Carta
abierta a la opinión pública:
Aborto: ¡no más silencios
públicos!
Uruguayos y
uruguayas que defendemos el Estado laico tal cual lo establece
la Constitución de la Republica, nos dirigimos a Uds. para
compartir algunas reflexiones. Reivindicando un sistema democrático
plural y representativo, promovemos el respeto a la diversidad
de ideas y creencias, para que se garantice a todos los y las
habitantes del país igualdad de condiciones ante la ley, para
que puedan decidir libremente sobre sus proyectos de vida y
sistemas de valores.
El
Uruguay tiene desde 1938 una ley que determina que el aborto es
un delito siempre, como resultado de las negociaciones para la
aprobación del presupuesto nacional de ese año. La población
en general, y las mujeres en particular, somos rehenes de una
decisión que no obedeció a ningún análisis de la problemática,
sino a la necesidad coyuntural de conseguir esos votos .
Siendo el 52% del
electorado, las mujeres están menos representadas en los
lugares de decisión política, sin embargo, tanto la maternidad
como la no maternidad, es una decisión que mas que a nadie a
ellas implica, y son las mas perjudicadas por los efectos de la
clandestinidad del aborto.
El aborto ha sido, y es, una práctica a la que se recurre, por
diversas razones, como último recurso frente a una situación
de embarazo que no se puede sostener. Todos y todas conocemos a
alguien que ha tenido que enfrentarse a esta situación pero las
condiciones y consecuencias son muy desiguales. Quienes no
tengan los medios para acceder a clínicas técnicamente
apropiadas acuden a lo que está al alcance poniendo en riesgo
su salud y sus vidas. Mantener la ley vigente es, por lo tanto,
una hipocresía y un acto de discriminación contra las más
desprotegidas.
En estos 64 años de
una ley penalizadora no se ha desestimulado la práctica del
aborto ni se han habilitado medidas que lo prevengan y que
disminuyan su incidencia. Una sociedad que aparentemente
glorifica la maternidad, en demasiadas ocasiones obliga a
ejercerla en condiciones inhumanas.
En países como Francia, Italia, España, Holanda, Estados
Unidos y Canadá, las leyes que regulan el aborto, no sólo no
lo promueven sino que permiten definir políticas de prevención,
asesoramiento, apoyo, con servicios adecuados y orientación
para que las decisiones se tomen con conciencia y sin riesgos.
En los últimos años las encuestas de opinión registran que la
gran mayoría de la población uruguaya (7 de cada 10
ciudadanos/as) cree que "algo hay que hacer al
respecto". Con una Ley como la que el Parlamento debería
aprobar, se podrán implementar medidas en el terreno de la
salud y la educación que eviten muertes injustas y promuevan
mejores condiciones para el ejercicio libre y responsable de los
derechos sexuales y reproductivos de todas las personas.
Exhortamos: a la población en general a involucrarse en este
debate y tomar posición. A los y las legisladores a que
asuman la responsabilidad histórica de aprobar este proyecto de
ley, actuando de acuerdo a su calidad de Representantes de la
voluntad de la ciudadanía, y no de creencias o intereses de
apenas una parte de la población.
La aprobación de esta Ley jamás obligará a ninguna mujer a
abortar. Pero sí estaríamos respondiendo, como sociedad, a una
de las injusticias que golpea cotidianamente a miles de parejas,
a miles de ciudadanas que tienen derecho a vivir en un país
verdaderamente democrático, laico y plural, respetuoso de los
derechos humanos.
