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Fuente: COMCOSUR MUJER
Martes 27 de abril de 2004
Producción: Yessie Macchi
Ley de Salud Sexual y
Reproductiva
Postergación
sintomática de la discusión en Senadores
Entre el 13 y del 14 de abril se debatió en la Cámara de Senadores del
Uruguay el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que contiene
entre otros artículos la despenalización del aborto, luego de ser
aprobada hace más de dos caños en la Cámara Baja. En realidad esta
polémica sobre la despenalización del aborto se viene procesando desde
hace casi dos décadas, y en este momento, en pleno año electoral, el
miedo a perder el voto católico y los compromisos asumidos con los
diferentes grupos de mujeres tiene a los senadores en situaciones de
grandes contradicciones.
En estos días, el proyecto llegó a la discusión general a través de un
acuerdo entre bancadas, que habilitaron su pase. Desde el principio los
y las senadoras opuestas al proyecto de ley calcularon que no alcanzaban
los votos para aprobarlo. Grande fue su sorpresa cuando en mismo día de
su discusión, vieron que había un empate virtual en torno a este tema.
Más grande aún fue la sorpresa cuando varias encuestadoras publicaron
que se hacerse un plebiscito en torno a
proyecto, éste estaría despaldado por más del 64% de la ciudadanía.
Grandes fueron las dificultades del sistema político de incluir en su
agenda y decidir su voto en un tema de raíces sociales y políticas tan
fuertes. El dar una solución política a un tema social y reflejar la
opinión de la ciudadanía se hace difícil cuando los líderes de todos los
partidos se oponen al proyecto.
Así fue como el Senado decidió, la miércoles de noche, pasar a cuarto
intermedio y retomar la discusión el 4 de mayo, en medio de intentos de
los senadores opuestos a la ley de desvirtuar las dos sesiones del
Senado donde se debía aprobar o no la misma, colocando en el órden del
día otros temas nada relacionados con el proyecto en ciernes. Sólo el
Frente Amplio exigió que el tema se agotara en esos dos días y se pasara
a discusión. ¿Tenían datos de que alcanzarían los votos en ese momento?
Al mismo tiempo, dos senadores, Pablo Millor de la lista en el gobierno
y José Korzeniak, del Frente Amplio, manifestaban su opinión de que éste
era un tema que ameritaba un plebiscito
nacional. Poco duró este romance entre la lista 15 y el Frente Amplio,
ya que éste último, en estos momentos, está revisando su posición sobre
la conveniencia o no de un plebiscito.
Mientras tanto, la verdadera batalla se estaba dando en la cancha
grande, es decir en las calles, en las barras del Parlamento y en la
calle frente al Palacio Legislativo. Las bases sociales en contra y a
favor del proyecto, argumentan y presionan. Durante toda Semana Santa,
la iglesia Católica y grupos "por la vida" desataron un verdadero
terrorismo verbal, convocaron a sus súbditos a no votar a quienes
aprobaran la despenalización del aborto, incluyendo listas que se
pegaron en la Catedral de Montevideo con los nombres de los diputados
que votaron a favor de la ley. Los grupos a favor de la misma y sobre
todo las organizaciones de mujeres realizaron dos marchas y
manifestaciones los días lunes 12 y martes 13 reclamando justicia para
las mujeres que realizan abortos en condiciones de riesgo, y alertando
que éstos son la principal causa de muerte materna en el país. Tan
grandes fueron estas dos campañas, que la gran prensa no tuvo más
remedio que ocuparse de ellas, transmitiendo a ambos grupos contrarios
que se habían reunido frente al Parlamento, cada uno en un lugar
distinto, con sus propias consignas y pasacalles. Esto tomó un estado
público total, lo que obligó a muchos senadores a esconder cuál sería su
voto, o simplemente no asistir a la sesión en que se trataría el tema,
mandando en su lugar a suplentes que tampoco sabían qué actitud tomar.
Es que el debate en la sociedad civil ya no se puede simplificar bajo la
forma "las feministas por un lado, la Iglesia Católica por el otro". El
sustento social de quienes apoyan la ley creció con los años: a las
feministas se les suma la Universidad de la República, el PIT-CNT
(central único de trabadores/as), la Federación de Estudiantes
Universitarios, organizaciones de derechos humanos, los afroubandistas,
la Iglesia Valdense y la Metodista, entre otras.
Fue monseñor Nicolás Cotugno, arzobispo de Montevideo, la estrella
máxima de la virulenta campaña contra el aborto. El viejo método de
engendra la culpa en el corazón de sus fieles se une a las amenazas del
castigo de no voto para quienes desobedezcan y alcen su mano a favor de
la ley, sumadas a las acusaciones de asesinos y genocidas. "¿Qué
diferencia hay entre un ser humano de 15, 20, 30 años que en un tren de
Madrid salte por quilos de dinamita y una criatura de dos o tres meses
que está en el vientre de la madre, le ponen un fierro adentro, la
despedazan, le aplastan el cráneo y la succionan con una aspiradora y la
tiran a la basura?", preguntó Cotugno.
Claro, este señor no hace más que seguir al pie de la letra las órdenes
que llegan del Vaticano, ya que sigue esperando su ascenso a Cardenal.
Pero es grave la injerencia de la Iglesia Católica en el sistema
político de un país que se define laico, que separa la Iglesia del
Estado desde principios del siglo XX. El sistema político no puede ser
utilizado para imponer posiciones religiosas. Además, es peligroso que a
raíz de las declaraciones de Cotugno hay senadores que cambian de
posición. Votaban a favor el año pasado y no sostienen el voto este año.
Argumentaron que se entraba en un año electoral y que no era bueno
contaminar el tema.
Hubo otras estrellas menores, como el senador el Frente Amplio Eleuterio
Fernández Huidobro, el parlamentario más entrevistado el 13 de abril,
quien sutilmente comparó la ley de despenalización del aborto con la
amnistía dada a los militares que cometieron crímenes de lesa humanidad
o la que él mismo había recibido por sus supuestos delitos de sangre en
tanto dirigente histórico del MLN-T ya desde la etapa de la lucha
armada. Es decir, comparó asesinatos, desapariciones de militantes,
secuestros de niños y torturas que cometió la dictadura cívico-militar
con un aborto. ¿Algo parecido a Monseñor Cotugno? La clave de que el
debate y tratamiento de la ley en cuestión hay sido postergada hasta
nueva fecha parece centrarse en el mismo partido de gobierno, El Partido
Colorado, tres de cuyos senadores han cambiado sus votos de favorables a
la ley a opositores a la misma, pero sin mucha convicción. Un plebiscito
sería un cachetazo al presidente Battle desde su mismo partido, teniendo
en cuenta que éste ya ha declarado hace dos años que de aprobarse la Ley
de Salud Sexual y Reproductiva, él la vetaría. Está para verse qué harán
otros senadores del Encuentro Progresista cercanos al Dr.
Váquez, candidato a presidente por esta colectividad política, por no
dejarlo solo, ya que Vázquez ya ha proclamado
en diversas ocasiones que es contrario a la despenalización del aborto.
Como vemos, el tema toca a todas las tiendas políticas. ¿Será que las
organizaciones sociales puedan tomar el toro por las guampas y convocar
ellas a un plebiscito?
ALGUNOS DATOS:
Uruguay ocupa a nivel mundial uno de los primeros lugares de muerte
materna por aborto practicado en condiciones de riesgo. El promedio
mundial es de 13 por ciento, el latinoamericano de 21, el sudamericano
de 24 y el uruguayo de 27,7 por ciento.
La clandestinidad de esta práctica imposibilita saber cuántos abortos se
llevan a cabo en el país. Las cifras estimadas van de 30 mil a 150 mil
por año.
En los primeros tres meses de 2002, tres uruguayas murieron por
complicaciones posaborto.
Un aborto realizado en relativamente buenas condiciones sanitarias en
alguna clínica cuesta en Uruguay un mínimo de 500 dólares. Llega a
rondar los 800 dólares o más desde que se ha realizado, desde el 2002
una fuerte campaña de represión contra estas clínicas.
Comprar el teléfono de una clínica que cierra cuesta U$S 450.000.
¿Cuánto ganan, pues, por mes, estas casas abortivas?.
Varias mutualistas también realizan abortos clandestinos cobrando una
cifra mucho mayor a los 800 dólares de rigor. Este procedimiento es sólo
para las capas de mayores ingresos en el país.
Se ha denunciado que parte de la policía y sus jerarcas son coimeados
para no cerrar las clínicas abortivas, a las que acuden, entre otras,
las mujeres de los legisladores, de la propia policía y del cuerpo
castrense.
Está comprobado que ninguna mujer que esté decidida a abortar deja de
hacerlo por miedo a la represión, o por los altos costos de la
intervención.
En todo caso recurren a métodos caseros de alto riesgo para su salud y
vida.
Lo que dice el proyecto
El aborto podrá realizarse dentro de la primeras 12 semanas de embarazo
siempre que a través del personal competente se informe a la mujer de
las posibilidades de adopción y de los programas disponibles de apoyo
económico y médico a la maternidad, así como se brinden y coordinen
instancias de reflexión y apoyo a la mujer pre y pos intervención.
El plazo para la realización del aborto podrá extenderse a 20 meses de
embarazo cuando, a juicio del médico tratante, la edad o condición
fisiológica de la mujer hubiera dificultado el conocimiento de su
gravidez en los tiempos usuales.
Después de las 12 semanas y hasta las 24, la interrupción de un embarazo
sólo podrá efectuarse cuando la gravidez implique un grave riesgo de
salud para la mujer o cuando se verifique un proceso patológico que
provoque evidentes malformaciones o anomalías al feto. Pasadas las 24
semanas, la interrupción de un embarazo sólo será permitida si a
criterio del médico tratante fuera estrictamente indispensable para
salvar la vida de la mujer.
Ésta deberá consentir esa intervención de
serle posible.
En caso de menores de 18 años, el aborto podrá realizarse sólo con su
consentimiento y el de cualquiera de sus representantes legales o
guardadores de hecho. Si no fuera posible obtener esos asentimientos,
habrá recurso ante jueces letrados de familia en Montevideo o jueces
letrados de primera instancia en el Interior.
Fuera de estos plazos y condiciones, quien causara un aborto será
castigado con pena de tres a 24 meses de prisión. Si lo hiciera sin
consentimiento de la mujer, la pena pasa a entre dos y ocho años de
penitenciaría.
Si a la mujer le sobreviniera una lesión grave o gravísima, la pena
impuesta a quien practicara un aborto será de dos a cinco años de
penitenciaría, y si la mujer muriera, de tres a seis años de
penitenciaría.
En cuanto a la mujer que causare el aborto de su propio embarazo fuera
de las circunstancias y condiciones legales, se fija una pena de prisión
de entre tres y nueve meses. Si el aborto se produjera antes de las 20
semanas, quedará exenta de pena.
Las interrupciones de embarazo que se practiquen en las condiciones
fijadas por la ley serán consideradas un acto médico gratuito, a cargo
del Estado.
Comcosur Mujer Nota: Como hemos mencionado alguna declaración del
Senador Fernández Huidobro (leer
artículo del Senador publicado en el diario La República)
escuchada en varias radios, hemos optado por publicar un artículo de él
en el Diario La República, en un tono más tranquilo, y otro artículo en
contestación a éste de un viejo compañero del MLN-T,
Jorge Torres.
Montevideo, 18 de abril de 2004.
COMCOSUR - COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA
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Coordinación: Carlos Casares y Yessie Macchi
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