Periódica e históricamente el aborto aparece en el debate público de nuestro país. También históricamente predomina la tendencia a simplificar las posiciones en "a favor" o "en contra" reduciendo la complejidad de la problemática al falso dilema del "a favor" o "en contra" de la vida. La controversia así planteada ha sido tan ineficaz como estéril para encontrar soluciones a un práctica social de indiscutible incidencia.

Sabemos que al hablar del aborto decimos mucho de lo que pensamos sobre la sexualidad, la responsabilidad, la relación entre la moral y la política, la libertad personal y la autonomía de las mujeres. Temas todos espinosos y controversiales que se suman al ya por demás polémico. Por si esto fuera poco, cuando aceptamos hablar sobre aborto lo hacemos bajo la influencia -a favor o en contra- de lo que nos dice la religión, especialmente la católica. Es un tema que la mayoría de las personas siente que tiene costos si lo habla públicamente. Tenemos quizás, también por eso, dificultades para debatirlo de manera razonada y procurando llegar a algunos acuerdos. No se puede obviar, además, que es una situación por la que alguna vez pudimos pasar o pasaremos personalmente o a través de alguien cercano. Es una práctica que todas y todos sabemos existe, a pesar de su clandestinidad e ilegalidad.

La persistencia del aborto en el debate público sólo a lo largo de estos últimos 15 años, tanto en Uruguay como en niveles regionales e internacionales, es prueba y resultado de su innegable condición de problema social. Al mismo tiempo que da cuenta de la ineficacia e invalidez de toda acción que pretenda reprimir o condenar su práctica.

Hacen casi 10 años, yo misma decía en un artículo ("No se puede prohibir" en "Aborto, voces de una polémica", Arca, Montevideo, 1993) que debíamos encontrar puentes de entendimiento entre defensores y detractores de la descriminalización del aborto, porque perder el tiempo en ese terreno se pagaba en perjuicios, sojuzgamientos, abandonos, maltratos, mutilaciones y muertes de mujeres.

Todos los debates y las polémicas que hemos sostenido no lograron evitar que en el 2001, Sandra de 23 años, Paola de 19; Margarita de 43, María de 29 y Miryam de 41 años murieran en el hospital Pereira Rossell por complicaciones de abortos realizados en condiciones de inseguridad y clandestinidad.

En lo que va de este año y en un solo centro hospitalario se han producido más muertes maternas por aborto que las registradas en todo el país, en años anteriores.

Son claras las evidencias, mantener su prohibición legal no sólo no ha puesto fin a su práctica sino que ha agravado la situación de salud de las mujeres.

Muchos médicos y profesionales de la salud cuestionan éticamente que su rol y responsabilidad frente a la situación del aborto, como problema de salud pública, quede reducido a atender las consecuencias graves de la mal praxis clandestina y/o a firmar los certificados de defunción de las mujeres que ingresaron a los servicios de emergencia con abortos mal hechos. Una intervención sanitaria responsable implicaría realizar acciones de prevención y contar con servicios que pudieran dar mejor respuesta al problema. Distintas instancias de la Facultad de Medicina están generando espacios de debate en los cuales fomentar la búsqueda de posibles soluciones.

Legisladoras de la Bancada Femenina han decidido desarchivar los proyectos de ley que han sido elaborados desde 1985, los han presentado en la comisión de salud de la Cámara de Representantes y están dispuestas a impulsar un debate legislativo que promueva la aprobación de alguno, o la generación de otra iniciativa que mejor respondan a la situación.

Los medios de comunicación han vuelto a ocuparse del tema y habilitan un debate público. Algunos espacios universitarios y académicos están proyectando investigaciones e involucrándose más en el problema. Se suman las personas e instituciones que no están de acuerdo en que la única acción de un Estado laico frente al problema del aborto, sea una ley de 1938 que condena a las mujeres que lo practican, a los profesionales que lo realizan y a aquellos que las acompañan. Leyes de estas características que no resuelven los problemas y que no son acordes a la realidad social que refieren, no sólo no garantizan ni promueven el ejercicio de los derechos sino que no fortalecen las bases de una convivencia más justa y democrática. Intervenir sólo para juzgar y condenar no es una buena apuesta para el desarrollo de las personas ni de nuestras sociedades.

La diversidad como condición moral de la humanidad es un principio bioético que refleja la multiplicidad de dilemas que deben enfrentar los seres humanos, en diferentes momentos y condiciones de vida y sobre las que deben tomar decisiones que implican elecciones morales diversas. "La discordia moral -plantea la antropóloga brasileña Debora Diniz en sus estudios sobre bioética- ha sido parte de la vida humana organizada en sociedades. Donde han habido seres humanos reunidos en sociedades, han existido diferencias que condujeron a conflictos. La novedad para las sociedades libres y defensoras de la democracia es tratar de lidiar con los conflictos morales humanos de la manera menos violenta posible... Quizás el desafío de la modernidad no consista (entonces) en salir a buscar principios norteadores para alcanzar el bien-vivir universal, sino el encontrar las estrategias para contener la intolerancia. Jamás seremos sujetos plenamente tolerantes, este es un principio imposible, lo mejor será convertirnos en sujetos controlados en nuestras intolerancias".

Ser capaces de reducir nuestros niveles de intolerancia podría constituirse ser uno de los medios para articular esfuerzos que redunden en las soluciones que tanto reclama temas como éste que jamás alcanzará el consenso universal.

El desafío de priorizar un principio de solidaridad que nos permita ir aproximándonos a aquellos que desacreditamos, no con la intención primaria de convencerles sino con el propósito de entender sus razones, podría habilitar acuerdos que nos permitieran avanzar en el fortalecimiento de condiciones de convivencia más democrática. Ese es el desafío de las sociedades que buscan ser plurales y defensoras de la tolerancia.

Los mecanismos que apunten a superar inequidades parecen ser las respuestas más acertadas en esta búsqueda. Otorgar herramientas (educación, información, servicios, recursos) y garantizar igualdad de condiciones son mejores medios para que las personas tomen decisiones conscientes y responsables, que el tratar de imponerles nuestra opinión como hegemónica (sea cual sea la opinión de la que estemos hablando).

Si el poder del conocimiento se distribuyera de forma más equitativa y si se reconociese la capacidad y sabiduría de las personas para tomar decisiones responsables, estaríamos avanzado mucho en el principio de respeto a la diversidad (mediante la vida de reducir nuestras intolerancias). En caso de que quedaran dudas sobre esa capacidad de decidir, deberían facilitarse cada vez más herramientas y promover mejores condiciones para que las decisiones se fortalezcan el libertad y responsabilidad. Manejar información, sensibilizarse, reflexionar sobre estos temas aumenta las probabilidades de tomar decisiones más adecuadas. A todos los niveles.

"La intolerancia está en nosotros porque somos sujetos moralizados e infelizmente no poseemos el don divino o la locura de aceptar a todos". Por lo tanto en lugar de pretender que los demás piensen como uno, deberíamos esforzarnos en reconocer y aceptar que hay diversidades. Para algunos podrá ser inmoral que las mujeres aborten.

Para otros será inmoral que lo hagan en condiciones que ponen en riesgo la salud y la vida. Algunas argumentaciones podrán resultar mas o menos intolerantes que otras. Las razones para su práctica irán adquiriendo distintos grados de aceptación o rechazo como lo demuestra su tratamiento a lo largo de la historia de la civilización humana.

En términos generales hoy podemos evidenciar que el porcentaje de la población que no admite ninguna justificación para la realización del aborto es menor. Sería el sector que manifiesta los mayores niveles de intolerancia y que ejerce su poder de manera autoritaria pretendiendo imponer -a cualquier costo- sus posturas al resto de la sociedad. La regla de la mordaza implementada por el gobierno de los Estados Unidos es ejemplo de esos mecanismos de imposición a través del condicionamiento económico. De esta manera sólo se logra cercenar el derecho a la opinión y desconocer la multiplicidad de posturas y principios.

En el tema de aborto como en muchos otros no se trata de sustituir una fe por otra, de hecho no se trata de combatir la fe de nadie, sino de respetar las ideas de todos y procurar hacer este mundo un poco más habitable. Imponer dogmas o atemorizar a las personas no genera actos de conciencia. La ignorancia produce siempre frutos amargos. Miedo, irracionalidad, odio, imposición de creencias, falta de respeto a otras posturas y decisiones, no resuelve la situación ni favorece una vida digna y democrática.