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Aborto en Uruguay: una
discusión sin consenso
Quitarse la doble moral, piden legisladores
Por Isabel Villar*/CIMAC
El martes 13 de abril no se aprobó el Proyecto de Ley de Defensa de la
Salud Reproductiva, pero igualmente fue un día histórico. No sólo porque
por primera vez una iniciativa de esta naturaleza llegó al plenario del
Senado, sino porque se desató un proceso que sólo puede desembocar en
una solución al grave problema de salud pública y justicia social que
representa el aborto en Uruguay.
El debate en la Cámara alta continúa, hasta agotarlo, el 4 de mayo.
Mientras tanto se buscan consensos político partidarios para que sea la
ciudadanía quien resuelva el tema, a través de una consulta popular.
Luego de 66 años de vigencia de una ley que penaliza el aborto y de
cuatro iniciativas de ley para modificarla, el Proyecto de Ley de
Defensa de la Salud Reproductiva que fue aprobado en la cámara de
Diputados el 10 de diciembre de 2002; desde el pasado 13 de abril está
siendo considerando por el pleno del Senado.
Nunca se había llegado tan lejos a nivel parlamentario; tampoco se había
ampliado tanto el debate público, y eso es mérito de la bancada
parlamentaria femenina que no le quitó el ojo al proyecto, y de las
organizaciones de mujeres y sociales, que agrupadas en una coordinación
nacional empujaron en tal sentido.
En las dos sesiones destinadas al tema en la semana que hoy termina,
primero se recreó el contrapunto entre quienes abogan por sancionar la
ley en nombre de la salud pública, los derechos de las mujeres y la
justicia social, y quienes se atrincheran en la presunta defensa de una
vida ideal que poco tiene que ver con la realidad de las ciudadanas.
La novedad vino por el lado de las coincidencias entre legisladores de
diferentes partidos con representación parlamentaria para dirimir la
cuestión por democracia directa, mediante una consulta popular.
La senadora Mónica Xavier presentó un informe que da cuenta de la
realidad nacional sobre la salud reproductiva en general, y del aborto
en particular.
Por su propia naturaleza, no hay estadísticas oficiales de incidencia.
Pero una amplia investigación de la Universidad para la Paz concluye que
de cada l0 concepciones, 4 se abortarían.
¿Si toda la represión no evita que las mujeres aborten, qué sentido
tiene agregar más represión?, se pregunta Xavier, convencida de la
ineficacia de la ley vigente. No sólo porque no se aplica en su función
sancionadora, sino porque ha contribuido a consolidar un circuito
clandestino y lucrativo de prestadores de servicios.
De la misma investigación surge que la mayoría de los abortos se
realizan en clínicas clandestinas, con participación de profesionales de
la salud, el resto corresponde a los realizados mediante prácticas de
sabiduría popular (tes de yuyos, perejil, agujas de tejer, etcétera).
Un estudio sobre mortalidad vinculada con el embarazo, parto y puerperio
en Uruguay, muestra que en el quinquenio l995-1999, murieron 17 mujeres
como consecuencia de abortos provocados en condiciones de riesgo, lo que
sobre un total de 62 muertes maternas, es el 27.9 por ciento.
Pero en el Hospital Pereira Rossel, al que acuden las mujeres de menores
recursos, el porcentaje se eleva a 47 por ciento. A nivel mundial, el
promedio de mortalidad materna es de 13 por ciento, en América Latina de
21por ciento y en Sudamérica de 24 por ciento.
A los costos en salud de las mujeres, hay que agregar el impacto
económico. Xavier lo explica así: Si tomamos en cuenta que en Uruguay se
producen 33 mil abortos y que el 81 por ciento se realizaría en
clínicas, estos ascenderían a 26 mil 730.
Si consideramos que el precio comercial de un aborto en una clínica
clandestina es de entre 500 y 600 dólares, veremos que los abortos
mueven una cifra de aproximada de 15 millones de dólares, cantidad que
no paga impuestos, que no genera inversión productiva y que más bien
tiende a profundizar el desequilibrio de quienes tienen que distorsionar
su presupuesto familiar para poder acceder al procedimiento.
Si a este cálculo sumamos el gasto del Estado y salud privada por los
efectos de un aborto realizado en condiciones de riesgo, la cantidad a
considerar es claramente mayor.
El proyecto de ley que hoy tratamos nos ofrece una disyuntiva histórica:
mantener la hipocresía de pensar que debemos seguir reprimiendo en la
faz pública lo que aceptamos y utilizamos en la vida privada, o remover
de una vez por todas los falsos esquemas y comenzar a asumir las deudas
que tenemos con la sociedad. concluye Xavier.
El senador Walter Riesgo no va a votar el proyecto de ley. Sus
cuestionamientos se sustentan en la defensa de la vida desde la
concepción. No obstante, podría aceptar el aborto hasta antes de la
anidación del óvulo fecundado, es decir durante los primeros
10 días posteriores a la concepción.
A la contradicción el legislador suma desinformación cuando afirma que
Lo más peligroso de un embarazo es un aborto, y hace responsable a esa
práctica de extremo estrés y otras cosas. Incluso sugiere que el cáncer
de mama podría tener relación directa con el aborto.
Pese a que dice querer ayudar a las mujeres, no está dispuesto a
concederles la oportunidad de poder eliminar el producto de un embarazo
que no desean por múltiples razones de peso, incluidas
las económicas.
Porque les reconoce el derecho a no quedar embarazadas, las remite a los
métodos anticonceptivos, entre los que menciona las pastillas, el
preservativo, el Dispositivo Intrauterino (DIU) y otros sistemas que
como hombres no sabemos.
Como alternativa propone la educación sexual, que es un seguro de vida.
No es la primera vez que cuando se inicia el debate público sobre el
aborto, sus detractores oponen como alternativa la educación sexual.
En la segunda sesión que el Senado dedicó al tema, el 16 de abril, se
escucharon cinco intervenciones a favor de la iniciativa,
mayoritariamente inclinadas por una consulta a la ciudadanía.
Con elocuente pragmatismo, el senador Rafael Michelini pinta un cuadro
de situación: Si la ley no se vota hoy, ¿qué es lo que tenemos?: miles
de abortos, se trate de 15 mil, de 33 mil o de
150 mil, que son las cifras manejadas en
diferentes ámbitos y momentos.
Parte de una realidad: No hay ninguna sociedad en el mundo que haya
eliminado la interrupción del embarazo. No hay dios que pueda cambiar la
decisión de una mujer, en tal sentido.
Michelini está convencido de que legalizar su práctica es la única vía
para disminuir la incidencia del aborto. Me aferro a la vida, a salvar
la mayor cantidad de vidas. El proyecto de Ley de Defensa de la Salud
Reproductiva salvaría más vidas que la ley de 1938
vigente, asegura Michelini.
La sociedad uruguaya va a tener que optar, que decidir, mirar hacia su
interior, luchar contra su propia hipocresía, la nuestra, la de todos, y
adoptar una decisión, y esa la aceptaremos todos, sagradamente, como se
acepta un veredicto popular, dice Julio Herrera.
Alberto Cid dice que estaría dispuesto a apoyarla calurosamente, porque
sería la forma de apoyarlo definitivamente.
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