Revisando bibliografía sobre la situación del aborto me encontré con un artículo del jurista peruano, José Ugaz ("Los aportes del Derecho Penal y la despenalización del aborto", en Mortalidad Materna y Aborto Inseguro, Flora Tristán-Demus, Perú, 1999) en el que analiza la función del Código Penal en tanto instrumento final que se da la sociedad para controlar prácticas que se desvían. Ugaz enfatizaba que justamente el Código Penal es un instrumento final porque debería actuar cuando otros mecanismos han fallado. Antes de que el Código Penal actúe deberían funcionar como mecanismos socializadores y trasmisores de conductas de convivencia, la educación, la familia, las colectividades, las religiones , los medios de comunicación y cuando todo esto falla, recién entonces sería el momento que el Código Penal debería comenzar a actuar.

Sin embargo frente a la situación del aborto, en la mayoría de nuestras sociedades, el único mecanismo explícito de intervención del Estado frente para controlar su práctica es la ley que lo penaliza. No hay otros mecanismos previstos que desde la educación, con información y prevención intenten regular su práctica. Sólo se juzga y se pena. Ugaz afirma que, cuando esto sucede, cuando el único elemento que actúa es el Código Penal, el fracaso está por descontado porque no se está interviniendo desde medidas que efectivamente enfrenten el problema para solucionarlo.

Está demostrado que las leyes punitivas del aborto jamás lograron desestimular ni evitar su práctica. Sólo la han clandestinizado, volviendo a la interrupción voluntaria del embarazo una de las principales causas de muerte materna en países donde el aborto está penado.

La ley del aborto en Uruguay no es una excepción. Los artículos del Código Penal que pretenden regularlo sólo han logrado expulsar a las mujeres a un circuito clandestino, a un relacionamiento con la criminalidad, para el que no estamos preparadas, menos aún cuando se trata de una situación que involucra a la salud y el cuerpo. Sandra, de 23 años, por cometer lo que el Código Penal considera un delito, fue castigada con la pena de muerte. Su decisión de interrumpir un embarazo no fue considerada ni respetada. No contó con servicios que la apoyaran ni orientaran, y muy probablemente el miedo a la denuncia y a la cárcel hizo que demorara su consulta ante las complicaciones.

La mortalidad materna por aborto, sea cual sea su dimensión, es siempre dramática e injusta porque -en la gran mayoría de los casos- es evitables. Así lo demuestran las cifras a nivel mundial. En los países donde las interrupciones voluntarias del embarazo son legales, la mortalidad materna por aborto es de 1 cada 3.700 intervenciones. En los países pobres o en desarrollo con leyes punitivas se produce 1 cada 250. Evidentemente el riesgo no está en la intervención sino en las condiciones en las que se realiza.

Esta deuda con la salud y la vida de las mujeres, es una deuda de toda la sociedad que admite esta hipócrita doble moral. Si se presenta el problema trato de resolverlo -con mayor o menor angustia y con mayor o menor riesgo de vida según las posibilidades económicas que tenga, pero luego trato de olvidarme de que esto alguna vez sucedió. La gran mayoría de las personas han tenido una experiencia directa o conocen a alguien que ha pasado por ella, sin embargo es un tema del que se prefiere no hablar. Se hace pero no se dice, lo admito para mí pero lo juzgo en otros casos, lo condeno.

El poder político, el poder judicial, el poder legislativo, el poder médico y el poder religioso, también tienen una gran deuda con las mujeres y una gran responsabilidad en la situación de injusticia que representa el aborto.

Sin duda que todas las personas tenemos derecho a opinar y, es más, debería garantizarse la libertad de hacerlo y las condiciones para que todas las opiniones fuesen respetadas. Pero, por otro lado también es cierto que la opinión de algunas personas tienen mayor impacto e influencia sobre las condiciones de vida de otras personas. Por ejemplo si ante una consulta médica frente a una situación de aborto lo que prima es la opinión personal de un médico o su posición filosófica y no su conocimiento científico y profesional sobre el tema, hay muchas más posibilidades de que se atente contra los derechos de la consultante que en frente a otras opiniones. Lo mismo sucede con los políticos. En más de una oportunidad las creencias personales u otros intereses como los electorales han primado frente a la decisión de enfrentar un debate sobre un proyecto de ley de aborto. La misma ley que nos rige desde 1938 es un excelente ejemplo, su inclusión en el Código Penal no fue resultado ni de un análisis exhaustivo del problema, ni de una evaluación de su dimensión ni de la consulta a las mujeres -principales protagonistas de la situación- fue producto de acuerdos políticos e intereses partidarios.

Ante esta situación sin duda se puede afirmar que las decisiones tomadas por hombres determinan las condiciones en las que viven las mujeres.

Los representantes parlamentarios y los decisores políticos son quienes deberían generar los mecanismos que garanticen una convivencia social democrática que respete la diversidad de creencias y éticas personales. Por lo menos a mí me gustaría que así fuese. También me gustaría que en su accionar favorecieran la construcción de una ciudadanía responsable y que junto con otros actores sociales buscaran soluciones a los problemas que se evidencian como problemas graves de la sociedad.

Sin embargo, frente al tema del aborto -salvo muy honrosas excepciones- la clase política prefiere dar la espalda y evitar el tema, siempre que sea posible. Sus opiniones y creencias personales adquieren más valor y tienen más importancia que el problema al que deberían estar respondiendo.

Para que una ciudadanía se fortalezca y desarrolle todas las personas deberían ejercer sus derechos (y asumir sus responsabilidades) en igualdad de condiciones y sin discriminaciones. Analizando algunas cifras de nuestro país, es obvio que no sólo la mayoría de la gente no conoce sus derechos sino que además no existen las condiciones necesarias para que pueden ejercerlos en libertad y con justicia.

No contamos con programas formales de educación sexual en la enseñanza pública. Los servicios públicos de anticoncepción datan de 1996 y funcionan fundamentalmente en Montevideo, y no en todo el país. El crecimiento demográfico se está sosteniendo -cada vez más- en los sectores económicos y sociales más carenciados. La población se está reproduciendo en su tercio más pobre y las condiciones de marginación y precarización de la calidad de vida de ese sector empeoran. El embarazo adolescente comienza a ser causa de deserción escolar de niñas. En el total de nacimientos del país el porcentaje de partos de mujeres adolescentes es del 16,5% pero en el Hospital Pereira Rosssell el porcentaje es casi del 30. De las mujeres embarazadas que se controlan en los servicios públicos, casi el 36% tiene deficiencias nutricionales. Pero en las adolescentes que están cursando un embarazo y se controlan en los servicios públicos el porcentaje con deficiencias nutricionales llega al 60%.

Hablar de derechos sexuales y reproductivos no es una sofisticación, como algunos piensan. Hablar de derechos sexuales y reproductivos es hablar también de la construcción y fortalecimiento de la ciudadanía. Vivimos en una sociedad sexista estructurada en una división de lo público como político y lo privado como personal. Con roles que, arbitrariamente y por diferencias biológicas, han construido y legitimado desigualdades sociales entre hombres y mujeres pero también entre mujeres y mujeres. El aborto ilegal y clandestino refleja y evidencia todas esas desigualdades. Como afecta a las mujeres parece no ser una prioridad para la clase política, y como está penado por ley las autoridades sanitarias no se sienten responsable de conocer la dimensión de este problema ni se toman las medidas para enfrentar el impacto que tiene sobre la salud y la vida de las mujeres. Cómo se explica que frente a una práctica que por más ilegal que sea se sabe que se produce y hasta se conoce fácilmente las clínicas clandestinas que lo realizan, nadie actúe. No hay datos oficiales ni confiables sobre la incidencia de abortos en nuestro país, se admite que hay un subregistro en las muertes que produce, se desconoce su impacto en la morbilidad materna. Aquello de que todas las personas deberían tener igualdad de derechos provengan del sector que provengan y sean de la clase, etnia, edad, religión y preferencia sexual que sean, no se cumple frente a la práctica del aborto a pesar de que se reconoce que es un derecho reproductivo de todas las personas el decidir libremente la cantidad y espaciamiento de hijos que se desean tener o no.

Querría detenerme un momento en esto de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Son derechos que han sido reconocidos como parte indivisible e integral de los derechos humanos. Y se los suele nombrar en conjunto porque evidentemente están vinculado pero en demasiadas ocasiones se enfatiza lo reproductivo y se desconoce lo sexual. Resulta más tolerable reconocer la dimensión salud y reproducción que la de sexualidad y derechos. Limitando además la salud a lo materno-infantil y la reproducción al don divino de la maternidad.

Pero los derechos sexuales y los derechos reproductivos son un poquito más complejos y más amplios. Por ejemplo, es un derecho reproductivo contar con información y conocimientos adecuados y suficientes acerca de la sexualidad y la reproducción. Contar desde niñas y niños, con la nutrición necesaria para tener un adecuado crecimiento y desarrollo integral del cuerpo y del futuro potencial reproductivo. Implica el derecho a la paternidad y maternidad voluntaria, decidida y vivida por propia elección y no por obligación.

Hay autores que dicen que cuando se obliga a una mujer a tener un hijo que no buscó y que no quiso, se está deshumanizando la maternidad. Las sociedades que supuestamente glorifican la maternidad en demasiadas ocasiones obligan a ejercerla en condiciones deshumanas.

Tener acceso y poder usar anticonceptivos gratuitos o de bajo costo, con información actualizada, seguimiento y con la garantía de que quienes los prescriban respondan por sus defectos, también es un derecho sexual y reproductivo. Sin embargo son muchos los testimonios que muestran que algunos médicos, incluso médicos ginecólogos opinan o prescriben métodos anticonceptivos siguiendo más sus creencias o prejuicios (desestimulando o resistiéndose a que las jóvenes lo usen, por ejemplo ) que en función del conocimiento científico. Uruguay, hasta ahora, no tiene en las curriculas universitarias la formación en sexualidad ni en anticoncepción. Hasta hace unos años, la capacitación en métodos anticonceptivos se realizaba desde organizaciones privadas como la Asociación Uruguaya de Planificación Familiar o el CENAPLANF (sólo para métodos "naturales"). Aparentemente recién se estaría incorporando la formación en salud reproductiva y planificación familiar en una de las Clínicas Gineco-obstétricas dependientes de la Facultad de Medicina.

El ejercicio autónomo de la sexualidad, el poder gozarla con o sin finalidad coital y de acuerdo con las propias preferencias debería tener la protección legal que garantizace su ejercicio sin discriminaciones. Sin embargo este derecho sexual tiene muchas dificultades para ser reconocido fundamentalmente cuando hablamos del ejercicio placentero de la sexualidad femenina o de la preferencia homosexual. Que una mujer viva placenteramente su sexualidad pero sin finalidades reproductivas es poco aceptado. Hay cierta tolerancia a su decisión de no reproducirse cuando hay razones de fuerza mayor que lo admiten (una violación, el honor de la familia, la angustia económica, el riesgo de vida). Pero no se reconoce el derecho a decidir libremente –por sus razones particulares- sobre esa capacidad reproductiva, sobre su vida ni sobre su cuerpo. Continúa siendo muy fuerte el mandato social de la maternidad, como vía de realización y completitud del ser mujer.

Pero, irónicamente, si una persona con preferencias homosexuales quiere tener un hijo, (recordemos el debate del proyecto de ley sobre técnicas de reproducción asistida en el que originalmente se le negaba el derecho a ser utilizada por mujeres solas por el miedo a que las mujeres lesbianas recurrieran a ellas) el mandato social deja de funcionar como si por ser homosexual se perdiera el derecho a tener hijos.

Sin duda es un dilema el de si debe legislarse o no sobre temas que hacen a la vida más íntima de las personas y de su vinculación con otras. ¿Debe o no existir una ley que regule el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos? La respuesta no es fácil. Vale la pena preguntarse si, de hecho, las decisiones íntimas y personales no están condicionadas por legislaciones y normas ya definidas que generan discriminaciones y atentan contra estos derechos. Quizás lo mejor sea explicitarlas para poder transformarlas en acuerdos que mejor habiliten el respeto y la convivencia de la diversidad. El derecho a reproducirse como el no hacerlo debería poder estar garantizado sin mediar ningún tipo de coacción, imposición o perjuicio para la vida de las personas.

Esto que parece tan obvio sin embargo genera tantas resistencias que hay veces que no logro llegar a desentrañar que hay detrás de ellas. ¿Cuáles son los verdaderos motivos que están, por ejemplo, detrás de la decisión de Bush cuando impone la ley mordaza? Su primer acción de gobierno cuando asume el 22 de enero de este año la presidencia de los Estados Unidos fue la de recortar los fondos públicos de salud para los servicios de aborto y condicionar el apoyo de la Agencia para la Cooperación (USAID) a toda organización que en el mundo realice orientación, advocacy, o brinde servicios de aborto.¿Por qué este ensañamiento? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Realmente le preocupa que nazcan todos los niños que puedan ser fecundados? Yo no lo creo. Si la vida de los niños fuese su principal fuente de preocupación, como la de otros muchos políticos, millones de niños y niñas no deberían estar viviendo en las condiciones de pobreza y marginación en la que viven. Para preocuparse por la niñez vaya si habrán cosas por hacer para mejorar su calidad de vida. Que no se resuelven, de ninguna manera, penalizando o tratando de reprimir la práctica del aborto. Evidentemente es más fácil declararse defensores de la vida para controlar el cuerpo y las vidas de las mujeres, que para mejorar las condiciones de vida de la mayor parte de la población en el mundo incluidos sus niños y niñas.

Un detalle no menor es que Bush en su campaña electoral, para lograr los votos y el apoyo de los sectores más conservadores del Partido Republicano había comprometido este tipo de acciones. De la misma manera que Jorge Batlle comprometió frente a la Unión Cívica, el no tomar ninguna iniciativa para la despenalización del aborto para poder sumar votos en el balotaje para alcanzar la presidencia de la República Oriental del Uruguay. Negociar con la salud y la vida de las mujeres parece ser moneda corriente.

Los debates públicos sobre aborto suelen generalmente polarizarse entre las pro aborto, que seríamos nosotras, a las que se nos reconoce como las promotoras y defendensoras del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, y del otro lado los grupos autoproclamados "pro vida" supuestamente defensores de la vida desde el momento de la concepción. Aunque preocupación por la vida no se extienda a la de las mujeres que mueren por abortos clandestinos e inseguros. Es más en los Estados Unidos los "pro-vida" han matado a médicos por realizar abortos.

Pero querría detenerme en el concepto de decidir sobre el propio cuerpo. Cuando defendemos este derecho suele mal interpretarse. Por un lado se entiende como la proclamación y la promoción del aborto "Mujeres aborten porque tienen el derecho a decidir sobre su propio cuerpo". Por otro lado se interpreta como un acto egoísta o una razón estética. Nada que ver. Cuando afirmamos que las mujeres tenemos el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos estamos hablando de nuestra integridad corporal y nuestro derecho de ciudadanía. Si no podemos decidir libremente sobre el cuerpo, tampoco vamos a poder decidir y participar activamente en la comunidad ni en la sociedad en la que vivimos. Históricamente, el controlar la capacidad reproductiva de las mujeres responsabilizándonos de todas las tareas reproductivas biológicas y sociales han sido las vías de control para la excluir a las mujeres de la vida pública y de las instancias de decisión política. Las mujeres debemos reproducirnos pero desde el control y los intereses del poder masculino. Todos pueden decidir sobre nuestra capacidad reproductiva y nuestro cuerpo -desde el poder político, económico, religioso, legislativo, médico- pero nosotras no.

La desconfianza de que las mujeres podamos tomar decisiones responsables, refleja entre otras cosas, el que nos consideran seres necesariamente tutelables que si no somos controladas nos embarazamos y abortamos indiscriminadamente (también a esto se le puede llamar misoginia). Quizás exista cierta envidia masculina ante la capacidad de las mujeres de reproducir la especie (algo así como la envidia al pene pero a la inversa), y el miedo a la exclusión, aunque no siempre coincida con la responsabilización sobre la descendencia, se traduce en necesidad de controlarnos.

La decisión de tener un hijo debería ser un acto de profunda responsabilidad y las decisiones personales para hacerlo o no son tan innumerables como personas hay en el mundo. Esa individualidad es imposible de ser generalizada ni abarcada en ninguna ley. Poner razones por las que sí se admite un aborto y por las que no jamás abarcará la diversidad real de motivos. Cada acción del Estado y cada servicio de salud debería considerar esas múltiples y diversas individualidades. Porque junto a la individualidad deber coexistir la igualdad. La igualdad en el sentido en de tener iguales posibilidades de acceso e iguales garantías para la libertad de decisión.

Para terminar sólo quería mencionar que los derechos sexuales y reproductivos como otros derechos se expresan en dos niveles, el de la decisión individual y personal cuyo ejercicio responde a creencias religiosas, ideologías, éticas, estilos de vida, dimensión que debe estar sostenida por la libertad de cada persona de decidir sobre su vida sexual y reproductiva como mejor considere. Y el nivel social de los derechos donde debe garantizarse la justicia para que la libertad individual efectivamente puede ejercitarse. Oportunidades, recursos, acceso y garantías tienen que estar dadas socialmente y respaldadas por un Estado laico que salvaguarde esas libertades.

Las obligaciones de los Estados, los Organismos Internacionales y nacionales se vuelven preminentes, ya que la capacidad de las personas individuales para ejercer los derechos sexuales y reproductivos depende de una serie de condiciones que no están todavía al alcance de la mayoría de las personas en el mundo y que no lo estarán si no se cuenta con la voluntad política y el compromiso de todos los actores políticos y sociales. Gracias