Súmate a este compromiso,
tus derechos también están en juego

En 1938 el aborto fue definido, por ley, como un delito siempre, revirtiendo la decisión de 1934 que despenalizaba su práctica. Producto de negociaciones políticas los sectores católicos más conservadores condicionaron sus votos para la aprobación del presupuesto nacional de ese año, con la re-penalización el aborto. Desde entonces la población uruguaya ha sido rehén de esa transacción.

El 52% del electorado uruguayo son mujeres que no sólo están sub-representadas en los lugares de decisión política sino que son las más afectadas por la ley impuesta. Son ellas las que deben enfrentarse a los riesgos del circuito clandestino cuando deciden postergar su maternidad. El aborto ha sido y es una práctica a la que se llega, por diversas razones, como último recurso frente a una situación de embarazo que no se puede sostener. Todos y todas conocemos a alguien que ha tenido que enfrentarse a esta situación pero las condiciones y consecuencias son muy desiguales. Quienes no tienen los medios para acceder a clínicas técnicamente apropiadas acuden a lo que está al alcance poniendo en riesgo la salud y la vida. La ley vigente es, por lo tanto, una hipocresía y un acto de discriminación especialmente hacia las más desprotegidas.

En todos estos años la ley penalizadora no sólo no ha desestimulado la práctica del aborto sino que, además, no ha habilitado medidas que lo prevengan y que disminuyan su incidencia. Una sociedad que aparentemente glorifica la maternidad, en demasiadas ocasiones, obliga a ejercerla en condiciones inhumanas.

En los últimos años las encuestas de opinión registran que la gran mayoría de la población uruguaya (7 de cada 10 ciudadanos/as) cree que "algo hay que hacer al respecto". Amplios sectores ha articulado esfuerzos para promover el debate público y se han involucrado para lograr la aprobación del proyecto de ley. El Rector y el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República han expresado públicamente que el país se debe una solución integral a esta problemática y que el proyecto de ley es un importante paso en esa dirección. Los profesionales de la salud han demostrado que el aborto inseguro es la principal causa independiente de muerte materna en el país. Pastores de la Iglesia Metodista, de la Iglesia Valdense, representantes de la religión Afro-umbadista, han elaborado documentos posicionándose a favor del proyecto.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos, la Mesa Representativa de la Central de Trabajadores/as (PIT-CNT), gremios, redes de jóvenes, organizaciones feministas y de mujeres, periodistas, deportistas, representantes de las distintas expresiones de las artes y la academia se han expresado a favor, públicamente. Todos reconociendo que el aborto es un grave problema de salud pública y de injusticia social que sólo podrá ser solucionado con una política integral de prevención y atención, adecuadas a la realidad.

La aprobación de este proyecto de Ley jamás obligará a ninguna mujer a abortar. Pero sí estaríamos respondiendo, como sociedad, a una de las injusticias que golpea cotidianamente a miles de parejas y a miles de ciudadanas que tienen derecho a vivir en un país verdaderamente democrático, laico y plural, respetuoso de los derechos humanos.

Hemos iniciado como país un proceso de abordaje público de temas que no solían formar parte de la agenda tradicional del quehacer político. Y lo estamos haciendo con la participación activa de la sociedad civil organizada en sus multiplicidad de expresiones. Consideramos este proceso vital no sólo para dar reconocimiento y defender la integralidad e indivisibilidad de los derechos humanos sino como un camino sustancial para fortalecer el Estado laico y profundizar la convivencia democrática y el respeto a la diversidad.

Súmate a este compromiso. Tus derechos también están en juego.

Coordinación Nacional de Organizaciones Sociales por la Defensa de la Salud Reproductiva.

Comité organizador:
MYSU
Cladem Uruguay
Comisión Nacional de Seguimiento: Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía.

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