Cinco preguntas a Monseñor Galimberti

por Isabel Villar

"Los cristianos no pueden apoyar a los candidatos que tengan un pensamiento discriminante de priorizar el derecho de la madre por sobre el del hijo", dijo al diario La República monseñor Pablo Galimberti (ver nota publicada el 7 de abril, pág.4). Comentaba el documento dado a conocer por la Conferencia Episcopal Uruguaya - de la cual es presidente electo- que enumera los criterios que debería tener en cuenta la grey cristiana a la hora de elegir candidatos para la próxima contienda electoral.

Primera pregunta: si es tan malo discriminar, ¿cómo justifica la Iglesia Católica su histórico sustento del patriarcado, que prioriza el derecho del hombre por sobre el de la mujer?
Más adelante, aunque refiriéndose a otro tema, Galimberti destaca que todos los derechos humanos son indivisibles y universales, por lo cual no se pueden recortar.

Segunda pregunta: ¿por qué entonces la Iglesia que representa insiste en recortar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entre los que se incluye el derecho de toda mujer a decidir sobre la oportunidad de su maternidad?
La Iglesia propone tener en cuenta a aquellos candidatos que se inclinen por defender políticas que no incentiven el aborto, recuerda Galimberti.

Tercera pregunta: ¿por qué quienes, en nombre de la Conferencia Episcopal Uruguaya, impulsan una campaña de e-mails para "evitar la liberalización del aborto" amenazan a los senadores que voten afirmativamente el proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva con privarlos de su voto? Si justamente esta iniciativa no solo no incentiva el aborto, sino que responsabiliza al Estado de prevenirlo, mediante la implementación de la educación sexual obligatoria, el acceso a la planificación familiar y la orientación para la maternidad-paternidad responsable. Las estadísticas prueban que en todos los países en los que el aborto se ha despenalizado, su incidencia se redujo notoriamente porque la medida estuvo acompañada de políticas preventivas similares a las que contempla el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes el 10 de diciembre de 2002, y que comenzará a discutirse en el Senado el 13 de abril.

Monseñor Galimberti reconoce sin ambages que en Uruguay "la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos es más grande que en la India", donde por supuesto es dramáticamente profunda.

Cuarta pregunta: ¿por qué la Iglesia Católica se empecina en obligar a las mujeres que tienen menos a exponer su salud y hasta su vida en procedimientos caseros o clandestinos absolutamente inseguros cuando han decidido interrumpir un embarazo que no pueden sostener? ¿Acaso ésta no es una forma harto elocuente de discriminación social?
Entiende el prelado que se desacreditan los políticos que prioricen "el derecho de la madre por sobre el del hijo", porque estarían aplicando "un darwinismo social, donde las especies más potentes ganan sobre las más débiles".

Quinta pregunta: más allá de que en el caso, si bien hay un conflicto de derechos, ambos corresponden a la misma especie, ¿priorizar los derechos del no nacido, no solo sobre los derechos de la mujer sino también sobre los derechos de otros de sus hijos, no es discriminación? Porque muy habitualmente las mujeres que mueren a causa de un aborto inseguro dejan desamparados a otros hijos ya nacidos, de los cuales son único sostén.

Como Galimberti no ignora, la realidad social es particularmente compleja en estos tiempos de crisis. Si de lo que se trata es de elegir a los candidatos más aptos para promover el bienestar de la sociedad uruguaya, habría que descartar precisamente a aquellos que cierran los ojos ante ella, amparados en el hipócrita empeño de que las cosas sean como no son. Todas y todos sabemos que en Uruguay se aborta aunque la ley vigente desde hace 6e años lo prohíba y que, porque esa práctica es tan masiva y socialmente consentida, la ley no se aplica. Que lo digan si no los números: si bien no hay estadísticas oficiales justamente porque el aborto es delito, proyecciones serias a partir de los datos disponibles llevan a concluir que al menos se practican en nuestro país 33.000 interrupciones voluntarias del embarazo al año. No obstante, sobran los dedos de las manos para contar los procesamientos por esa causa.

Uruguay está a las puertas de un momento que podría ser histórico. El Senado tiene la oportunidad de impulsar un sinceramiento que termine con un grave problema de salud pública y de justicia social que involucra a toda la población, porque prácticamente nadie está libre de complicidad en la comisión de un "delito" que mayoritariamente la sociedad no considera tal.