjese el lector, el dinamismo de las fracciones al interior de los partidos tradicionales. En el Partido Nacional, luego de la muerte de Herrera, el herrerismo se quiebra en dos alas: una más ligada el ruralismo, liderada por Martín Etchegoyen, y la otra, conocida como herrerismo ortodoxo, liderada como se dijo, por Eduardo V. Haedo. Este sector, a su vez, se alió para las elecciones de 1962 con la única intención de detener a "Chico-Tazo". La alianza electoral se realizó con la Unión Blanca Democrática (UBD), fundada en 1956, por tres vertientes nacionalistas: el Movimiento Popular Nacionalista (MPN), "Reconstrucción Blanca" y Partido Nacional Independiente. El triunfo de 1962 fue para los liderados por Daniel Fernández Crespo, conocidos como la ubedoxia. La muerte de Fernández Crespo, sin embargo, vuelve a facilitar los desgarramientos: el MPN se alía con los herrero-ruralistas en la "Alianza Nacionalista"; en tanto los nacionalistas independientes y "Reforma Blanca" se unen al Movimiento de Rocha (fundado en 1964) integrando el "Movimiento Reforma y Desarrollo".
En el Partido Colorado, por su lado, a la tradicional divergencias entre las listas 14 y 15, se sumaron interesantes movimientos políticos. En 1958 concurrieron tres listas batllistas: el quincismo (Manuel Rodríguez Correa); el catorcismo (Cesar Batlle Pacheco); y la minoritaria lista 16. Fuera del lema se presentaron algunos terristas, reunidos al amparo de la Unión Demócrata Reformista. Para 1962 se logran rearticular los sectores riveristas, terristas, baldomiristas y blancoacevedistas; pero surge el sublema "Por el Gobierno del Pueblo", provisto de dirigentes de la 15 (Michelini, Batalla, Lanza) y de la 14 (Renán Rodríguez, Enrique Martínez Moreno). La 14, por su lado, conformaría la "Unión Colorada y Batllista". Tras la muerte de Batlle Berres, sin embargo, vuelven a sucederse nuevos recortes. Jorge Batlle logra "ganar la interna" del sector y funda "Unidad y Reforma". Los disidentes se reunirán en torno a la "315". Así se llega a 1966 con cinco fórmulas presidenciales: la que se impuso (Oscar Gestido y Pacheco); seguida de Batlle-Lacarte Muró; Vasconcellos-R.Rodríguez; Michelini-Lanza; y la lista encabezada por Justino Jiménez de Aréchaga, de poca significación.
A esto se sumaron crisis en las dimensiones de la identidad de las clases medias, obreros e intelectuales, que se expresaron en la radicalización del movimiento estudiantil y la gravitación del mov. sindical; la ampliación de bases de los partidos marxistas; la transformación progresista de la Unión Cívica en PDC; y la posterior creación del Frente Amplio, etc.
En efecto, los años sesenta también marcaron importantes hitos en los partidos menores: cívicos, socialistas y comunistas. La Unión Cívica, empieza a mostrar signos de decadencia en lo programático, lo que motivara el surgimiento de jóvenes demócrata cristianos y un "Movimiento Social Cristiano" que levantarían banderas progresistas en lo socio-económico, inspirados en el éxito de otras democracias cristianas en Europa y América, fundamentalmente el caso chileno. El complicado proceso de gestación del PDC, tiene importantes avances en los años 1963, 64 y 65. En este último, se integra el citado Movimiento Social Cristiano, y se alejan figuras conservadoras vinculadas a la vieja dirección de la UC. Estos disidentes, junto al senador Flores, fundan el "Movimiento Cívico Cristiano", que en disputa electoral con el PDC sólo cosecharían 4.230 votos. Por su lado, la dupla Gelsi Bidart-Chiarino, conseguiría 37.219 votos. Por su lado, el Partido Socialista, que venía de una polémica interna entre una concepción más social-demócrata de Frugoni, con otra más ideologizada, concreta con otras fuerzas acuerdos electorales que dan origen a la Unión Popular, de escaso impacto electoral. Mientras tanto el Partido Comunista, conforma sus propias alianzas, fundando el Frente Izquierda de Liberación (Fidel) que lograría más de 40 mil votos en las elecciones de 1962, y casi 70.000 en 1966.
En este marco las elecciones de 1966, en medio de un bipartidismo fragmentado, volvían a proponer nuevas vías de solución a la crisis. Se plebiscitaría entonces una Reforma Constitucional por la cual se vuelve a un régimen presidencialista para darle mayor ejecutividad al gobierno. El otro cambio fue la elevación por parte de los partidos tradicionales de figuras alejadas de la cara demagógica y clientelística de la política. Gestido ganaría entonces las elecciones, pero con su fallecimiento, asume un prácticamente desconocido Sr. Pacheco Areco, quien accede a la postulación después de haberse negado Michelini, Luisi y Lacarte Muró. El ex director de "El Día", inauguraría así un nuevo período crucial para nuestra historia política.
El Gobierno de Pacheco aplica en lo económico un modelo de intervencionismo estabilizador, transfiriendo ingresos de los salarios al capital, unido a políticas antiinflacionarias que no pudieron modificar el estancamiento. Aquí el sistema político se volvió a mostrar inoperante. A duras penas se llega a las elecciones de 1971 donde se polarizan las posiciones e intervinieron de diversa forma, los actores sociales. Esto se dio en medio de un panorama anómico, de desagregación social, con irrupción de la violencia. No es raro ni fortuito entonces, que los tupamaros integraran sus filas con un perfil que sintetiza claramente la crisis de integración entre quienes habían conformado el eje social del modelo mesocrático batllista).
En lo concerniente al sistema político, merece especial atención a nuestros efectos, el pasaje a un cuadro de "pluralismo limitado", o sistema de dos partidos y medio: nos estamos refiriendo sin duda al origen de un Frente Amplio que logra terciar en el panorama electoral. Esta coalición empieza a manifestarse como una opción real luego del llamado que hace el PDC en Junio de 1968 a adelantar las elecciones de acuerdo con las normas constitucionales; y a conformar un frente de partidos y fracciones opuestos a la orientación política, social y económica del gobierno (Zubillaga y Pérez, 1983). En Febrero de 1971 se constituye entonces el FA con la participación de la democracia cristiana, la 99, el Movimiento Blanco Popular y Progresista, el Fidel, el Partido Comunista, los socialistas, el movimiento socialista, y la lista 58 del Partido Nacional.
Luego de las elecciones del 71, que son ganadas por el continuismo pachequista, en este caso, a través de la presidencia de Bordaberry, se procesan duros años que manifiestan una alta polarización política, y un fuerte enfrentamiento entre los poderes legislativos y ejecutivo; lo que termina con la disolución de las Cámaras el 27 de Junio de 1973. Se llega así, en una apretada síntesis, al golpe de Estado. Luego le sucede la restauración democrática. Aquí sobresale, por fín, la discusión sobre cómo el sistema político y el sistema de gobierno pudieron haber influído en la caída de las instituciones.

La importancia de las estructuras políticas en la Democracia uruguaya.

Esta temática ha sido ampliamente difundida en el medio académico uruguayo a partir de la aparición pública de la tesis doctoral de Luis E. González: "Estructuras políticas y democracia en Uruguay". González parte del concepto menos multidimensional, y por lo tanto menos polémico, de poliarquía, para definir y delimitar el concepto de democracia. Como se sabe, el concepto de poliarquía ha sido ampliamente difundido por Dahl, a partir de un fructífero trabajo de 1971. En efecto, este autor norteamericano, propone dos dimensiones fundamentales: "public contestation" (oposición, competencia pluralista) e "inclusiveness" (participación política). Además de estas, Dahl adelantó que la democratización podría tener otras dimensiones, entre las cuáles, las que tendieran a lo que hoy se conoce como "democracia social".
De esta manera, en términos operativos, existirá poliarquía si se dan dos condiciones: a) una participación política significativa, y b) la posibilidad de organizar la oposición pública contra quienes gobiernan; esto es: existencia de sistemas multipartidarios y elecciones regulares. Al menos estas dos dimensiones parecen legítimas para países que han superado ciertas condiciones previas en el plano económico social, entre los cuáles, señala González, el caso de Uruguay y al menos Argentina y Chile para el caso de A.L. En todo caso, la discusión de estos asuntos, parecería estéril en la medida que la poliarquía no pretende ser un sinónimo de la mucho más compleja democracia.
En efecto, el concepto de democracia incluso reviste raíces particularmente complejas que se remontan a la Grecia Ateniense de los siglos IV y V A.C. (Cfr. Política, de Aristóteles), para ser luego retomada por la literatura política de los Siglos XVIII y XIX. La moderna ciencia política, por su lado ha divulgado numerosas significaciones y clasificaciones de la democracia. Quizá una de las simplificaciones más divulgadas haya sido la que distinguía entre la democracia mínima o "procedimental" y democracia máxima o "sustantiva". Sin duda la primera es la que ha primado en la academia; y recoge contribuciones de Schumpeter y del citado Dahl. Bobbio en esta línea señalará que la democracia procedimental designa un conjunto de reglas jurídico institucionales, donde la libertad se asume como fundamental ante la igualdad, a diferencia del concepto de democracia sustantiva.
Parecería ser una realidad que la democracia en Uruguay ha sido la más exitosa en el concierto latinoamericano: funcionamiento continuo del sistema salvo la dictadura de Terra (1933-1942) y la militar (1973-1984); subordinación del poder militar al civil (salvo la dictadura militar de 1973), la ampliación temprana de los derechos políticos, etc.
La poliarquía uruguaya habría nacido en 1918, para derrumbarse claramente en 1973. La pregunta central es porqué, y la respuesta que da González pasa por la centralidad de los procesos políticos. En concreto intentará demostrar que: (i) "algunas características del sistema político uruguayo que precedieron a la democracia –su tradición presidencialista, su sistema bipartidista y la fraccionalización de sus dos partidos tradicionales –no se modificaron en las etapas iniciales de la poliarquía y duraron ininterrumpidamente por lo menos durante medio siglo; (ii) se convirtieron entonces en estructuras políticas; cuando algunas de estas características se enfrentaron a crisis profundas –en particular el presidencialismo y la fraccionalización de los principales partidos –contribuyeron a la pérdida de eficacia, eficiencia y legitimidad que a su vez condujo al golpe de 1933, y especialmente 1973; (iii) y aunque en 1973 algunos de esos aspectos estructurales habían cambiado, precisamente los responsables de los efectos señalados en (ii) no se modificaron. En realidad, desde un punto de vista estructural las transformaciones –desvanecimiento del bipartidismo, agudización de la fragmentación y polarización en el sistema de partidos- empeoraron la situación. La situación de 1984 restaura este escenario empeorado" (L.González, 1993).
En definitiva, si bien González no descuida los problemas socio-económicos y las dinámicas de corto plazo, cree que hay factores político-estructurales que crearon predisposiciones para que ocurrieran estos hechos: en concreto la fraccionalización de los principales partidos y las instituciones cuasi-presidenciales, a lo que se agrega en 1973, un aumento de la fragmentación y un alto incremento de la polarización del sistema de partidos.

El sistema de partidos en Uruguay.

El sistema de partidos en el Uruguay se remonta a los primeros años de la Independencia. Aunque por entonces la Constitución liberal de 1830 no los contemplaba, lo cierto es que ya empezaban a notarse las distancias entre el "país legal" y el "país real" que discurría mucho más inorgánicamente a influjo de la acción política caudillesca (Caetano, 1998). En efecto, ni la citada Constitución ni la Ley de Abril de 1830 que fijaba las reglas para la elección del Presidente, contemplaba a los Partidos. Con las divisas y la acción de los caudillos, sin embargo, tenemos el origen de verdaderos "protopartidos".
El otro hito puede ser considerado la Guerra Grande. Allí González explica que los Partidos irían adquiriendo sus principales rasgos: un Partido Colorado más liberal, de tendencia anticlerical y ligado a los intereses urbanos; y un Partido Nacional más conservador y de mayor inserción en el medio rural. De todas formas los dos partidos eran policlasistas, abarcando un amplio espectro ideológico. En torno a ellos, sin duda se ha ido edificando el sistema de partidos en Uruguay. Ello no implica desconocer, por su lado, la existencia de partidos menores, que en el caso del Partido Socialista y de la Unión Cívica, remontan sus orígenes a principio de siglo. Sin embargo, éstos como veremos luego, no son considerados de relevancia para los esquemas de análisis más utilizados en el ámbito de las ciencias políticas.
Para definir nuestro sistema, entonces, podemos partir de los criterios propuestos por el ítalo-norteamericano Sartori. El primer criterio que propone el autor es el numérico, esto es, la cantidad de partidos existentes. Sin embargo, no se trata de contar los partidos legalmente instituidos, y ni siquiera aquellos con representación parlamentaria, sino aquellos relevantes politológicamente. Así diseña un método para contar los partidos: en ese sentido, el partido para ser relevante debe haber integrado acuerdos de gobierno (este es, el criterio "posibilidad de coalición") (Sartori, 1980). Pero además, puede suceder que un Partido jamás haya formado parte de un Gobierno, en tal caso, se entenderá clasificable si su presencia influye en la gestión gubernamental: es el criterio conocido como "posibilidad de chantaje".
De tal manera lo anterior que el formato de un sistema dependerá del número de partidos con posibilidad de coalición y chantaje: podrá existir un sistema con un partido, bipartidista, pluralista limitado, y pluralista. A su vez, en un sistema con un solo partido, distingue el autor entre partido totalitario (caso de los regímenes comunistas), hegemónicos (permite la existencia de otros partidos, pero no hay competencia real) y predominante (hay un solo partido dominante).
Por su lado, la mecánica del sistema dependerá de tres componentes: la "distancia ideológica" (envergadura de las diferencias entre partidos); la "intensidad ideológica" (importancia que los partidos le asignan a lo ideológico); y el tipo de competencia (competencia centrípeta donde los partidos buscan ocupar el mismo espacio, o centrífuga, esto es, de mayor polarización).
Sartori entonces, define al sistema uruguayo como de partido predominante: al haber ganado el Partido Colorado las elecciones desde 1868 hasta 1958, y luego de dos períodos vuelto a ganarlas, deduce el autor italiano que hubo un solo partido de tipo predominante. Operacionalmente, si un partido es capaz de ganar tres mayorías consecutivas en la cámara baja, entonces hay sistema predominante. González discute esta afirmación, aunque basado en criterios más bien formales. Señala en ese sentido que: (i) recién en 1918 se establecieron garantías reales, lo que deja el período 1868-1918 fuera de discusión. (ii) En el período que va de 1918 a 1933, los colorados nunca obtuvieron tres mayorías consecutivas en la cámara baja (la perdieron en 1925). (iii) después de la dictadura de Terra, los colorados ganaron las cuatro elecciones siguientes –1942, 1946, 1950 y 1954- pero en 1946 no lograron mayoría absoluta en la cámara baja. (iv) los blancos triunfaron en 1958 y 1962. (v) los colorados volvieron a ganar las tres elecciones siguientes (1966, 1971 y 1984) pero en las dos últimas no lograron mayorías en las cámaras.
Concluye González que "bajo gobiernos democráticos, Uruguay tuvo un sistema bipartidista la mayor parte del tiempo, pero los colorados lograron convertirse en partido predominante durante cerca de un tercio de la vida democrática del país". Además agrega que bajo gobiernos no democráticos el Partido Colorado también se posiciona mejor siendo predominante de 1868 a 1917, y en el control de la dictadura de Terra.
Independientemente de todo esto, parece claro que a lo largo de todo el siglo, más allá del formato, la mecánica del sistema fue siempre de tipo bipartidista. Así lo confirma el hecho de constatarse una cultura de coparticipación, que se observa en múltiples acuerdos políticos, en la distribución de cargos en los entes autónomos, la distribución de cuotas para empleos en el Estado, negociaciones para modificar la Constitución, etc. (Mieres, 1992).
La otra característica de nuestro sistema es la alta fraccionalización de esos partidos, al punto de haberse hablado de verdaderas coaliciones al interior de los partidos. Incluso se llegó a decir que nuestro bipartidismo en realidad escondía un sistema multipartidista (Lindahl, 1962; Sartori, 1976, Errandonea, 1996). Sin embargo, González vuelve a oponerse a esta visión, señalando la primacía del bipartidismo.
El sistema, por su lado, comienza a cambiar a partir de 1971. Según los términos de Sartori, estaríamos frente a un sistema de tipo "pluralismo limitado". Efectivamente en 1971 aparece el FA y logra un 18% a nivel nacional, y un 31% en Montevideo, desplazando al PN al tercer lugar en la capital del país. Los resultados de 1984 confirman el nuevo formato (a pesar de los esfuerzos de la dictadura por lograr lo contrario) con una votación a nivel nacional de la izquierda del 21% y del 33% en Montevideo. Se registra un nuevo cambio en 1989, con el surgimiento de un cuarto actor (Nuevos Espacio). El FA repite el 21% pero logra un 36% en la capital, obteniendo así la intendencia Municipal de Montevideo (IMM). El Nuevo Espacio, por su lado, llega a un 9% a nivel nacional.
¿Qué determinó la primacía del sistema bipartidista?. Pues bien, el sistema electoral ofrece muchas pistas. Aún así, parecería ser que el sistema electoral no determina el sistema político, más bien es una variable entre tantas. En ese sentido, se presentan "leyes tendenciales" (Duverger) de importancia para nuestro caso:
Ley tendencial 1: Las fórmulas de mayoría facilitan un formato bipartidista y obstruyen el multipartidismo;
Ley tendencial 2: Las fórmulas de representación proporcional facilitan el multipartidismo, y difícilmente conducen al bipartidismo.

Para el Uruguay tenemos que un sistema semipresidencial donde la atención se enfoca en la carrera hacia la presidencia, que se decide por mayoría simple, y al ser las elecciones simultáneas, bloquea el efecto de la ley 2 y prima la ley 1.

Hoy por hoy podemos discutir si acaso el pasaje de la elección presidencial por mayoría absoluta a dos rondas, no facilita el surgimiento del multipartidismo. Creemos que definitivamente podría ser esa una de las tendencias futuras del novel sistema electoral inaugurado por la Reforma de 1996.

Ahora bien, las lecciones que deja el autoritarismo son que según González, hay dos estructuras que demostraron ser adversas a la estabilidad democrática. La fraccionalización que bloqueó la implementación de medidas; y el semi-presidencialismo. Según Sartori, los sistemas presidencialistas implican riesgos adicionales para la estabilidad de los sistemas altamente polarizados. Efectivamente, el sistema antes del golpe estaba constituído por un bipartidismo fraccionalizado, a lo que se suma fragmentación y polarización

El sistema electoral en Uruguay.

El régimen electoral del Uruguay históricamente, se puede sintetizar en los siguientes rasgos:

1. mayoría simple para la elección presidencial

2. múltiples candidaturas a presidencia en cada partido

3. representación proporcional en el ámbito parlamentario

4. múltiple voto simultáneo

5. simultaneidad y vinculación de todas las elecciones

Nótese como los puntos ii y iv, en realidad forman parte de un mismo fenómeno que es el del doble o múltiple voto simultáneo. Este mecanismo, absolutamente original para el caso uruguayo, y que como vimos fue funcional a la performance de los partidos, se remonta a la Ley 3640 del 11 de Julio de 1910. De hecho, dicha Ley tiene origen en la propuesta realizada en la época por el entonces Ministro del Interior José Espalter, quien por este medio quería asegurar la permanencia del Partido Nacional en las elecciones de ese año. Apoyándose en las fórmulas ideadas por el belga Borely en 1870, y difundidas por Justino Jiménez de Aréchaga, se sancionó la Ley que en definitiva permitiría a los nacionalistas concurrir divididos pero bajo un mismo lema, de forma de poder acumular sus votos. Con otras tres leyes del los años 34, 35 y 39, se termina de conformar un sistema que permite la acumulación bajo un mismo lema de distintas opciones electorales plasmadas en sublemas y listas. Popularmente, a este concierto de leyes se le conoce como "Ley de Lemas".

La representación proporcional, también forma parte de la cultura política de nuestro país, y fue establecida como principio con la Constitución de 1919. Ambos elementos terminarían caracterizando el sistema electoral uruguayo.

Por su lado, la normativa constitucional aprobada en el plebiscito del 8 de Diciembre de 1996 con el 50.45% de los votos, implica sustituir cuatro de los cinco puntos (aunque los puntos ii y iv, como dijimos, pertenecen a un mismo esquema):

1. mayoría absoluta a dos rondas para la elección del Presidente (sistema de balotaje)

2. se limita drásticamente el uso del múltiple voto simultáneo (se elimina sublemas a diputados, hay un solo candidato presidencial por partido, y un máximo de dos candidatos a intendencias).

3. se desvinculan y separan las elecciones nacionales y departamentales; las nacionales a su vez pueden sufrir variantes en las Parlamentarias (Octubre) y balotaje para la presidencia (Noviembre).

Régimen de Gobierno en Uruguay.

La tradicional separación de poderes, se remontan a formulaciones de Locke (1632-1704) y más propiamente Montesquieu (1689-1755), quien propone clasificar las funciones del gobierno en fundamentalmente tres: legislativas, ejecutivas y judiciales. Pues bien, según la organización de cada uno de los poderes del Estado, aunque más específicamente entre Ejecutivo y Legislativo, se suele distinguir el tipo de gobierno. Surgen de esta manera dos grandes tipos: Presidencialistas y Parlamentaristas.

El Presidencialismo se caracteriza por separar nítidamente los poderes del Estado (lo que no implica un aislamiento, que no conduciría a otra cosa que no fuera un bloqueo permanente). Teniendo en cuenta el sistema de partidos que impere, la cultura política, etc., podemos distinguir diversos tipos de presidencialismos. Este dato no es menor, pues la discusión en los ochenta, parecía catalogar al presidencialismo como una única cosa. Linkhart, si bien distinguió entre parlamentarismos continentales y británico, no hizo lo mismo al referirse al presidencialismo, en sus estudios sobre estos temas.

Estas son las siguientes peculiaridades del sistema presidencialista:

1.- El poder ejecutivo no está dividido en Jefe de estado y de Gobierno, sino que cae directamente en el Presidente, elegido o bien directamente (como sucede generalmente) o bien por Asamblea.

2.- Los ministros son nombrados por el Presidente, aunque en ocasiones se necesita el aval del Parlamento. Por lo general los ministros no pueden ser miembros de las Cámaras.

3.- El presidente no es responsable ante el Parlamento

4.- Por lo general, tampoco el Presidente puede disolver las Cámaras (Del Aguila, 1997).

Este sistema, con sus variantes, ha sido fundamentalmente extendido en Latinoamérica. En el continente, sin embargo, la proliferación de sistemas multipartidistas, pone un signo de interrogación sobre la eficacia del sistema para gobernar democráticamente (recuérdese la tendencia clásica, hoy discutida, de presidencialismo con bipartidismo, caso de EUA).

El Parlamentarismo, es heredero del constitucionalismo europeo, especialmente el inglés; donde la figura del monarca debía poner nuevas herramientas en la arena.

Sus características más salientes son:

1.- El P.E. se divide en dos órganos: Jefe de Estado (monarca o presidente de la República)y el Gobierno (a su vez aquí se suele distinguir entre el jefe de Gobierno y el Gobierno en sí).

2.- El Jefe de estado nombra al Jefe de Gobierno y éste a los ministros. El Jefe de Gobierno, a su vez, es designado por el Parlamento.

3.- El Gobierno como cuerpo político colegiado, tiene fuerte papel político.

4.- Los ministros suelen ser miembros del Parlamento.

5.- El Gobierno es políticamente responsable ante la Asamblea

6.- El Parlamento puede hacer caer al Gobierno, y éste puede llamar a nuevas elecciones del Parlamento.

El nuestro, como surge de lo anterior, se inclina a ser un régimen semi presidencialista que acentuó sus variantes presidencialistas en la última reforma (P. Guerra, 1996). En tal sentido, la nueva Constitución refuerza el Presidencialismo a través de su art. 138, que reduce las posibilidades del Parlamento de bloquear los vetos del Presidente: además de requerir ahora 3/5 de cada Cámara, se reducen los plazos para las observaciones a la mitad. El numeral 7 del art. 168 ofrece la facultad al Presidente de proponer proyectos de Ley que podrán ser enviados con declaratoria de urgente consideración: aquí se vuelven a reducir los plazos vencidos los cuáles se reputará aprobado el proyecto enviado. Por su lado, el Art. 174 expresa que el Presidente de la República podrá requerir de la Asamblea General un voto de confianza para el Consejo de Ministros. El Parlamento se debe pronunciar al respecto sin debate. Y en el Art. 175 se señala: "El Presidente de la República podrá declarar, si así lo entendiere, que el Consejo de Ministros carece de respaldo parlamentario". En ese caso podrá sustituir total o parcialmente a los miembros no electivos de los Entes Autónomos (sic) y de los servicios descentralizados, como a los Directores Generales.

Si bien el presidencialismo potencia la lógica de que "quien gana gobierna" (Pareja, 1991), sin duda que la cultura política es la que termina moldeando estas fórmulas. Así en esa materia, se diferencias las democracias mayoritarias (donde efectivamente se practica aquello de quien gana gobierna) de las democracias pluralistas (donde se necesita de la negociación). Uruguay, al decir de Lanzaro, se presenta como un sistema presidencialista pluralista. Las variantes del pluralismo a su vez son: de compromiso y de coalición (33´, 42´, y segunda gobierno de Sanguinetti).

Por su lado, para complejizar el panorama, los regímenes presidencialistas tienden a estimular un régimen electoral mayoritario en el plano parlamentario. Uruguay, sin embargo, presenta un régimen proporcional en materia electoral. Ello condujo a dos partidos y su fraccionalización, lo que se explica además, por su particular legislación electoral.

Indudablemente, a lo largo de estas líneas podemos coincidir en señalar que las reglas de juego electorales y los sistemas de gobierno favorecen tendencialmente ciertos formatos de sistemas de partidos y ciertas lógicas de competencia y cooperación, pero no las determinan (Filgueira & Filgueira, 1998).

Coincidimos además con los citados autores, en que el crecimiento sostenido del Encuentro Progresista, que llegó a arañar el Gobierno Nacional en las elecciones de 1994 (alcanzó casi un 31% contra un 33% del Partido Colorado), es la explicación de la estrategia coalicionista de los partidos tradicionales: entre las numerosas reformas votadas en el Parlamento por la coalición figura la reforma constitucional que cambia las reglas de juego en materia electoral.

La pregunta que debemos hacernos todos es qué sucederá de aquí en más con los nuevos cambios impuestos. Pues bien, la inclusión del balotaje pretende en primer lugar mantener las opciones tradicionales como hegemónicas en el plano de la Presidencia: parece bastante plausible pensar en una unión de los dos partidos tradicionales si sólo uno de ellos llegara a la instancia final. Esta tesis, sin embargo es matizada por otros autores (Errandonea, 1998). Más allá de las elucubraciones al respecto, la mecánica parece haber sido pensada a los efectos de cortarle el paso a una izquierda que con las mismas reglas de juego de la constitución anterior, seguramente sería gobierno en el 2000.

En este marco, uno vuelve a preguntarse con numerosos académicos (Pareja, R. Pérez, Filgueira), cuál ha sido la razón por la cuál no se aspiró a un sistema parlamentario para el logro de coaliciones más estables. Quizá la respuesta esté justamente en ese detalle: en un sistema de partidos altamente fragmentalizados, parece lógico que los partidos tradicionales le escapen a coaliciones de tipo estable. El costo político pagado por Volonté, por ejemplo, viene a confirmar esta tesis. Una reforma como la de 1996, por lo tanto, evita ese problema. Además, al aumentar el poder del Presidente de la República, se parte de la base que la gobernabilidad está más asegurada que antes. Conclusión dudosa, por cierto, si nos remitimos a los diversos escenarios hipotéticos que podría acarrear de aquí en más el nuevo sistema; y a la triste historia de una serie de mandatarios elegidos en segunda vuelta.

Sin caer en la tentación de hacer girar las hipótesis futuras en torno a una variable central (régimen de gobierno), volvemos a insistir en la particular importancia de la cultura política, la historia de los partidos, y el significado de "lo político" para la ciudadanía uruguaya.

Bibliografía Consultada

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Zubillaga, C.: "Sincronía de un fracaso: la primera democracia cristiana en Argentina y Uruguay (1902-1924)", en Cuadernos del Claeh Nro. 50, 1989.

Anexo 1: comportamiento electoral de los lemas en elecciones nacionales.

Cuadro Nro. 1: Elección Nacional de 1938 por Lemas, en porcentajes.

En esta elección votan por primera vez las mujeres, aunque la situación política genera una alta abstención que llegó al 44% del padrón electoral. Gana las elecciones, como era previsible, el Partido Colorado, accediendo a la presidencia el Gral. Baldomir.

Cuadro Nro.2: Elección Nacional de 1942 por Lemas, en porcentajes.

Nuevamente triunfa el Partido Colorado, esta vez con la fórmula Juan José de Amézaga – Alberto Guani, que contó con el apoyo de los batllistas y baldomiristas. Los nacionalistas votaron separados y quedaron muy por detrás de los triunfadores. Esto era previsible, y contribuyó a la alta abstención. La UC consolida su presencia mayoritaria entre los partidos ideológicos.

Cuadro No. 3: Elección Nacional de 1946 por Lemas, en porcentajes.

Como se puede observar, el triunfo de Tomás Berreta fue claro, sacando más de quince puntos de ventaja al Partido Nacional, que en esta oportunidad compareció dividido en dos lemas. Se observa además una buena votación de la Unión Cívica, que logra cruzar el umbral del 5%.Entre los tres partidos ideológicos, se llega a casi un 12% del electorado, porcentaje que no se volverá a repetir hasta 1971.

Cuadro No. 4: Elección Nacional de 1950 por Lemas, en porcentajes.

El triunfo del Dr. Andrés Martínez Trueba es contundente. El Partido Colorado obtiene más de la mitad de los votos. El Partido Nacional reduce su votación en sus dos lemas. La caída, sin embargo es más resonante en el Partido Nacional Independiente. Mientras la Unión Cívica pierde algo menos de un punto, la caída del Partido Comunista es de la mitad de su electorado.

Cuadro No. 5: Elección Nacional de 1954 por Lemas, en porcentajes.

Estas elecciones marcan el pico del líder quincista, Luis Batlle Berres. Consigue nuevamente más de la mitad del electorado para su Partido. El Partido Nacional logra recuperar en algo su votación, lo que obedece a una disminución del PNI. La Unión Cívica vuelve a cruzar el umbral del 5%. El PCU continúa estancado, mientras que el PS logra aumentar en algo más de un punto su electorado.

Cuadro No. 6: Elección Nacional de 1958 por Lemas, en porcentajes.

El Partido Nacional logra su primer victoria electoral, pegando un salto del 35 al casi 50% de los votos. Sin duda el fenómeno de "Chico-Tazo" explica en buena medida este espectacular ascenso. Los votos parecerían provenir de un Partido Colorado que cae vertiginosamente en trece puntos. La Unión Cívica logra su peor votación hasta el momento, aunque sigue siendo el mayor de los partidos chicos.

Cuadro No. 7: Elección Nacional de 1962 por Lemas, en porcentajes.

El Partido Nacional vuelve a ganar, aunque esta vez lo hace por escaso margen. Pierde una porción de su electorado que la gana el Partido Colorado. El PDC, por su lado, muestra evidencias de su transición orgánica, en tanto el Fidel logra aumentar en términos relativamente considerable la votación comunista. La UP, por su lado, demuestra no ser buena alternativa socialista.

Cuadro No. 8: Elección Nacional de 1966 por Lemas, en porcentajes.

Nuevamente el Partido Colorado gana las elecciones. Llega a casi la mitad del electorado, en tanto el Partido Nacional cae a los niveles anteriores a 1958. la nota entre los partidos ideológicos la da el comunismo, que con su alianza en el Fidel logra la mejor votación de los partidos chicos. El PS pasa por su peor momento, y el MCC demuestra una baja receptividad entre los votantes católicos.

Cuadro No. 9: Elección Nacional de 1971 por lemas, en porcentajes.

El panorama electoral de 1971 cambia radicalmente. Por primera vez gana un Partido Tradicional con menos de un punto de diferencia con respecto al otro, y con un bajo porcentaje a nivel general. El surgimiento de un tercer actor político con más del 18% de los votos cambia el sistema político y obliga a reconsiderar su validez, sobre todo en materia electoral y de gobierno.

Cuadro No. 10: Elección Nacional de 1984 por lemas, en porcentajes.

Nuevamente triunfa el PC; pero la lectura más interesante pasa por un crecimiento mayor de la tercera fuerza, que esta vez cosecha más del 21% de los votos. El PN, por su lado, logra su peor votación desde su unificación. Finalmente, la UC logra un meritorio 2.43%, que sin embargo pareció ser más coyuntural que estructural.

Cuadro No. 11: Elección Nacional de 1989 por lemas, en porcentajes.

Con las elecciones de 1989, el sistema vuelve a mostrarse ineficiente. Por primera vez en la historia, gana un partido con bastante menos del cuarenta por ciento de los votos, esta vez, el Partido Nacional. El PC, por su lado, logra la peor votación de su historia, lo que confirme la tesis del desgaste en el gobierno con sistemas inadecuados. El FA logra su primer triunfo electoral en la capital y cosecha ya el 22% de los votos, a pesar de la separación de dos partidos importantes (PDC y PGP) que conformaron una cuarta fuerza electoral con resultado mediocre teniendo en cuenta la votación recibida como sublemas del FA. El sistema se muestra totalmente fragmentado e ineficiente para gobernar.

Cuadro No.12: Elección Nacional de 1994 por lemas, en porcentajes.

Las elecciones de 1994 sin duda contribuyeron al cambio de reglas de juego. Vuelve a ganar un partido tradicional, y esta vez con sólo el 32% de los votos. Le siguen muy de cerca el PN y el FA-EP; de manera que el escenario político se presenta con tres actores casi idénticos en materia electoral. El NE, por su lado, cosecha un importante 5.16% de los votos, porcentaje trascendente en las actuales condiciones.

Cuadro 13: Sublemas del FA, elección de 1971.

Como se puede observar, en su primera instancia electoral, el FA se nutrió de cinco grandes sectores. El mejor votado fue el Fidel que logra el 33% de los votos en Montevideo, y el 32% en el interior,lo que de alguna manera desmiente el mito de un comunismo mal votado en el interior del país. Más bien, ese ha sido un problema de toda la izquierda. En segundo lugar se ubicó Patria Grande quien logra el 27% de los votos en Montevideo, y el 14.7% del interior. El PDC, por su lado, ubicado en tercer lugar, obtiene el 18.6% de los votos de la capital, y el 23.6% en el interior. Estamos, por tanto, frente al primer partido que contribuyó más en el interior que en Montevideo. La lista 99, por su lado, en sublema con la democracia cristiana, obtiene el 8.7% de los votos en Montevideo y el 14.11% en el interior. Esto confirma un mayor peso relativo del "Frente del Pueblo" en el interior del país. El Partido Socialista, obtiene el 11% de los votos montevideanos y el 14% en el interior.

Cuadro 14: Sublemas del FA, elección de 1984.

El mapa interno cambia sustancialmente en 1984. El sector más votado ahora es el de la lista 99, con una notable votación en Montevideo, donde recoge más del 43% de los votos del Frente Amplio. Le sigue Democracia Avanzada (1001) que obtiene mejor votación que la 99 en el interior del país, y por lo tanto se transforma en la lista mejor votada fuera de la capital. En tercer lugar se ubica el PS con una votación sustancialmente mejor en Montevideo con respecto al interior. El cuarto lugar lo ocupa el PDC, único partido que baja su votación con respecto a 1971. Su electorado esta vez se reparte casi en mitades entre Montevideo y el interior, lugar en el que supera la votación socialista. La caída, por tanto, ha sido notoria en la capital. La IDI mientras tanto, sólo recoge algo más de 26 mil votos, la inmensa mayoría de los cuáles tienen origen en la capital del país.

Cuadro 15: Sublemas del FA, elección de 1989.

Para 1989 vuelve a cambiar el panorama político del FA. Para entonces, sufriría la separación de dos de sus grupos fundadores, el PDC y la 99. Incorpora, por su lado, a los tupamaros que en alianza con otros grupos radicales conforman el MPP. El otro grupo nuevo es la Vertiente Artiguista, que reúne a su interior a ex IDI, ex demócrata cristianos e independiente. La UP/20 de Mayo por su lado, reúne grupos radicales con desertores de la 99. Lo primero que se rescata del cuadro es el estancamiento en el interior del país con respecto a la votación anterior. Sin embargo, lograría aumentar su votación en Montevideo, fruto de lo cuál logra el gobierno de la IMM. A nivel de sectores, la elección de 1989 muestra una excelente votación de la 1001, que se transforma en el sector más poderoso tanto en Montevideo (donde logra el 47% de los votos), como en el interior del país (donde logra el 53.5%). El segundo grupo mejor votado es el PS que sigue aumentando su caudal electoral desde 1971. La Vertiente Artiguista, por su lado, muestra un interesante debút, fundamentalmente en Montevideo. El MPP, por su lado, cosecha 45 mil votos, de los cuáles sólo 7 mil en el interior.

Cuadro 16: Sublemas del NE, elección de 1989.

El Nuevo Espacio de 1989 no logra repetir la votación reunida al amparo del Frente Amplio. Además, muestra una fuerza hegemónica, la 99, que reúne casi el 80% de los votos. El PDC sigue mostrando un permanente descenso en su performance desde la apertura democrática. Esta vez pierde aproximadamente 3500 votos en Montevideo, y

7000 en el interior. La UC,por su lado, muestra una casi irreversible caída y desaparición de su electorado.

Cuadro 17: Sublemas del FA-EP, elección de 1994.

Nuevamente varía el cuadro interno del FA, esta vez en alianza con otros grupos componiendo el Encuentro Progresista. Además de un salto cuantitativo en Montevideo e interior del país, que lo acercaron a arañar el triunfo nacional, hay interesantes lecturas a nivel de sectores. Llama la atención la importante votación de un sector nuevo "Asamblea Uruguay" obteniéndo el 40% de los votos, y casi 76 mil votos en el interior, una cifra nunca obtenida por ningún otro grupo. Le sigue en su orden el PS, el PCU (debilitado por la crisis ideológica del 89) y la Vertiente Artiguista que sigue siendo una fuerza mayoritariamente montevideana. El otro grupo fuerte fue el MPP con 55 mil votos, también de perfil montevideano. Los restantes grupos obtienen menos de 40 mil votos: la lista 78, encabezada por el dos veces intendente nacionalista arachán, Nin Novoa, que cosecha la misma cantidad de votos en Montevideo e Interior; Confa (escindidos del PCU), de votación similar a la 78, aunque con mejor votación en el interior, y el PDC que logra la peor votación de su historia, con menos de 20 mil votos, quedando de esta manera sin representación parlamentaria. Es otro de los grupos que votó mejor en el Interior con respecto a Montevideo. Aún así es la fuerza con menor cuantía del EP también fuera de Montevideo.

Cuadro 18: evolución de la votación demócratacristiana 1958 - 1994.

Soc. Pablo A. Guerra

 Pablo A. Guerra. Sociólogo, Magister en Ciencias Sociales del Trabajo y Doctorando con tesis en Economía de la Solidaridad. Es profesor de la Universidad de la República y Universidad Católica. Autor de numerosos artículos e investigaciones publicados en Uruguay y el exterior. Director del Cencadec y Secretario de Formación del Partido Demócrata Cristiano del Uruguay.