Despenalización del aborto
Una consigna humanitaria

Por Diana Maffia (*)

El día por la despenalización del aborto celebrado la semana pasada fue instituido durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que tuvo lugar en 1990 en Argentina y coincide con el Día de los Vientres Libres, que estableció en Brasil en 1888 que los niños nacidos de mujeres esclavas serían personas libres. 

Casi todos los países latinoamericanos y caribeños prohíben la interrupción del embarazo. Sólo Cuba, Puerto Rico y Guyana tienen legislaciones liberales al respecto. Chile y El Salvador, en la otra punta, prohíben totalmente el aborto, incluso en caso de peligro de muerte de la mujer embarazada. Los otros países permiten el aborto para salvar la vida de la mujer embarazada (como Panamá, Paraguay, Argentina y Venezuela) o en caso de violación (como México y, sobre todo, Brasil). En Uruguay el aborto esta penado por ley y es un debate pendiente en la sociedad y en las instituciones. 

Cuando las feministas piden "anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir", lejos de manifestarse "en favor" del aborto, señalan el camino para evitarlo, y para detener la complicidad hipócrita con muertes evitables que castigan sistemáticamente a mujeres pobres, principalmente adolescentes o madres de varios hijos. Se trata de una consigna profundamente humanitaria.

Mantener penalizado el aborto no impide que se realice, como bien lo grita la cifra oculta de nuestro país, pero constituye una formidable amenaza que obliga a la clandestinidad. El hecho de que casi nunca sea realmente penado muestra la inequívoca voluntad de control que alimenta su criminalización. El negocio que florece tras la clandestinidad constituye un traspaso inmoral de recursos a manos de quienes aceptan en privado lo que no admiten en público.

El derecho a la vida, en general, desde el momento de la concepción (como lo establece la Convención Americana por los Derechos Humanos) implica que el Estado debe protección y amparo desde el inicio de la vida misma. Pero no implica que deba penalizar siempre el aborto. Cuando una mujer está dispuesta a correr riesgo de muerte para interrumpir un embarazo no deseado puede suponerse el sufrimiento insoportable que la maternidad forzada implica. En muchas de estas decisiones, la mujer sabe, por experiencias anteriores, que de continuar ese embarazo deberá enfrentar, sin el amparo del Estado y muchas veces sola, lo que devenga. El mismo Estado que incumple y ha violado previamente sus derechos es el que amenaza penalizarla.

La consideración del valor moral de un embrión, aunque se trata de un problema ético de importancia, no es aquí relevante. La decisión de abortar es un obvio conflicto entre dos males, en el que las mujeres realizan un gesto desesperado de defensa de su vida y de su integridad, con el que afirman para sí mismas la trascendencia como personas y la dignidad humana que la sociedad les niega.
No aceptan inmolarse, y eso escandaliza. Obligar a una mujer a continuar un embarazo no deseado, pretendiendo argumentos morales, es obligarla a un acto heroico, supererogatorio, que puede ser objeto de admiración cuando alguien lo asume desde su propia decisión, pero que de ninguna manera puede ser exigido como una obligación moral.

(*) Defensora adjunta del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires. 

Fuente: Bitácora